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Luego de una extensa sesión de casi nueve horas, los diputados aprobaron en primer debate este martes el proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.
La iniciativa del diputado liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, recibió el apoyo de 40 legisladores, mientras que 15 se pronunciaron en contra. Inicialmente, la propuesta fue impulsada mediante una vía rápida con la firma de 31 congresistas.
A favor se pronunciaron 15 congresistas de Liberación Nacional (PLN), nueve de Acción Ciudadana (PAC), siete de la Unidad Social Cristiana (PUSC), tres de Restauración Nacional (PRN), dos del bloque fabricista Nueva República (PNR), dos de Integración Nacional (PIN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y el independiente Erick Rodríguez.
En contra votaron cuatro diputados del PRN, cuatro del PNR, dos del PUSC, una del PLN, una del PAC, uno del PIN, uno del PRSC y uno del Frente Amplio (FA).
El texto deja en claro que las huelgas son ilegales en los servicios públicos esenciales y, a instancias de la legisladora Yorleny León, se introdujo una lista que especifica cuáles son estos servicios.
Tal es el caso de los servicios de salud, las policías, los comedores escolares, el suministro de agua, electricidad y combustibles, así como el rescate de personas.
Además, tras negociaciones con sindicatos, se estableció que la educación no es un servicio público esencial, sino uno “de importancia trascendental”.
Esta categoría les permitrá a los trabajadores del sector educativo realizar huelgas de hasta 21 días consecutivos o 10 días de forma intermitente, siempre que establezcan un esquema de prestación mínimo de los servicios y se garantice la apertura de los centros educativos.
Una de las modificaciones más importantes, que se realizó en el plenario este mismo martes, fue la de establecer que los patronos podrán suspender el pago de salarios a los sindicalistas apenas se inicie la huelga. Actualmente, las remuneraciones se deben girar en los tiempos regulares.
Para ello, fue aprobada con 30 votos una moción del socialcristiano Pedro Muñoz.
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La iniciativa refuerza la prohibición de que se realicen, del todo, las huelgas en servicios esenciales, en particular cuando la suspensión de dichos servicios ponga en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas.
De seguido, los congresistas también aprobaron una moción de Carlos Ricardo Benavides al mismo artículo que reformó el socialcristiano, para abrir la posibilidad de que, si el patrono lo considera más conveniente, pueda a los huelguistas que repongan el tiempo no laborado con motivo de un movimiento declarado ilegal.
El proyecto también procura evitar que se repitan los problemas que tuvieron los juzgados para notificar a los dirigentes sindicales durante la huelga del 2018 contra la reforma fiscal.
Para ello, se obliga a los sindicatos a tener una dirección de correo electrónico para que reciban todo tipo de notificaciones, incluyendo las emitidas por tribunales donde se estudien los procesos de calificación de las huelgas.
Aunque se mantiene que las huelgas contra políticas públicas son ilegales, a través de una moción de la fabricista Ivonne Acuña se incluyeron párrafos en el artículo 371 del Código de Trabajo, para que se pueda realizar huelgas contra políticas públicas por un plazo de 48 horas.
Además, se protege el derecho a realizar concentraciones, marchas o mitines contra políticas públicas fuera de horario laboral.
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La nueva versión de ese artículo también refuerza la idea de que los bloqueos generados por los huelguistas son ilegales y que su realización conlleva la consideración de que un movimiento huelguístico es violento.
Originalmente, se pretendía que toda organización sindical que incitara a sus miembros, a otro gremio o sindicato, a realizar actos delictivos y de sabotaje fuera disuelta. Sin embargo, por un acuerdo con los representantes laborales se eliminó dicha propuesta.
El diputado Benavides y su compañera Yorleny León celebraron la aprobación al decir que esta reforma le garantiza a los ciudadanos que recibirán los servicios por los cuales pagan impuestos.
Agregó que el proyecto beneficiará a las personas de menos recursos: “Es la gente que no tiene alternativa, la que no puede pagar escuela privada, la que no puede pagar por la salud en un hospital privado”.
“En esas personas es en quienes más hemos pensado. Es una votación absolutamente contundente, agradecemos la determinación de este Congreso para acabar con los abusos”.
El presidente legislativo dijo que fue una buena decisión dejarle al plenario, y no a la comisión especial de huelgas, la decisión de aprobar la suspensión de salarios durante huelgas, así como la aprobación de las huelgas de 48 horas contra políticas públicas, pues eran temas de mucho peso.
La votación en primer debate contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, quien renunció temporalmente a ese cargo para asumir el de diputado del PAC y poder votar positivamente.
Él afirmó: “He decidido venir a votar positivamente esta noche a votar el proyecto, totalmente convencido de que una huelga sin control se constituye en actos que vulneran los derechos de los más vulnerables: derecho al trabajo, la salud, la educación y la movilización de los más vulnerables, de nuestros campos y ciudades”.
"Desde mi punto de vista, lo que se ha recogido es un ejercicio de balance entre el derecho a la huelga y el de los ciudadanos a recibir servicios públicos.
“Puede que haya cosas que no me gusten mucho, pero es un balance y mi balance es positivo, en el método, porque se escuchó. Tuve la oportunidad de participar en un espacio auspiciado por el Ministerio de Trabajo, con organizaciones sociales para buscar puntos de encuentro y de coincidencia”.
