Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de reestructuración de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que permitiría liquidar hasta el 80% del personal de esta institución.

La iniciativa recibió el apoyo de 38 legisladores, mientras que 12 votaron en contra.

El plan permitirá a Japdeva prescindir de unos 950 empleados con la finalidad de que la institución pueda lograr equilibrio financiero tras acumular cuatro años seguidos de pérdidas. Solo en el 2018, Japdeva cerró con un déficit de ¢3.416 millones.

En ese sentido, el proyecto propone a los trabajadores la opción de ser traslados de forma horizontal a otras instituciones del Estado para que no pierdan su plaza en el sector público.

Del mismo modo, los empleados podrán recibir cesantías de hasta 12 salarios con bonos adicionales de hasta ocho salarios si se acoge al cese.

Por ejemplo, se otorgarían bonos de ocho salarios para los funcionarios que ganen menos de ¢1 millón y cuatro salarios para los que ganan más de ¢1 millón.

Además, unas 200 personas mayores de 55 años y con 25 años de cotizar podrían adelantar la pensión mediante un subsidio mensual que les daría el Estado.

El subsidio iría acompañado del pago de obligaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para cada beneficiario, por un monto equivalente al salario reportado mientras laboró en la institución.

En ningún caso, el tope de la prejubilación generará derechos adquiridos y tampoco podrá superar el tope máximo establecido el pago de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.

Financiamiento

Para financiar estos beneficios, el proyecto obliga a las entidades del Estado a girar dinero de los superávits a Japdeva, pero no como donación, sino como préstamos que la entidad portuaria deberá devolver a Hacienda en pagos anuales por un periodo de hasta 20 años, con cinco años de gracia.

El financiamiento debe ser utilizado para lo que indica la ley y no deberá sobrepasar los ¢10.000 millones.

Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), estimó que el plan costará unos ¢27.000 millones. El mayor rubro estará en el plan de prejubilación.

Todas las opciones de retiro son voluntarias hasta por un plazo de un mes, partiendo del momento en que el texto se convierta en ley, según el transitorio II del proyecto.

Vencido este plazo, Japdeva estaría obligada a cesar el personal necesario que le permita lograr equilibrio financiero y quienes sean despedidos no gozarán del incentivo de cuatro u ocho salario según corresponda.

Este transitorio provocó el rechazó de Eduardo Cruickshan, jefe de fracción de Restauración Nacional. El legislador limonense consideró que, a como está redactado, se atribuiría la responsabilidad a los congresistas de los despidos de una institución en una provincia que sufre los efectos del desempleo.

Votaron a favor del proyecto 13 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), nueve del Partido Acción Ciudadana (PAC), ocho del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cinco del Partido Restauración Nacional (PRN), dos del Partido Integración Nacional (PIN) y uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

En contra votaron cuatro del bloque fabricista Nueva República; dos del PRN, Eduardo Cruickshank y Giovanni Gómez; David Gourzong, del PLN; Shirley Díaz, del PUSC; Wálter Muñoz, del PIN; Dragos Dolanescu, del PRSC; José María Villalta, del Frente Amplio; y el independiente Erick Rodríguez.

“Después no se quejen, por lo menos yo no voy a hacer partícipe de eso (...). Sin una causal de despido se estaría despidiendo al trabajador”, advirtió Cruickshank a sus colegas el jefe restauracionista, al tiempo que adelantaba que presentaría una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional para aclarar ese aspecto.

El discurso de Cruckshank en el plenario provocó un periodo por casi dos horas de negociaciones entre las bancadas para definir la votación, por la duda que generó en algunos diputados.

Por su parte, la liberacionista Yorleni León justificó su respaldo al proyecto al explicar que la falta de actividad portuaria por parte de Japdeva, le está costando a los contribuyentes la suma de ¢2.500 millones mensuales en el pago de planilla.

Para la limonense, ese pago, que proviene del impuesto de los costarricenses, no es justo.

“Quien está proponiendo los despidos no es la Asamblea Legislativa, los despidos forman parte del proyecto presentado por el Ejecutivo”, se justificó la legisladora.

“Es un proyecto que establece retos y obligan a un legislador a ser pragmático a la hora de hacer votaciones. Todos quisiéramos que no se dieran despidos en Japdeva”, añadió.

En tanto, Erwen Masís, diputado socialcristiano miembro de la comisión que dictaminó la propuesta, cuestionó a quienes se oponen a la reestructuración, a pesar de la quiebra económica en la que se encuentra.

“Recibe ¢800 millones mensuales y gastan más de ¢2.500, un 80% en la planilla. Había que decidir si se cierra la empresa pública Japdeva o se reestructura. Los compañeros de Limón parece que prefieren que la empresa cierre, sin generar la posobilidad de que sereestructure y genere crecimiento”, expuso Masís.