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El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de Ley Marco al Empleo Público, una reforma legal que sustituye el sistema de pluses salariales en el Estado por un esquema de salario global.
La reforma fue planteada por el Gobierno para estandarizar el sistema de empleo en el Estado, bajo el principio de, a igual trabajo, igual salario, con el fin de reducir las distorsiones salariales existentes.
El proyecto fue aprobado a las 5 p. m. de este jueves 17 de junio con 32 votos a favor y 15 en contra, luego de horas de discusión por el fondo en el plenario, distribuidas en tres sesiones desarrolladas esta semana.
En resumen, el proyecto plantea:
1. Creación del salario global o único en el Estado.
2. Los alcances de la ley llegarían a todas las entidades del Estado, incluyendo Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades. Se excluyen entidades que están en competencia y a Bomberos.
3. La rectoría de empleo público quedaría en manos del Ministerio de Planificación, con la Dirección General de Servicio Civil como ente técnico.
4. El plan pondría límites a las convenciones colectivas, para evitar que, con ellas, se negocien incrementos salariales, nuevos pluses y creación de nuevas plazas.
5. El salario global se aplicaría a nuevos funcionarios que entren a trabajar al sector público. A los actuales se les respetarán los pluses recibidos hasta la fecha, pero, en el caso de los servidores que hoy ganen por encima del futuro salario global, sus sueldos dejarán de crecer por concepto de incentivos como las anualidades.
Ahora, el texto será sometido a consulta de la Sala Constitucional, donde los siete magistrados definirán si los diputados requieren de 38 de 57 votos (mayoría calificada) para aprobar la reforma en segundo debate.
Los magistrados constitucionales tendrán un mes para pronunciarse.
La Corte Plena –conformada por los todos los magistrados– alega que el plan afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial, lo que exigiría mayoría calificada si la Sala IV coincide con esa posición.
El proyecto forma parte del ajuste fiscal acordado entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El plan lo aprobaron 12 diputados de Liberación Nacional (PLN), ocho de Acción Ciudadana (PAC), cinco de Restauración Nacional (PRN) y cinco de Nueva República (PNR), así como un voto de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y uno de la independiente Zoila Rosa Volio.
En contra se pronunciaron seis del PUSC, tres del PLN, dos del PAC, dos de Integración Nacional (PIN), una de Restauración y el único del Frente Amplio (FA).
Además, en el momento de la votación, había 10 diputados ausentes.
Votaron a favor:
PLN (12 de 17): Carlos Ricardo Benavides, Jorge Fonseca, Karine Niño, María José Corrales, Roberto Thompson, Wagner Jiménez, Aida Montiel, Gustavo Viales, Luis Fernando Chacón, Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y Yorleny León.
PAC (8 de 10): Carolina Hidalgo, Enrique Sánchez, Luis Ramón Carranza, Laura Guido, Catalina Montero, Mario Castillo, Nielsen Pérez y Víctor Morales Mora.
Restauración (5 de 7): Mileydi Alvarado, Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez y Xiomara Rodríguez.
Nueva República (5 de 6): Ignacio Alpízar, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas y Marolin Azofeifa.
PUSC (1 de 9): María Vita Monge.
Independiente: Zoila Rosa Volio.
Votaron en contra:
PUSC (6 de 9): Pedro Muñoz, Aracelly Salas, Pablo Abarca, Shirley Díaz, Óscar Cascante y María Inés Solís.
PLN (3 de 17): Franggi Nicolás, David Gourzong y Daniel Ulate.
PAC (2 de 10): Paola Vega y Welmer Ramos.
PIN (2 de 2): Wálter Muñoz y Patricia Villegas.
Restauración (1 de 7): Floria Segreda.
FA (1 de 1): José María Villalta.
10 diputados ausentes en la votación:
PLN: Luis Antonio Aiza y Paola Valladares.
PUSC: Rodolfo Peña y Erwen Masís.
PRN: Melvin Núñez.
