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Para Marta Acosta, contralora general de la República, la atención de la emergencia causada por la propagación de la covid-19 requiere que los políticos encuentren posibilidades de ahorro en instituciones que perdieron la eficiencia o su razón de ser.
En la mira del ente contralor están entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Producción (CNP) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La tarea, según la jerarca, debe sacarse pronto. La situación económica del Estado ya era difícil, y la pandemia a la que se enfrenta el país complica aún más la distribución de los recursos públicos.
“Necesitamos urgentemente identificar espacios de ahorro y de eficiencia para una mejor asignación de los escasos recursos para atender la emergencia, lograr resultados y también para la sostenibilidad futura”, afirmó la contralora a La Nación.
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Acosta lanzó el mensaje a los diputados este martes, durante una sesión virtual de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la que llamó a los legisladores a revisar y reformular las instituciones que no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos.
La contralora detalló a este medio los criterios que, en su opinión, deberían considerar los tomadores de decisión —del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, por ejemplo— para buscar cómo pueden hacer más eficiente el gasto público.
En febrero, el déficit fiscal del gobierno llegó a ¢361.455 millones, equivalentes a 0,94% de la producción nacional. Según las estimaciones del Ministerio de Planificación, la eliminación de duplicidades en el Gobierno Central le ahorraría al país ¢16.000 millones anuales.
De acuerdo con Acosta, se debe partir de la premisa de que los recursos son muy limitados, aún más en momentos en que las autoridades deben atender un número creciente de pacientes de covid-19 y, a la vez, aliviar la afectación económica que la pandemia causa en miles de hogares y comercios.
“Por tanto, todo cuanto hagamos en la institucionalidad debe ser eficiente, desde el punto de vista de su uso pero no menos importante, desde el punto de vista de la ciudadanía”, afirmó Acosta.
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Según la funcionaria, una institución pública debe revisarse y ajustarse cuando no está cumpliendo su propósito o su razón de ser; cuando no satisfaga a la sociedad o no le agregue valor a la población.
Los análisis del órgano contralor señalan algunas instituciones que podrían haber caído en esa situación. Acosta mencionó al CNP, el INVU, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).
La Contraloría también señala oportunidades de mejora en el manejo de los recursos públicos del PANI, la gestión fiduciaria del Banco Popular y los nueve órganos desconcentrados del sector salud (Consejo Nacional de Investigación en Salud y la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, por ejemplo).
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"Las señales han emanado de nuestros estudios, tales como la situación financiera deteriorada o la baja calidad y capacidad para brindar servicios, duplicidades en las funciones, “marcos jurídicos complejos, que dificultan esa satisfacción del interés general de forma eficiente y efectiva”, afirmó Acosta.
“Esto no excluye una revisión a fondo de la capacidad institucional, bajo las nuevas circunstancias, para hacer frente al complejo panorama que enfrentaremos posterior a la presente crisis; es decir de sus implicaciones posteriores”, añadió la contralora.
De acuerdo con Acosta, para emprender el proceso de revisión institucional, el Ministerio de Planificación tendría que hacer sus propias contribuciones, mientras que a los demás actores políticos les correspondería hacer las valoraciones pertinentes.
El año pasado, el Ejecutivo emprendió un análisis sobre si es necesario mantener 76 órganos desconcentrados del Gobierno Central, o si algunos podrían fundirse a los ministerios de los cuales dependen.
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En febrero, Pilar Garrido, ministra de Planificación, anunció que al siguiente mes se presentaría un proyecto de ley para reducir la dispersión de instituciones y maximizar los recursos. Según el Ministerio de Hacienda, el plan eliminaría duplicidades en 20 organismos desconcentrados.
No obstante, el plan no se ha introducido a la corriente legislativa y no se ha comunicado una nueva fecha de presentación.
Marta Acosta insta a las autoridades a aprovechar el contexto de emergencia nacional para analizar las posibilidades de reforma institucional.
“En la situación de crisis sanitaria, social y económica en que nos encontramos, más que nunca hay una oportunidad para revisar, ajustar y reformar", aseguró Acosta.
