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Este lunes, la comisión investigadora de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, emitió un informe secreto que recomienda mantenerla en el cargo de defensora de los Habitantes.
Según informó María Inés Solís, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidenta del órgano legislativo, se trata de un informe privado.
El informe lo firman ella, Jorge Fonseca y Aida Montiel, de Liberación Nacional (PLN); Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN); y el independiente Erick Rodríguez Steller.
“Hoy se ha rendido informe en la comisión de la Defensoría de los Habitantes, que investiga como un régimen sancionatorio disciplinario la posibilidad de destitución de la señora defensora; se presentó un dictamen de mayoría y, durante, el día tendrán (otros) la posibilidad de presentar algún dictamen de minoría”, dijo la socialcristiana.
Solís afirmó que será el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, quien decidirá el procedimiento para que el Plenario legislativo conozca el informe y proceda a votarlo.
La presidenta del órgano argumentó que el informe es secreto por recomendación del departamento de Servicios Técnicos.
“Es un proceso sancionatorio-disciplinario de conformidad con la Ley General de Administración Pública y a Ley Orgánica de la Defensoría de los Habitantes, por ser la Defensoría un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, y por la naturaleza del proceso y la protección de datos sensibles y confidenciales”, alegó sobre la confidencialidad.
En contra de mantener a la jerarca votaron Otto Roberto Vargas, del partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y la oficialista, Nielsen Pérez.
“En las próximas horas, estaré presentando un informe de minoría. Quiero posicionar que aquí está en el centro la Defensoría de los Habitantes, es la institución más importantes en la defensa de los derecho humanos”, aseveró Pérez.
Por su parte, el diputado Núñez dijo que trabajaron arduamente en el caso y su posición es que no existen pruebas suficientes para removerla a Crespo de su cargo. Asimismo, afirmó que todos los diputados pudieron haber llegado a la sesión, pues la comisión no era secreta, solo privada.
En el mes de agosto, la Asamblea abrió la comisión sobre Crespo luego de que 84 funcionarios de la Defensoría de los Habitantes enviaron una carta al presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, para denunciar supuestas irregularidades en nombramientos y conflictos de interés, entre otros.
La funcionaria también es indagada por, presuntamente, violentar el macroproceso de investigación en la pesquisa sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), así como eliminar el nombre del exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, de su informe de investigación.
A la jerarca se le achacó, por ejemplo, desoír recomendaciones de su equipo técnico. También, se le cuestiona por el extravío del audio de la entrevista que le hizo al presidente de la República, Carlos Alvarado, pues informó del hecho dos meses después el conocerlo.
En junio, el Consejo de Directores de la Defensoría le solicitó a la funcionaria considerar la renuncia, tras escuchar las declaraciones de los técnicos que investigaron la UPAD y que señalaron violaciones al proceso de investigación.
Dicho consejo fue suprimido luego de que Crespo publicó una reforma en el diario oficial La Gaceta, el lunes 3 de agosto, sin contar con el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Defensoría y citando un criterio de la Contraloría General de la República que luego esta institución desmintió.
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