Republicano Social Cristiano: Otto Roberto Vargas.
Nueva República: Nidia Céspedes.
Independientes: Ivonne Acuña, Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez Steller.
El socialcristiano Erwen Masís afirmó que salió a dar una entrevista y no se percató de que el texto iba a ser votado, pues tenía la idea de que aún había legisladores apuntados para hacer uso de la palabra.
Afirmó que, para el segundo debate, votará a favor como lo ha dicho públicamente.
Tenían permiso para ausentarse Luis Antonio Aiza, Melvin Núñez, Nidia Céspedes, Otto Roberto Vargas, Ivonne Acuña, Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu.
El salario global
El salario global se aplicará para los nuevos funcionarios. A los actuales se les respetarán los pluses recibidos hasta la fecha, pero, en el caso de los servidores que hoy ganen por encima del futuro salario global, sus sueldos dejarán de crecer por concepto de incentivos como las anualidades.
El plan establecerá un salario para todas las categorías de puestos contempladas en ocho familias laborales: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, del Servicio Exterior y de confianza.
Para calcular el sueldo global de cada puesto, se utilizará una serie de factores, como conocimiento y experiencia. Los factores serán expresados en puntos y los puntos tendrán un valor económico que, sumados en total, definirán el monto del salario global para determinado puesto, independientemente de la institución en el que este se encuentre.
Con ese nuevo esquema, el Estado percibirá un ahorro promedio de hasta un 1,8% del producto interno bruto (PIB), por año, según una nueva estimación del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
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Límites a convenciones colectivas
Al mismo tiempo, el proyecto establecería regulaciones a la negociación de convenciones colectivas en las instituciones, con tal de evitar que, en estas, se negocien incrementos salariales, nuevos pluses y la creación de nuevas plazas.
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Superada esta etapa, el texto será enviado a consulta la Sala Constitucional. Así lo dispusieron, por ahora, 15 diputados. Durante la discusión en comisión y en el plenario, hubo voluntad general de pasar por ese filtro incluido de quienes estaban a favor del plan.
Los magistrados durarían aproximadamente un mes para emitir resolución, para que, luego, el proyecto sea sometido a segundo debate, probablemente, durante la segunda quincena del mes de julio.
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Para ser aprobada en primer debate, la iniciativa debió superar casi seis meses de sendas discusiones en su etapa de ajuste, tanto en comisión como en el plenario, en el que se evacuaron más de 1.200 mociones de fondo.
Fue en la etapa de ajuste, sobre todo en la comisión de Gobierno y Administración, que se incluyó a los actuales funcionarios públicos dentro del esquema del salario global.
La primera versión del Gobierno, presentada en abril del 2019, y la segunda planteada en mayo del 2020, así como el texto dictaminado en noviembre del año pasado, solo establecía el esquema para las nuevas contrataciones.
Con los ajustes, se incluyeron a los actuales funcionarios, los cuales migrarían de forma gradual a través de los años.
Quienes hoy ganen menos del futuro salario global para su categoría seguirán recibiendo el salario con pluses hasta alcanzar el nuevo, momento en que serán trasladados en definitiva.
En el caso de quienes reciban una remuneración por encima del nuevo sistema, se les congelaría el ingreso hasta que el salario global los alcance y, entonces, en ese momento se producirá la migración.
En la etapa de revisión, también se excluyeron de la reforma a las empresas públicas en competencia y al Cuerpo de Bomberos.
En comisión, durante la discusión de mociones de revisión, se había excluido a las universidades públicas y las municipalidades, pero en la etapa de reiteración de mociones en el plenario los diputados volvieron a incluirlas.
Otros elementos de la reforma es la inclusión del derecho de objeción de conciencia para rechazar capacitaciones en el sector público.
Además, el texto incluirá licencias de paternidad de un mes calendario para funcionarios públicos, las cuales se iniciarán un día después del nacimiento de un hijo o al momento de concretar una adopción.
