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La contralora general de la República, Marta Acosta, sugirió a los diputados obligar a Japdeva a devolverle a la Hacienda Pública ¢2.000 millones que se le girarían a la entidad portuaria, como parte de su segundo rescate financiero en dos años.
Así lo planteó la jerarca, el martes pasado, durante su audiencia ante los congresistas de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quienes estudian la solicitud del sétimo y octavo presupuestos extraordinarios del Gobierno Central para 2021.
Mediante la aprobación del segundo de esos planes de gastos, los diputados permitirían al Estado endeudarse por ¢6.000 millones para trasladarle recursos, una vez más, a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
De esos fondos, ¢4.000 millones se asignarían para el pago de salarios y contribuciones sociales, es decir, gasto corriente. Mientras que los restantes ¢2.000 millones se destinarían para el pago de liquidaciones de plazas innecesarias que la entidad no ha logrado recortar por falta de fondos.
El planteamiento que Acosta hizo a los diputados de la comisión legislativa, es someter a la Junta a firmar un contrato para que, en el plazo de cinco años, reponga al Estado la segunda partida.
“Los ¢2.000 millones que se incorporan para Japdeva, para concluir su proceso de reestructuración, deberían otorgarse en condición de préstamo. Para ello debería firmarse un convenio para que estos sean devueltos al Estado. Esto está establecido en la Ley de Transformación de Japdeva”, afirmó Acosta.
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Fracaso en rescate por ¢49.000 millones
Durante el segundo semestre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas por ¢49.000 millones para rescatar de la quiebra a la entidad portuaria limonense.
Con aquellos recursos, alegaron diputados y autoridades de Gobierno, la empresa estatal lograría alcanzar su punto de equilibrio financiero. Para hacerlo, debía desprenderse de un 80% de su personal, que en ese entonces sobrepasaba los 1.200 empleados.
Ese plan contemplaba, por ejemplo, el pago de hasta ocho salarios extra para los trabajadores que aceptaran el despido, así como un sistema de prejubilación para empleados mayores de 55 años.
Durante los primeros meses, la Junta logró liquidar a cerca de 700 empleados. No obstante, ese proceso se vio suspendido por el embargo preventivo de las cuentas bancarias donde estaban esos recursos, a raíz de un antiguo reclamo laboral del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
La empresa estatal no pudo usar esos recursos por más de un año y, en cambio, tuvo que sostener una planilla de 510 trabajadores, cuando en realidad sus ingresos solo alcanzaban para mantener a 275 empleados.
De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR) el costo de aquel embargo ascendió a ¢5.655 millones. Ese fue el monto que la entidad pagó por tener 235 trabajadores de más en su planilla, entre salarios y cargas sociales.
Por ello, Acosta urgió la necesidad de terminar la reestructuración de la entidad lo antes posible. “Es imprescindible que la institución finalice el pago de recursos (prestaciones), ya que cada día adicional se traduce en aumento en las obligaciones”, afirmó.
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La contralora además detalló que, al primer semestre de 2021, el déficit financiero de la institución (diferencia entre gastos e ingresos) fue de ¢2.513 millones.
A mediados de setiembre, cuando el Gobierno envió el proyecto a la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, Carlos Alvarado, defendió la necesidad del presupuesto extraordinario y responsabilizó a Sintrajap de que el primer rescate financiero no prosperara.
“No era deseable llegar acá, pero tuvimos poco más de un año en que el sindicato tuvo embargadas las cuentas de Japdeva. O sea, el sindicato de trabajadores de Japdeva se convirtió en el peor enemigo de Japdeva”, afirmó Alvarado.
Agregó que el propósito de su administración es dejar resuelta la situación de Japdeva, para que deje de demandar recursos del Estado. Yo podría decir ‘que resuelva el que venga’, pero no voy a hacer eso. Por eso presenté el presupuesto para dejar resuelto el problema de Japdeva”, indicó el día 17 del mes anterior.
De los ¢49.000 millones que se le transfirieron a Japdeva, como parte del primer salvavidas, la entidad solo deberá reponer ¢10.000 millones: ¢3.500 millones al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y ¢6.500 millones al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Dichos recursos fueron girados por esas instituciones como parte de sus superávits financieros.
