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Marta Acosta, contralora general de la República, afirmó que el Gobierno no tenía la opción de no pagar los bonos de deuda pública que la administración anterior le heredó, sin haber incluido el dinero para saldarlos en el Presupuesto Nacional.
Según explicó la contralora, no pagarlos habría tenido “repercusiones nefastas para el país”, porque los compradores de bonos dudarían de invertir en las emisiones de Costa Rica, con las cuales se financia gran parte del gasto público.
Se trata de un gasto público que, a la vez, Acosta califica como “exorbitante”.
“Lo que ya estamos viendo no me gusta nada”, afirma la contralora sobre la estructura del gasto y la forma en que crece.
¿Tenía el gobierno otra opción que no pagar esa deuda aunque fuera sin autorización?
No sé si el Gobierno tenía otras opciones, no tengo esa respuesta, porque precisamente vamos a hacer una investigación preliminar, en el entendido que honrar la deuda es la obligación del Estado.
¿Podría no pagar la deuda?
No.
¿Y qué pasa si no?
Tendría repercusiones nefastas para el país. Imaginen que si no se paga la deuda, los tenedores de bono no van a invertir más y el Gobierno necesita recursos para sus obligaciones. Eso evidentemente es un tema de incumplimiento de algunas normas, pero por eso vamos a estudiar las causas, el cuándo, entendiendo que había que honrar la deuda.
¿De cuándo es la deuda de largo de plazo que el gobierno corrió a pagar en entre junio y julio?
De cuándo venía y de cuáles colocaciones no le puedo dar la información. Sí le puedo decir que, de las colocaciones de 2017, el 48% vencía en 2018 y, dado que Hacienda no cumplió con sus metas de canje, es por eso que se está presentando el presupuesto extraordinario.
Ese tema de buscar responsabilidades no se va a dejar de lado, pero yo quisiera que el país no se enfoque ahí, sino en la búsqueda de soluciones ya. Con facilidad a veces nos desenfocamos.
¿Le está hablando a los diputados que quieren elevar la investigación al Ministerio Público?
A todos en general, porque uno ve, escucha sobre buscar responsables y buscar sangre, sin embargo, eso se va a investigar, pero que ese no sea el tema más importante.
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¿Ustedes habían detectado esta situación?
Hace unas tres semanas habíamos preguntado al Ministerio de Hacienda, precisamente para el estudio (de Evolución Fiscal), detectamos que la partida presupuestaria para la amortización ya estaba ejecutada en 90%, casi lo del todo año. Nos llamó mucho la atención. Pedimos las explicaciones y ahí nos empezamos a dar cuenta.
¿Qué tan grave es la situación fiscal del país?
Hay que tomar medidas ya. El déficit se sigue ensanchando, los ingresos crecen cada vez menos, contra un gasto que crece de manera superior, sin que el país esté haciendo cambios sustantivos, viendo los riesgos de liquidez, que cada vez cuesta colocar deuda.
Hay un riesgo de refinanciamiento, ahora hay que ofrecer tasas más altas, plazos más cortos y se ha diversificado la deuda a moneda extranjera; todos esos son riesgos. Todo esto es consecuencia de no tomar acciones por años y puede tener repercusiones nocivas.
¿Los diputados tienen que aprobar ese presupuesto extraordinario?
Lo va a tener que aprobar porque va a tener que levantar el límite de endeudamiento.
¿Podría caer el gobierno caer en impago?
El Gobierno no puede caer en impago, eso sería nefasto para nuestro país. Y por eso decimos que la Asamblea Legislativa tome las decisiones que tienen que tomar pronto, muy pronto. Yo creo que ha pasado mucho tiempo y eso ha permitido que la situación de la finanzas se deteriore cada vez más y se deban tomar medidas más drásticas.
“Lo que ya estamos viendo no me gusta nada”.
¿A cuánto estamos de una crisis?
Estamos al borde, porque aquí lo que hay que entender es que el límite de endeudarnos ya lo rebasamos, la capacidad del país no está para eso.
¿Fue un error de transparencia que el gobierno no saliera a decirlo?
Respeto las decisiones que tome el gobierno, pero para mí es un tema de transparencia presupuestaria. Esto junto a otras prácticas, los temas de Bancrédito, los compromisos del Estado con la CCSS que no se está presupuestando, esas son prácticas que no son buenas.
¿Hay un gasto excesivo del gobierno?
El gasto del primer semestre creció a una tasa de un 8,6% mientras que los ingresos corrientes, en un 1,1%. La diferencia es bastante y el país no está haciendo nada. Se están dejando de hacer cosas importantes de carácter estructural.
El tema de las transferencias corrientes absorben un porcentaje muy alto del presupuesto de la República. El tema de los destinos específicos, el país debe darse la oportunidad de revisar si esos destinos deben continuar o si se deben aportar a otras instituciones. Lo cierto es que el gasto es exorbitante, algunos de los gastos crecen de manera inercial.
¿Está cumpliendo el gobierno con esas obligaciones?
No ha tenido la capacidad de financiarlo en su totalidad, como el 8% a la educación. Para este 2018, se dejó de asignarse dineros al IMAS y al IAFA y otros, pero sí fueron millones de millones que no se logran cumplir. Ha sido la práctica en los últimos años, que se dejen de asignar dinero para los destinos específicos por millones, ¢180.000 por un año, ¢160.000 otro año.
En el corto plazo, ¿el gobierno podrá seguir pagando salarios, por ejemplo?
Sí, mientras el gobierno siga haciendo esfuerzos por colocar deuda y haya inversionistas dispuestos a invertir, pero todo está dentro de lo posible. Yo no podría decir que estamos en ese tipo de crisis, pero vamos encaminados hacia allá si el país no aprueba la reforma fiscal. La reforma fiscal, una vez aprobada, no va a recaudar el dinero inmediatamente. Mientras tanto, el gobierno tiene que continuar financiando. La reforma va a dar el alivio, pero después de esto el país debe hacer los cambios estructurales.
¿Tiene una opinión sobre los nuevos textos que ha enviado el Gobierno al Congreso?
Eso ha estado cambiando todos los días; pero le puedo decir que ya la reforma no tiene la robustez que inicialmente tenía, pero sigue siendo importante lo que recaudaría.
