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Marta Acosta, contralora general de la República, les planteó este jueves a los diputados un proyecto de ley para ahorrar un 1% del PIB en las finanzas públicas, lo que equivale a unos ¢370.000 millones, mediante la centralización de las cuentas bancarias de las instituciones en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Actualmente, numerosas instituciones guardan su dinero en bancos comerciales y, aunque acumulen millonarios superávits, el Gobierno Central les sigue trasladando recursos.
Esta situación permite, por ejemplo, que las entidades le presten su dinero ocioso al Gobierno mediante la compra de bonos de deuda pública, aún cuando ese dinero proviene del propio Ministerio de Hacienda.
Entonces, los contribuyentes pagan impuestos para financiar las transferencias a las instituciones y, luego, se les cobra impuestos para pagar los intereses del dinero que las entidades le prestaron al Poder Ejecutivo.
Este jueves, la contralora explicó que, actualmente, es difícil conocer cuál es la liquidez del Estado, pues los fondos de las diversas instituciones se encuentran esparcidos entre Caja Única, bancos comerciales y otras entidades.
La propuesta de la Contraloría General consiste en centralizar las cuentas de las instituciones en el Banco Central con cuentas a nombre de cada una.
El Ministerio de Hacienda les depositaría allí las transferencias a las entidades mediante un sistema automatizado, pero con mayor información sobre la disponibilidad de recursos de cada una.
Se trataría de una caja única del Estado neutral, regida por la Tesorería Nacional.
Según la contralora, además de propiciar un considerable ahorro en momentos críticos para las finanzas públicas, la iniciativa le daría trazabilidad a la disponibilidad de los fondos públicos.
El cambio también generaría ahorros en el pago de comisiones bancarias.
La propuesta cubriría a toda entidad pública o privada que administre ingresos públicos. Es decir, se regiría por la naturaleza de los ingresos y no por la naturaleza de las instituciones.
Únicamente se exceptuarían los ingresos de las actividades en régimen competencia, los fondos de pensiones, las cuotas obrero patronales y cuota estatal.
Acosta resaltó que, solo en 2018, la CGR contabilizó más de ¢8.000 millones ociosos fuera de la Caja Única del Estado.
Acosta presentó la iniciativa, que la Contraloría trabaja desde hace un año, en la reunión semanal de jefes de fracción.
“El proyecto lo que busca es integrar el manejo de liquidez, que es totalmente fragmentado, desintegrado y poco transparente.
“Estamos trabajando este tema para presentar este proyecto de ley que, en concreto, busca centralizar ese manejo generando ahorros en intereses, menor endeudamiento, aprovechamiento de las economías de escala, aprovechamiento de fondos ociosos”, comentó la contralora.
El texto del proyecto será entregado al Poder Legislativo en los próximos 15 días por la Contraloría General de la República (CGR).
La jerarca del ente contralor resaltó que esta iniciativa ayudaría con la coyuntura fiscal que vive el país, especialmente en cuando el endeudamiento llegó a un 68,2% del PIB en mayo de este 2021.
Creación de una CUT
En diciembre del 2020 la CGR planteó la creación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), la cual va en la misma línea de la propuesta presentada este jueves, pues la idea era ordenar a todas las instituciones públicas a depositar su dinero en una cuenta a su nombre en el BCCR.
La propuesta del órgano contralor es generar un monitoreo permanente sobre los recursos y así detectar los fondos ociosos, los cuales podrían ser utilizados por Hacienda para cubrir las necesidades del Gobierno y, con ello, evitar emitir nuevos títulos de deuda.
“La implementación de la CUT propiciaría ahorros relacionados con la adecuada gestión de la liquidez, pues favorece la toma de decisiones sobre el endeudamiento, reduce considerablemente los costos del servicio de la deuda pública y las necesidades de reservas líquidas, y ayuda a maximizar el rendimiento de las inversiones del excedente de efectivo”, dice una reflexión de la CGR.
El segundo ahorro que generaría la CUT tiene que ver con el costo de las transacciones financieras.
La Contraloría estimó que, en un escenario donde los recursos no se encuentren dispersos y se aprovechen los excesos de liquidez en la gestión de la Tesorería, se habría obtenido un ahorro potencial de aproximadamente un 0,8% del PIB entre enero de 2019 y septiembre de 2020.
La Contraloría añadió que se economizaría aún más si al cálculo se le suman las cuentas que las instituciones poseen en bancos no estatales.
Plataforma integraría finanzas estatales
En el planteamiento de la CUT presentado a finales del 2020, también se habló de utilizar una plataforma para contar con un uso más eficiente de los recursos públicos.
Sobre este tema la Contraloría insistió en la utilización de una plataforma electrónica que permitiría conocer en tiempo real cómo se están utilizando los fondos estatales.
Se trata del el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), del BCCR, por lo que no se debe de invertir en la creación de una nueva plataforma.
En diciembre pasado, la CGR también indicó que 33 instituciones ya estaban haciendo uso de la plataforma de SINPE, donde colocan su cuenta en el Banco Central y ahí manejan sus recursos.
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