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El Consejo de Gobierno decidió suspender a seis de los siete directivos del ICE durante cuatro meses, mientras investiga dos presuntas irregularidades.
Casa Presidencial expuso los motivos para tomar la decisión. El primero es un presunto pago indebido de cesantías a empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el segundo son aparentes actuaciones irregulares en torno a la figura del gerente general.
Para ello, el presidente Carlos Alvarado y su cuerpo de ministros abrieron dos investigaciones separadas en la que los directivos podrán defenderse.
Los funcionarios suspendidos son Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro y José Mario Jara Castro.
El Consejo Directivo del ICE lo completa la presidenta ejecutiva Irene Cañas, nombrada por este gobierno y quien no fue suspendida porque ella votó en contra de la designación del actual gerente general del ICE, Jaime Palermo.
“El gerente general lo designó el Consejo (Directivo del ICE), en donde solo uno de sus miembros estuvo en contra de la votación”, dijo el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, en alusión a Cañas.
Cuatro de los directivos son investigados por las cesantías pagadas durante la administración de Luis Guillermo Solís y seis por el nombramiento de Palermo, ocurrido en este periodo.
El caso de las cesantías
El primer hecho que se investiga tuvo su desenlace entre febrero de 2016 y febrero del 2017, cuando el ICE pagó de forma ilegal auxilio por cesantía a 36 funcionarios que trasladó a Radiográfica Costarricense (Racsa), una de sus subsidiarias, según una investigación de la Contraloría General de la República (CGR), así como otros a la subsidiaria Gestión de Cobro S. A.
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El caso se remonta a la administración anterior del ICE, cuando el presidente ejecutivo era Carlos Obregón Quesada.
El 12 de enero del 2015, el Consejo Directivo del ICE autorizó el traslado del personal de la división de Gobierno Digital del ICE a Racsa, luego de una decisión del Poder Ejecutivo de que la rectoría de Gobierno Digital (hasta entonces a cargo del ICE) pasaría al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Posteriormente, en agosto de ese mismo año, el mismo Consejo instruyó a la división de Gestión del Talento Humano para que, en coordinación con la división Jurídica Corporativa, definieran “los términos para que la liquidación y traslado del personal" se realizara "conforme a la normativa laboral vigente”.
En aquel momento, la junta la integraban Carlos Obregón Quesada, Roberto Trejos Dent, Carlos Quesada Mateo, Rodolfo Silva Vargas, Farid Beirute Brenes, Ruth Martínez Cascante y Rodrigo Bogarín Navarro.
De ellos, solo permanecen en el puesto Beirute, Martínez y Bogarín, quienes ahora serán investigados por estos hechos.
El 8 de octubre del 2015, el departamento de Personal del ICE solicitó a Julieta Bejarano Hernández, entonces directora jurídica del ICE, aclarar ante la Procuraduría General si esos funcionarios debían devolver la cesantía porque existían dos criterios de la Procuraduría, dirigidos al ICE, que advertían de la improcedencia del pago si el personal es trasladado de una a otra empresa del mismo grupo.
Tal aclaración nunca ocurrió y todo quedó en firme según la decisión del Consejo Directivo del ICE.
Asimismo, el 7 de noviembre del 2016, el Consejo Directivo del ICE declaró confidencial el acuerdo tomado en agosto del 2015 en relación con este tema, así como “todos los documentos que soportan el punto y forman parte del expediente”.
Para ese entonces, ya se había integrado como directiva Eugenia Gutiérrez Castro, quien había sido nombrada en julio del 2016. Presidencia confirmó que ella es la cuarta investigada por el pago de cesantías.
La Contraloría concluyó que la Procuraduría había advertido de que la teoría del Estado como patrono único pretende “evitar un enriquecimiento sin causa del funcionario que es recontratado nuevamente por el Estado”, como ocurrió en este caso, pues los funcionarios del ICE trasladados fueron contratados inmediatamente por Racsa.
Por ello, el órgano contralor afirmó que la decisión se alejó de la normativa legal y ordenó al ICE gestionar la devolución del dinero.
El caso de la gerencia del ICE
El 17 de diciembre pasado, la Procuraduría General confirmó que la administración anterior del ICE eliminó sin fundamento legal su figura de gerencia general.
Esa decisión comprometió actos emitidos, en los últimos cuatro años, por la Gerencia Corporativa, la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocios y la División Jurídica Corporativa del ICE, despachos que suplantaron las funciones de la otrora Gerencia General.
Ese mismo día, el Consejo Directivo nombró como gerente general interino del Grupo ICE a su actual gerente corporativo de Telecomunicaciones, Jaime Palermo Quesada.
El Consejo de Gobierno informó de que investiga a los seis directivos suspendidos “por la supresión de la figura de la gerencia general, hechos analizados por la Procuraduría General de la República en la opinión jurídica número 039-J del 27 de abril de 2018 y en el dictamen número C-318-2018”, así como por la “presunta designación ilegal del gerente general a. i. en el ICE”.
No obstante, Presidencia no detalló cuáles fueron las presuntas irregularidades que se investigarán en el nombramiento de Palermo.
Por este caso, el Consejo de Gobierno investiga a Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro y José Mario Jara Castro
Con base en informes
La Presidencia precisó que las investigaciones contra los directivos se suspendan en hechos expuestos por un consejo consultivo integrado por los jerarcas de Planificación, Ambiente y Energía, Hacienda, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, así como Banco Central.
Asimismo, se apoyaron en los informes de la Contraloría General de la República, DFOE-DI-1941 del 21 de diciembre de 2018 y DFOE-DI-0087 del 24 de enero de 2019, junto con el criterio de la Procuraduría General de la República C-332-2009 del 2 de diciembre de 2009.
El encargado de las investigaciones será el secretario del Consejo de Gobierno, Carlos Elizondo.
Durante la suspensión, las investigados recibirán el dinero de las dietas.
En los próximos días, el gobierno nombrará nuevos directivos temporales en el ICE.
ICE dice que su operación continúa con normalidad
Mediante un comunicado de prensa, el ICE informó de que mantiene la operación normal de sus negocios y garantizan la continuidad de sus servicios.
Además, la entidad alegó que se inhibe de referirse al tema porque el nombramiento de los directivos es competencia exclusiva del Consejo de Gobierno.
Al ser consultada por este medio, Irene Cañas, jerarca del ICE, también explicó que la decisión es un asunto de la competencia del Consejo de Gobierno el cual definirá los próximos pasos a seguir.
