EscucharEl incontenible aumento de la deuda estatal y el consecuente estrujamiento de la inversión pública son señales que para la contralora general de la República, Marta Acosta, ya no se deben pasar por alto.
Por ello, Acosta aprovechó una comparecencia ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios para volver a insistir en la necesidad de aprobar una ley marco sobre endeudamiento público.
El pasado 4 de octubre, la funcionaria fustigó ante los diputados el hecho de que el 46% del Presupuesto Nacional del 2024 (¢5.814.600 millones) esté destinado al pago de deuda, intereses y amortizaciones.
En términos nominales, el dinero para cubrir estas obligaciones aumentó en ¢166.876 millones (un 3%) en comparación con el plan de gastos del Gobierno Central para el 2023.
Acosta sostuvo que esta situación deja escaso margen para planes de inversión y frena el desarrollo económico del país.
En ese sentido, manifestó que una ley marco serviría tanto para tener control de los financiamientos públicos como para evitar la inflexibilidad que hoy comprime otros rubros.
La propuesta de aprobar una legislación de este tipo fue planteada en el 2021 por la Contraloría, y ha recibido el apoyo del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Las modificaciones
El plan sugiere acabar con la alta fragmentación que existe en las normas de deuda que rigen al sector público, poner topes al endeudamiento y esclarecer vacíos en algunas figuras de financiamiento.
La ley vendría a estandarizar conceptos, potestades, obligaciones y prácticas mínimas de gestión para todo el sector público, contribuyendo a la integración de las finanzas estatales.
El objetivo sería proporcionar solidez y robustez a la gestión del endeudamiento, facilitando a los gestores de deuda criterios técnicos claros para la toma de decisiones.
Asimismo, pretende incorporar principios de transparencia y rendición de cuentas, para ofrecer mayor confianza en la gestión del endeudamiento y dotar al Estado de estadísticas e información.
Contraloría señaló fragmentación
Para sustentar su propuesta de crear una ley marco de deuda pública, la Contraloría presentó, en el 2021, un informe que señaló la existencia de una alta fragmentación en las normas que regulan esta materia.
El documento alertó de que hay un total de 76 normas, divididas en 23 de legislación primaria y 53 de legislación secundaria.
Dicha fragmentación, según señaló, genera que la normativa se divida en dos grupos. Por un lado, están las regulaciones de mayor alcance institucional, que cobijan a entidades bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.
También están las regulaciones “satélite”, las cuales ofrecen tratamientos diferenciados y excepciones en instituciones específicas o grupos de entidades, como municipalidades o cooperativas.
Por otro lado, la Contraloría indicó que la legislación actual muestra debilidades, así como definiciones poco claras e imprecisas sobre mecanismos de endeudamiento, potestades y propósitos.
El informe también propone crear marcos de gestión de riesgo y sostenibilidad más allá del Gobierno Central, creando contrapesos mediante límites al endeudamiento y rendición de cuentas.
