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La negativa del PLN de dar los votos al Segundo Presupuesto Extraordinario del 2014 obligó al Gobierno a aceptar la exigencia de los verdiblancos para crear una comisión que estudie los casos de supuesta persecución política contra funcionarios afines a Liberación.
El grupo estará formado por delegados del Poder Ejecutivo y del PLN, aunque no precisamente serían diputados.
Así se estableció en cartas que intercambiaron ayer el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez.
El ministro le dijo al legislador que resulta imposible cerrar los procesos administrativos contra cinco mandos medios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como pretendía Liberación.
Luego de negar que exista la alegada persecución política contra funcionarios públicos afines a los socialdemócratas, Jiménez estableció, en la misma carta al coordinador de la bancada liberacionista, la anuencia a instaurar una comisión para revisar otros casos.
Se trata de varios asuntos de supuesta persecución política de funcionarios en los ministerios de Educación Pública (MEP) y de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aún por estudiar.
El jefe liberacionista explicó a La Nación que, tras ese acuerdo entre ambas partes, el PLN aceptó dar los votos de sus 18 diputados para que se apruebe el Presupuesto Extraordinario, por un monto de ¢21.000 millones.
Además, Jiménez Succar insistió en que su partido no quiere proteger a funcionarios que estén acusados de corrupción, sino evitar que quienes eran antes directores o gerentes, estén ahora sentados en escritorios sin funciones asignadas.
Arde plenario. A pesar del acuerdo entre el Gobierno y la fracción verdiblanca, el plenario legislativo estuvo lleno de ataques entre algunos legisladores durante la sesión de ayer por la tarde.
Los oficialistas Franklin Corella y Marco Redondo reclamaron la pretensión del PLN de pedir el cierre de procesos disciplinarios a cambio de votar el dinero para que el Gobierno cierre el año.
Rafael Ortiz, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, dijo que si se trata de procesos administrativos al amparo de la ley, no era una pretensión válida la de los diputados liberacionistas.
El atraso en la votación del Presupuesto Extraordinario preocupa al Gobierno, pues según el Ministerio de Hacienda, de no haberse aprobado los fondos al 20 de noviembre, no se podrían ejecutar este año.
Anoche, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís afirmó, durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que no existe persecución en su administración.
Añadió que los recursos extra para el cierre del año implican, entre otros gastos, el pago de prestaciones laborales.