EscucharLa Cámara Comunidad de Empresas de Comunicación Comercial protestó este miércoles por la “concentración” de contratos para el manejo de publicidad estatal en manos de la agencia comercial del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), y advirtió de que dicha práctica afecta la capacidad de las agencias privadas para competir por los recursos públicos.
“Eliminó la opción a agencias comerciales privadas de participar en concursos y ha ocasionado que la gran mayoría de la inversión en publicidad del Estado se maneje por medio del Sinart, lo cual incide directamente en la reactivación económica del país, porque al favorecer solo al Estado ha dejado de fomentar la competencia de esta importante industria”, expresó Marian Bákit, presidenta de la organización.
El Sinart suma al menos 14 contratos por casi ¢8.000 millones, para para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales. Varios de esos contratos fueron adjudicados sin un concurso público en el que se escogiera la mejor opción.
La Cámara, que agrupa a más de 40 empresas del sector creativo y productivo del país, abogó por la realización de “procesos abiertos a la competencia, que sean transparentes y que se manejen de forma ética y responsable”.
Consultado sobre esta protesta, Fernando Sandí, presidente ejecutivo del Sinart, aseguró vía correo electrónico, que estaba preparando una respuesta a Comunidad y que la enviaría directamente a ellos este miércoles.
Excepción es la regla
De acuerdo con Bákit, una excepción que prevé la Ley de Contratación Pública se convirtió en una norma. Ella se refiere al portillo que permite la contratación entre entes públicos sin necesidad de realizar un concurso público, en el que se escoja a la mejor opción.
“Lo que sucedió con el Sinart es que la excepción que posibilita la ley se convirtió en regla y esto ha permitido que gran cantidad de instituciones públicas contraten directamente al Sinart como agencia de publicidad o de comunicación comercial, omitiendo el proceso de licitación”, dijo la presidenta de Comunidad. “Estamos viviendo un Sinartazo”, agregó.
El pasado 7 de setiembre, la exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández, reveló que el expresidente de esa entidad, Allan Trigueros Vega, le dio la orden directa de contratar como proveedora a la empresa de Christian Bulgarelli Rojas, quien fue identificado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como asesor en comunicación del presidente Rodrigo Chaves.
Estos hechos y otros que han salido a la luz pública, generaron que el pasado 13 de setiembre, la Asamblea Legislativa aprobara crear una comisión especial de investigación, que tendrá a su cargo la revisión de los recientes contratos del Sinart para el manejo de publicidad de instituciones públicas.
La Cámara de Empresas de Comunicación sumó otro pedido a los legisladores “con la finalidad de detener de inmediato el abuso que se viene cometiendo de la excepción”.
La organización solicitó al Congreso aprobar el expediente N°. 23.957, presentado por el diputado Horacio Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con el fin de reformar o derogar la figura de la excepción contenida en la Ley de Contratación Pública.