Antes de la votación, el diputado Luis Fernando Chacón, del PLN, también comentó: “El proyecto introduce mejoras laborales, quedan establecidos los servicios esenciales y norma los de importancia trascendental; e introduce un proceso razonable para la huelga en servicios de educación. Algunos dicen que no debemos legislar al calor del momento, pero cómo no tener presente hechos tan atroces”.
Recordó que, con la pasada huelga en la CCSS, 80.000 citas y 2.000 cirugías fueron canceladas. “No solo se trata de números, también de rostros humanos detrás de estos números. Ningún funcionario público está por encima de los demás ciudadanos costarricenses”.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) consideró que "el texto aprobado contiene elementos que contribuirán a garantizar la seguridad jurídica que tanto requiere el sector productivo y el país como un todo, pues las consecuencias de las huelgas pasadas con una paralización de servicios por casi 89 días y la pérdida de ₡138.000 millones, las enfrentó en gran parte el sector empresarial".
Por su parte, Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, declaró que el proyecto traerá confianza y ayudará en la reactivación económica porque “los costarricenses necesitan quitarse la zozobra de si van a quitarles sin restricción los servicios de salud, abastecimiento de combustibles, trámites, seguridad pública y educación”.
La diputada del PAC, Paola Vega, alegó que, si bien los sindicatos se abusaron del derecho a huelga, en su criterio el plenario también lo hizo al aprobar la suspensión de salarios.
Carmen Chan, vocera del bloque fabricista Nueva República, consideró necesaria la regulación de las huelgas, pero anunció su voto en contra.
La votación uno por uno
Votos a favor:
PLN: Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández, Wagner Jiménez, Karine Niño, Roberto Thompson, María José Corrales, Daniel Ulate, Luis Fernando Chacón, Luis Antonio Aiza, Ana Lucía Delgado, Jorge Fonseca, Gustavo Viales, Yorleny León, Aida Montiel y David Gourzong.
PAC: Laura Guido, Nielsen Pérez, Luis Ramón Carranza, Mario Castillo, Enrique Sánchez, Carolina Hidalgo, Welmer Ramos, Catalina Montero y Víctor Morales Mora
PUSC: Pedro Muñoz, María Vita Monge, Aracelly Salas, Rodolfo Peña, Erwen Masís, María Inés Solís y Pablo Abarca
Restauración Nacional: Carlos Avendaño, Floria Segreda y Xiomara Rodríguez
Nueva República: Ivonne Acuña y Jonathan Prendas
PIN: Zoila Volio, Patricia Villegas
Republicano: Otto Roberto Vargas
Independiente Erick Rodríguez Steller
Votos en contra:
PLN: Paola Valladares
PAC: Paola Vega
PUSC: Óscar Cascante y Shirley Díaz
Restauración Nacional: Mileidy Alvarado, Melvin Núñez, Eduardo Cruickshank y Giovanni Gómez
Nueva República: Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Ignacio Alpízar y Nidia Céspedes
PIN: Walter Muñoz
Republicano: Dragos Dolanescu
PFA: José María Villalta
Castigo para quienes se van de paseo en huelga
Por otra parte, en la iniciativa se faculta al patrono a castigar al trabajador que, durante una huelga, se ausente o separe de su puesto para realizar actividades personales o familiares ajenas a los fines del movimiento de protesta.
El proyecto le da un mes al patrono para que busque aplicar el régimen disciplinario correspondiente en los casos de ese tipo.
Los servicios esenciales
En el artículo 376 propuesto para el Código de Trabajo, se hace una explicación detallada de los servicios esenciales en que se prohíben del todo las huelgas.
Entre esos servicios, se definió un núcleo de servicios de salud, seguridad pública, transportes, control aéreo, bomberos y demás servicios de rescate, suministro de agua y todo lo relativo al alcantarillado, al igual que el de suministro de energía eléctrica, todos los servicios relativos al combustible, incluyendo transporte y suministro, así como comedores escolares, redes de cuido y similares, así como una gran cantidad de los servicios del Poder Judicial.
Entre los aspectos de procedimiento para realizar huelgas, el proyecto introduce una nueva obligación para los sindicatos, cuando se trate de una huelga en servicios públicos, que es la de entregar al patrono un aviso de huelga, donde se detalle a partir de cuándo inicia, el patrono y centros de trabajo afectados, la modalidad, así como las organizaciones sindicales o coaliciones que representan a los trabajadores en huelga.
Servicios trascendentales
Luego de una fuerte negociación entre diputados y sindicatos, se acordó introducir varios párrafos al proyecto, para que varios de los servicios que primero se habrían considerado como esenciales, finalmente entren en una nueva categoría, la de “servicios de importancia trascendental”.
En este tipo de servicios, lo que se plantea es que los trabajadores puedan ir a huelga por un plazo de hasta 10 días naturales, por ser aquellos cuya duración extrema pueda conllevar igualmente riesgos para la vida, la salud o la seguridad de las personas.
Esos servicios son la recolección de basura, la carga y descarga en muelles, el levantamiento de los impedimentos de salida del país, la celebración de elecciones nacionales, cantonales y similares, los servicios bancarios, la administración de la justicia y el funcionamiento de las aduanas.
