El Consejo de Gobierno acordó el martes pasado ‘instar’ a la empresa Uber a dejar de operar en Costa Rica argumentando que la Sala IV resolvió que el servicio que brinda la empresa es ilegal.

Así lo indica textualmente el acuerdo que tomaron los ministros el 4 de setiembre, el cual indica: “Que el Gobierno de la República ha señalado también que las plataformas tecnológicas no reguladas para el transporte remunerado de personas, es un servicio ilegal, tal y como lo han resuelto la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, el MOPT y el Consejo de Transporte Público”.

No obstante, ese dato es falso porque la Sala IV nunca ha juzgado la constitucionalidad de Uber. El recordatorio de que no hay ninguna sentencia al respecto lo hizo la oficina de prensa de la Sala a solicitud de La Nación este miércoles.

Este diario le consultó a ese despacho del tribunal constitucional acerca de la veracidad de la afirmación.

La encargada de la oficina de Prensa de la Sala IV respondió con la sentencia que emitió la Sala Constitucional el pasado 22 de febrero del 2017 cuando rechazó varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la ley que regula el servicio de taxis, la Ley de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Taxi.

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En el comunicado oficial, la Sala aclaró que en esa sentencia "no se juzga la constitucionalidad de Uber”.

El tribunal fue claro en que la delimitación de la plataforma Uber no le corresponde a ese tribunal, “ni fue objeto de pronunciamiento en esta acción de inconstitucionalidad”.

“Como en toda acción de inconstitucionalidad, lo que corresponde a esta Jurisdicción Constitucional es la confrontación de la normativa impugnada con el Derecho de la Constitución, y no más que eso. Se observa de todas las coadyuvancias presentadas, tanto las activas como las pasivas, que el tema trasciende el ámbito constitucional, pues algunos exponen en sus escritos las dificultades concretas en la prestación del servicio remunerado de personas y hasta se plantea la cuestión de la plataforma que se conoce como UBER. Sin embargo, la regulación o la legalidad de una plataforma tal, no es una cuestión que se haya planteado en este proceso”, dice la sentencia.

“Tampoco corresponde a esta Jurisdicción examinar si la actividad de UBER está prohibida o no actualmente en nuestro ordenamiento jurídico (...). Se limita el análisis en esta acción, al examen de la ley impugnada en cuanto a los alegatos de inconstitucionalidad”, añade.

Gobierno se basa en resoluciones antiguas

El miércoles, este diario procedió a pedirle al Ministerio de la Presidencia una entrevista con su titular, Rodolfo Piza, con el objetivo de que aclarara en cuáles documentos se basó el Consejo de Gobierno para afirmar que la Sala Constitucional ya había resuelto sobre la ilegalidad de Uber.

Sin embargo, su encargado de prensa, después de consultar con la oficina de Prensa de Casa Presidencial, le indicó a este medio que la Presidencia no se referiría al tema porque la vocería sobre el asunto de Uber se había delegado en el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

De inmediato, La Nación hizo la gestión para hablar con Méndez Mata a través de la Oficina de Prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Sin embargo, la noche del miércoles ese despachó contestó vía correo electrónico que el jerarca no hablará más acerca de Uber.

“Según se nos ha indicado por parte del despacho del señor Ministro, las autoridades del MOPT no se referirán más al tema de Uber. La declaración de don Rodolfo es la que se envió en el comunicado de prensa el día de ayer (martes para el lector), una vez terminada la reunión con los representantes de los taxistas”, decía el correo.

Este jueves, después de la publicación de esta noticia, Casa Presidencial mandó una aclaración por escrito y Méndez Mata contactó vía telefónica a este diario.

La Presidencia afirmó que el Consejo de Gobierno emitió su acuerdo con base en un dictamen de la Procuraduría, en documentos de la Dirección Jurídica del Consejo de Transporte Público, en un criterio jurídico de la Dirección de Asesoría Jurídica de esa misma dirección y en la sentencia de la Sala Constitucional N.° 04778, del año 2011, a pesar de que la operación de Uber en el país inició a finales de agosto del 2015.

“(...) De los cuales se concluye que la regulación vigente impide que un particular pueda prestar el servicio de transporte remunerado de personas, si no cuenta con una concesión o permiso de parte del Estado”, se lee en la nota dirigida al periódico.

Por su parte, Rodolfo Méndez Mata agregó vía telefónica: “La Sala se ha pronunciado sobre el transporte remunerado de personas y lo ha establecido bajo la óptica de un servicio público (...). No se pronunció el Consejo de Gobierno sobre una premisa falsa, es una premisa documentada jurídicamente por distintas instancias. Yo concedo que en materia jurídica puede haber interpretaciones. Concedo que puede haber abogados de Uber que defienden una tesis distinta u otros abogados, pero el señalar que fue un engaño del Consejo de Gobierno me parece que no se trató de eso”.

Cuando se le planteó que la Sala no ha resuelto nunca sobre la legalidad o constitucionalidad de Uber, considerando que no le compete esa tarea, el jerarca replicó que “en lo que quisiéramos insistir es que existe un fundamento jurídico y jurisdiccional que conecta y está vigente respecto a todos los servicios, de plataforma o de cualquier índole”.

El Consejo de Gobierno tomó el acuerdo instando a Uber a abandonar sus negocios en Costa Rica adelantándose a una reunión que Méndez Mata tuvo ese martes con los representantes de los taxistas, quienes presionan al Gobierno para que expulse del país a Uber.

Después de esa cita entre el jerarca del MOPT y los taxistas, el representante de este gremio, Rubén Vargas dijo que se daban por satisfechos con la instancia que el Gobierno le hizo a Uber y que, por lo tanto, suspendían los bloqueos de vías que tenían preparados para este miércoles en protesta por la operación de la plataforma, que ya aglomera a más de 15.000 choferes y a más de 700.000 usuarios.

Empresa se queda

En reacción a la solicitud que le planteó el Poder Ejecutivo, Uber emitió un comunicado en el que anunció que seguirá operando en Costa Rica y pidió un espacio para ser parte de las negociaciones para plantear un proyecto de ley que modernice la legislación que regula el transporte remunerado de personas por vías terrestres.

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Además, el diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció que ayer la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aprobó una moción para iniciar con las audiencias de sectores para explorar un proyecto de ley para modernizar el transporte público y adaptarlo a las nuevas tecnologías y permita la competencia “con el usuario como eje central”.

“En principio hay dos proyectos de ley (para modernizar el transporte público), pero la idea es trabajar en un texto sustitutivo. Esos dos proyectos van a ser la base para el inicio de la discusión. Pero queremos trabajar en un proyecto que recoja lo mejor para que sea un marco regulatorio para todos los sectores. Vamos a iniciar una labor en busca de consenso", adelantó.