No obstante, cuando la Contraloría General de la República (CGR) revisó los concursos encontró que el Conavi exigía requisitos excesivos en cuanto a la experiencia de las empresas y el personal técnico a contratar, lo que limitaba la participación de oferentes.

Se trata de obras para atender situaciones de riesgo inminente en carreteras y puentes, las cuales se financian con el crédito de $700 millones del BCIE para el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri). En el esquema diseñado por el gobierno, este tipo de contrataciones se hacen mediante la normativa de adquisiciones del Banco.

El Conavi intentó eximirse de la fiscalización de la Contraloría cuando dos empresas presentaron recursos de apelación contra dos de las primeras licitaciones, debido a que estaban inconformes con las condiciones de los concursos.

Uno de los concursos está relacionado con un contrato por ¢1.038 millones para realizar obras de estabilización, como muros y obras complementarias, en las rutas nacionales 36 (Talamanca), 124 (Alajuela), 224 (Paraíso) y 415 (Turrialba).

El segundo es para ejecutar obras paliativas por ¢1.430 millones en los puentes sobre los ríos Ciruelas, Torres, María Aguilar, Soncoyo y Tárcoles. Ambos concursos salieron el 24 de mayo.

La constructora H Solís presentó un recurso de apelación contra el primer cartel de licitación. El Conavi alegó ante la Contraloría que, por tratarse de una licitación bajo el mecanismo de contratación del BCIE, los controles previos del proceso eran competencia exclusiva del banco y que el proyecto no estaba sujeto a la supervisión de la CGR.

El mismo argumento esgrimió en el momento en que H Solís y Codocsa apelaron, por separado, el segundo cartel de licitación.

La Nación envió consultas al Conavi, la semana pasada, con la intención de que ahondara en los argumentos planteados ante la Contraloría, pero al cierre de esta información no se había recibido respuesta.

Reprimenda de Contraloría

La Contraloría reprochó la posición planteada por el Conavi sobre los procesos de fiscalización en las resoluciones R-DCP-00030-2024 y R-DCP-00031-2024.

“No se logra una mayor eficiencia eliminando los controles previstos por la normativa legal, sino prestando atención a la adecuada definición de requisitos, la realización de estudios y la rigurosidad técnica”, indicó la CGR en el primer documento.

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El pasado 20 de junio, el Conavi insistió, ante el órgano contralor, en que la impugnación implicaba un “retraso” para atender proyectos en riesgo inminente.

“La eliminación propuesta de controles no genera por sí misma eficiencia o celeridad adicionales. De hecho, al limitar innecesariamente la participación y reducir las ofertas al concurso, se pone en riesgo la ejecución misma, sin considerar las ventajas asociadas a la transparencia y la selección de la oferta más idónea”, refutó la CGR.

El Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) está regulado por la Ley 10.456, donde se establecen las políticas y normas del BCIE para los dos mecanismos de contratación que se pueden efectuar: por declaración de emergencia y por riesgo inminente.

El mecanismo de contratación de los proyectos de riesgo inminente está definido por la normativa de adquisiciones del BCIE, pero debe cumplir con los principios de contratación pública y el régimen de prohibiciones que contempla la Ley de Contratación Pública, de acuerdo con el artículo 5 de la ley del Proeri.

Sin embargo, el Conavi afirmó ante el órgano contralor que esta ley exime de impugnaciones a las contrataciones bajo la modalidad de riesgo inminente.

“La Ley 10.456 no estableció un régimen recursivo, ni de manera expresa ni implícitamente como pretende la Administración. Más bien, contempló los mecanismos de control ordinarios propios de los procedimientos de contratación bajo las políticas del Banco”, desmintió la CGR.

El crédito de $700 millones ortorgado por el BCIE para el Proeri sería ejecutado por varias instituciones. Además de los $342 millones previstos para el Conavi, están contemplados $161 millones para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), $108 millones para el Ministerio de Educación Pública (MEP), $63 millones para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y $3 millones para el Ministerio de Vivienda.

Recursos fueron declarados con lugar

El pasado 27 de junio, la CGR declaró parcialmente con lugar el recurso de objeción presentado por H Solís sobre el contrato de obras de estabilización en rutas nacionales.

El órgano concluyó que la licitación no era clara sobre el alcance de la exoneración fiscal del contrato, por lo que solicitó corregir la sección de tributos a contemplar, donde hay dos párrafos que se contradicen.

Según la Contraloría, además, el monto de la licitación (¢1.038 millones) supera el umbral establecido para la licitación mayor en el régimen ordinario, el cual es de ¢702 millones.

Respecto a la licitación sobre puentes, la CGR dio la razón al alegato de H Solís al considerar excesivos los requisitos establecidos para el personal técnico en cuanto a experiencia en puentes de cierta longitud.

Dicha empresa también ganó una apelación contra otro requisito que consideró una limitación para participar en el concurso. Se trata de una exigencia de 20 años de experiencia en obras vigentes.

Además, señaló inconsistencias en las cláusulas relacionadas con la exoneración, así como desproporcionalidad de las potenciales multas.

Finalmente, la Contraloría dio la razón a Codocsa, firma que alegó que el plazo de 180 días de ejecución establecido para las obras sobre el río Tárcoles era insuficiente.

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Documento confidencial

Durante el trámite del recurso de objeción, la Contraloría solicitó justificaciones al Conavi sobre la confidencialidad de un documento del BCIE que fue remitido como respuesta en el caso del concurso para las obras de estabilización en carreteras.

Según el oficio 010665-2024, emitido el pasado 24 de junio, la División de Contratación Pública de la Contraloría citó a audiencia al Consejo para que explicara la confidencialidad del documento GERCR-142-2024 “Respuesta CONAVI Contraloría - signed.pdf”, expedido por la gerencia país del Banco.

El ente contralor señaló que el escrito contiene en el pie de página la frase “confidencial externo”. Este fue incluido como archivo adjunto en la respuesta que el Conavi envió el 21 de junio.

Al respecto, el organismo financiero indicó a La Nación que todo el contenido de ese oficio es completamente público y que el Conavi cuenta con autorización para divulgarlo.

“La etiqueta del documento es un procedimiento interno del Banco que se basa en una aplicación de etiquetas de un software interno.

“No existe ninguna instrucción ni ningún comentario en la nota, que se indique que es un documento “confidencial” , ya que busca respetar en todo momento los principios de integridad, transparencia, competencia y debido proceso, los cuales están incluidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con recursos del BCIE y sus Normas de Aplicación”, expresó el banco.