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En una sesión de 25 minutos, los diputados aprobaron este martes, en primer debate, un proyecto de ley que permitirá financiar 10.000 pensiones nuevas para adultos mayores en pobreza.
Con 47 votos a favor y solo uno en contra, avanzó el expediente 21.759, el cual le asignará un nuevo uso a los ¢12.000 millones ahorrados con el recorte a las pensiones de lujo aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2019.
El único voto en contra fue el del diputado independiente Erick Rodríguez.
Antes de aprobar el primer debate, el plenario aprobó una moción de fondo para cambiar el texto del proyecto, pues originalmente este destinaba el dinero a los programas de combate a la pobreza del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en particular aquellos donde se reparten los recursos del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Los diputados decidieron redirigir los fondos al Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual hoy otorga pensiones de ¢82.000 mensuales a 120.000 adultos mayores.
Además, los legisladores eliminaron otro artículo que pretendía racionalizar el uso del dinero para el combate a la pobreza, mediante la derogación de los destinos específicos fijados en la Ley del Fodesaf.
La moción aprobada antes de darle primer debate al proyecto no solo cambió el fondo de la iniciativa, sino también el nombre del expediente legislativo.
Después de la aprobación, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, afirmó: “Estamos muy contentos porque eso nos garantiza tener recursos para ampliar la cobertura y proteger a la población adulta mayor, que es particularmente vulnerable por el covid-19”.
El acuerdo de los legisladores para votar el plan se dio el lunes, por medios únicamente virtuales, luego de que se dieron reuniones de fracción por videollamada y los jefes de fracción hicieron lo mismo, junto con el Directorio legislativo.
Los recursos se entregarán a la CCSS para que aumente la cobertura de las pensiones del RNC, que cubre a personas que no cotizaron durante su vida laboral y que, al llegar a la vejez, se encuentran en condición de pobreza, por no tener recursos suficientes para afrontar sus necesidades.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, Xiomara Rodríguez, declaró que los congresistas están satisfechos por la iniciativa aprobada y dijo que esa era, realmente, la intención original para los recursos que recauda la contribución solidaria de las pensiones de lujo.
“Se nos había dicho que no se podían crear destinos específicos, lo intentamos con deuda y tampoco se podía. El Poder Ejecutivo había previsto usar ese dinero para combatir la pobreza, pero en la consulta que le hicimos a la Sala Constitucional nos explicó que ningún dinero recogido de pensiones puede usarse para otra cosa que no sea pensiones, porque no son pensiones”, dijo la restauracionista.
La congresista destacó que, en ese régimen, hay muchos adultos mayores en estado de pobreza y que, en medio de la emergencia sanitaria del país, podrían verse beneficiados.
Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja, asegura que hay 40.000 adultos mayores esperando una pensión de este tipo.
Ivonne Acuña, del bloque de diputados independientes Nueva República, manifestó que la Asamblea Legislativa ha sido “sorprendente por lograr echar a andar los proyectos de ley” que benefician al país, “específicamente a los más necesitados, las personas en pobreza y pobreza extrema".
“No es una situación fácil, pero podemos dotar al país de todas las herramientas necesarias como Asamblea, como fuerzas políticas, dejando las banderas a un lado”, dijo la fabricista.
El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, dijo además que el impacto de la emergencia del covid-19 en los ingresos salariales de las familias afecta principalmente a los costarricenses más pobres, a familias jefeadas por mujeres, con niños y niñas a cargo, y con adultos mayores o personas con discapacidad.
“Esta amenaza a la liquidez de los programas sociales brinda especial relevancia a aquellas iniciativas legislativas que puedan garantizar fuentes de recursos complementarios, como el Plan Proteger (para darle hasta ¢1 billón al Gobierno) y el de fortalecimiento de las pensiones del RNC con los recursos generados por la contribución de las pensiones de lujo”, dijo el jerarca.
