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El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, recalcó que será la Asamblea Legislativa, específicamente la Comisión de Asuntos Hacendarios, la que decida de dónde se obtienen los ¢20.000 millones para aumentar el presupuesto para seguridad del próximo año.
“Cuando usted tiene una emergencia nacional, usted tiene que buscar los financiamientos. Gobernar es establecer prioridades, y aquí hay una prioridad que es combatir esta delincuencia y esta narcoactividad que está matando a tres o cuatro personas todos los días”, recalcó el presidente legislativo.
La declaración de Arias se da como respuesta a la diputada oficialista, Pilar Cisneros, quien dijo en el programa radiofónico Nuestra Voz que es un “acto de irresponsabilidad” que los diputados pretendan redestinar recursos del pago de intereses de deuda a los fondos para seguridad.
La diputada liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, explicó que se destinarían ¢12.000 millones adicionales para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ¢8.000 millones al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Al respecto, Arias afirmó que hay un “compromiso político” para darle fondos a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de combatir la ola de criminalidad que afronta el país.
“Se estima que se puede llegar hasta unos ¢20.000 millones. Sobre cómo se va a financiar, hay diferentes opciones. Una de ellas es tomar parte de la proyección que hay para el pago de intereses. Esa proyección el año pasado dejó un colchón y, probablemente, este año también pueda dar ese colchón; entonces, puede tomarse de ahí”, explicó Arias.
La Nación le preguntó al presidente legislativo si el Poder Ejecutivo le ha mostrado apertura para buscar fondos que se puedan destinar al presupuesto de seguridad. Arias respondió: “Es una decisión que va a tomar el Congreso, la va a tomar la Comisión de Hacendarios”.
Arias agregó que los diputados miembros de la comisión deberán definir en su sesión de mañana, martes 17 de octubre, el mejor mecanismo para financiar la seguridad.
El presidente de la Asamblea Legislativa atendió a los medios este lunes, en la conferencia de prensa posterior a la reunión que se realizó con altos jerarcas de seguridad para discutir las acciones prioritarias en esta materia.
Al evento acudieron Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, presidenta de la Sala III; Carlo Díaz, fiscal general; Michael Soto, subdirector del OIJ; Mario Zamora, ministro de Seguridad; Gerald Campos, ministro de Justicia; y Gloria Navas, presidenta de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico. También, participaron los jefes de fracción de diferentes bancadas.
Los ministros Campos y Zamora salieron rápidamente al finalizar la reunión y rechazaron atender a la prensa.
La Nación buscó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para conocer su opinión sobre la intención del Congreso de rebajar el presupuesto para pago de intereses de la deuda. Sin embargo, el jerarca no respondió.
Declaraciones de Cisneros
Este lunes en el programa Nuestra Voz, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, criticó que los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios pretendan reducir los recursos destinados al pago de intereses de deuda para asignaros a seguridad.
“¿Cómo vamos a hacerle frente a esos intereses? La contralora general (Marta Acosta) dijo, en una audiencia la semana pasada, que este país nunca había pagado tanto en intereses. Actualmente, el 47% del presupuesto se va en pagar intereses y la amortización de la deuda. ¿Cómo vamos a pagar eso, o quieren que el país caiga en default? ¿Cómo vamos a hacer un acto de irresponsabilidad de ese calibre?”, cuestionó la congresista en el programa radial.
De las 64 mociones que se plantearon para ajustar el Presupuesto Nacional del 2024 propuesto por el Gobierno de la República, 35 proponen rebajar los recursos para el pago de intereses de la deuda.
Sin embargo, Cisneros afirmó que los diputados pretenden retirar más de ¢100.000 millones del pago de intereses de la deuda. Este monto es cinco veces mayor que los ¢20.000 millones citados por la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“Espero que los diputados reflexionen para que esas mociones no pasen, porque no puede ser que desvistamos un santo para vestir el otro. Yo a los representantes del Poder Judicial les dejé bien claro que esto no es una cuestión de presupuesto. El presupuesto del Poder Judicial se ha multiplicado 16 veces del año 2000 a hoy”, defendió la jefa de fracción oficialista.
