La comisión legislativa que investiga el Caso Cochinilla acordó, la mañana de este lunes, convocar a la contralora general de la República, Marta Acosta, para que se refieran a este asunto.
Así lo aprobó dicho foro durante su primera sesión, en la cual también se avaló citar a comparecencia a otros siete funcionarios públicos
Se trata de dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), uno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tres del Ministerio de Hacienda y uno de Lanamme.
Entre ellos figuran Reynaldo Vargas Soto, auditor interno del Conavi, y Edgar Meléndez Cerdas, gerente interino de Vías y Puentes de la institución.
Este último figura entre los investigados del caso, aunque no se encuentra entre las 30 personas que fueron detenidas el pasado lunes 14 de julio.
Los diputados también convocaron a Irma Gómez Vargas, auditora general del MOPT.
Por el lado de Hacienda citaron al viceministro Isaac Castro; José Luis Araya, director del área de Presupuesto Nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, subtesorero Nacional.
Finalmente, la comisión aprobó llamar a comparecer a Alejandro Navas, director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica.
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El diputado del Frente Amplio, José María VIllalta, explicó que se trata de una lista preliminar de comparecencias y que falta definir el orden de las convocatorias.
“La presidencia de esta comisión irá definiendo cuál comparecencia irá primero y cuál después, según como vaya avanzando la investigación”, añadió el legislador.
En esa línea, al finalizar la sesión, el foro especial definió convocar a Navas para este jueves, quien sería el primero en comparecer.
La comisión sesionará de forma ordinaria los jueves, sin detrimento de que se convoque a jornada extraordinaria en otras fechas, según acordaron los legisladores.
Las audiencias fueron aprobadas por seis legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC); Restauración Nacional (PRN) y del bloque Nueva República.
De la primera sesión se ausentó la liberacionista Franggi Nicolás, proponente de la comisión investigadora.
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Solicitan informes
En su primera sesión, la comisión investigadora del Caso Cochinilla también acordó este lunes solicitar una serie de información a varias instituciones.
Por ejemplo, a la Controlaría General de la República le pidieron certificaciones sobre los procedimientos y funcionarios encargados de la formulación de procesos de contratación y sus etapas.
Además, solicitaron detalles sobre las competencias de la entidad en cuanto al refrendo y fiscalización de contratos.
Por otra parte, demandaron al Conavi informes certificados de fiscalización entre los años 2014 y 2021, en relación con los procesos de conservación vial y construcción de infraestructura.
También pidieron copia de las actas del Consejo de administración, su organigrama y número de funcionarios, así como contratos de auditoría externa.
La solicitud también incluye copia de los informes y resoluciones relacionados con procesos de conservación vial y construcción de infraestructura, del 2014 a la fecha.
En cuanto al MOPT y Conavi, los diputados aprobaron solicitar auditorías internas de los procesos de conservación vial y construcción de infraestructura vial desde el 2014 a la fecha.
Mientras tanto, Hacienda deberá suministrar copia de oficios, comunicaciones y directrices de Casa Presidencial sobre los montos y asignaciones de los presupuestos del Conavi del 2018 a la fecha.
También deberá entregar documentación relativa al trámite de un presupuesto extraordinario por ¢22.500 millones para el Consejo Nacional de Vialidad.
A la Tesorería Nacional le pidieron detallar el proceso de traslado de recursos de la Caja Única al Conavi y a la Dirección de Presupuesto Nacional, el trámite de formulación de presupuestos ordinarios y extraordinarios
En el caso de Lanamme, los diputados solicitaron informes de fiscalización de las obras que se encuentran bajo investigación.
Finalmente, a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) le consultarán si existe alguna “intervención, investigación, denuncia, fiscalización, auditoria, u otra actividad” ejercida por la entidad en materia de concesión de obra pública.
El diputado José María Villalta hizo ver a la comisión que la investigación no se debería limitar al Conavi y al MOPT, sino que debería abarcar a las municipalidades.
“Porque la red de corrupción abarca también las obras viales en las municipalidades”, aseveró.