EscucharLos 11 diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente, este miércoles, el Presupuesto Nacional del 2022 por más de ¢11,5 billones luego de un proceso de ajuste en el que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) recibió el mayor recorte de todos.
En el plan original, al Conavi se le asignaban ¢181.000 millones para la atención de las vías nacionales. Ahora, en el presupuesto dictaminado, la cifra bajó a ¢160.000 millones, lo que implica una reducción de más del 11%.
El ajuste obedece a dos movimientos. Por un lado, los diputados le quitaron ¢29.244 millones al Consejo de Vialidad para dirigirlos a las municipalidades, encargadas de mantener las vías cantonales. Aparte, con otra moción, los legisladores autorizaron aumentar el endeudamiento público en ¢8.000 millones para entregarlos al Conavi, lo que generó una reducción neta de unos ¢21.000 millones para esta entidad.
El segundo mayor ajuste en el Presupuesto provino de una moción que redujo en ¢16.000 millones las partidas de viáticos, capacitación, consultoría, papelería o mantenimiento de equipos de 18 instituciones, para trasladarlos al Fondo de Subsidios para la Vivienda.
Esta propuesta fue planteada por Gustavo Viales, de Liberación Nacional (Conavi), quien argumentó que el traslado aumenta la inversión de capital y rebaja el gasto corriente, además de garantizar 4.000 soluciones de vivienda de interés social y sostener cerca de 13.000 empleos en construcción.
Adicionalmente, se trasladaron ¢1.000 millones de las universidades públicas al programa equidad del MEP para becas postsecundaria.
Los diputados también rechazaron la creación de 2.000 plazas de cocineras dentro del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) pactadas entre el gobierno y los sindicatos de educación.
A través de una moción impulsada por 17 diputados, rebajaron casi ¢5.000 millones para el pago de salarios durante seis meses de esas nuevas contrataciones y los dirigieron a las juntas de educación. Con ese cambio, las cocineras seguirán siendo contratados por las juntas de educación, como ocurre hasta ahora.
Previo al dictamen, los legisladores aumentaron el endeudamiento en ¢2.900 millones para que el Poder Judicial abra 413 plazas destinadas a la unidad especializada en delincuencia organizada.
Además, incorporaron al Ministerio de Cultura ¢590 millones de una devolución del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por la anulación de un convenio. Esta dinero sería usado en la construcción de un parque de desarrollo humano en San Felipe de Alajuelita.
El proyecto de ley ahora pasa al plenario para ser sometido, en los próximo días, a la votación de primer debate.
Fuera de las nuevas incorporaciones en ingresos y gastos, el presupuesto del Gobierno para el 2022 no registra más incrementos. La comisión le rechazó al Gobierno aumentar el gasto en cerca de ¢80.000 millones para inversión social por la duda en su impacto en la regla fiscal que estableció un tope del crecimiento del presupuesto en un 1,96%.
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Asimismo, los diputados incorporaron 18 normas de control presupuestarias. Una de ellas ordena que, salvo excepciones, las instituciones no podrán destinar los remanentes de remuneraciones a otras partidas del gasto.
La presidenta de la comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, hizo un análisis general del presupuesto, previo al dictamen. Recordó que el 53% se financia con ingresos corrientes el 43% con deuda pública.
Producto del desequilibrio entre ingresos y gastos, el próximo plan presupuestario registra un déficit primario equivalente al 1,07% del producto interno bruto (PIB) y el financiero en 6,57% de la producción, de acuerdo con los datos de Hacienda.
Delgado lamentó que de los ¢11,5 billones, solo el 4,4% se destine a inversión en obra pública, es decir, ¢509.000 millones; y que en el planteamiento de Hacienda no se incorporaron nuevos recursos para la adquisición de vacunas.
María Inés Solís, congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que el trabajo en comisión, con los ajustes, se enfocan en una línea de responsabilidad fiscal.
Para la diputada de gobierno, Laura Guido, algunos topes en el gasto obedecen a la regla fiscal en el actual contexto de crisis.
“A la luz de una regla fiscal, están contenidos los gasto de capital y corriente, el espacio para presupuestar todas las añoranzas y necesidades, está limitado porque la deuda y sus intereses siguen creciendo. Aún no contamos con nuevos ingresos y hay necesidades impostergables”, justificó.
La diputada del PAC llamó a buscar los espacios legales necesarios para atender las desigualdades del presupuesto.
