La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió este martes a los diputados que el proyecto de empleo público presentado por el Gobierno, no elimina las disparidades salariales que existen en el sector estatal.

Para Acosta, dicha iniciativa es insuficiente porque mantiene ocho regímenes salariales que se pueden regir con sus propias normas y, por ello, no se alcanza el propósito original de establecer una remuneración uniforme para los trabajadores estatales.

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El proyecto, por ejemplo, separa a los funcionarios generales, como los del Servicio Civil, de los municipales o de las universidades públicas. También crea subregímenes para los empleados del Poder Judicial y profesionales médicos.

Actualmente, esos regímenes tienen diferencias importantes en cuanto a los salarios y compensaciones. Lo anterior ocasiona que, por ejemplo, algunos alcaldes ganan hasta el doble que el presidente de la República.

La contralora sostuvo que sí es posible crear un único régimen salarial con reglas claras para todos los empleados públicos, los cuales suman más de 300.000 y representan un gasto promedio de ¢5,7 billones al año en sueldos.

Acosta acudió este martes a la comisión legislativa de Gobierno y Administración para exponer sus criterios sobre el proyecto de empleo público, el cual fue presentado por el Ministerio de Planificación en abril pasado, como parte de un compromiso de reducción del gasto público.

Antes de presentar el proyecto, el Poder Ejecutivo no consultó al órgano contralor, sino que lo hizo después de su presentación al Congreso, confirmó Acosta.

“No fue exhaustivo en la revisión de las distinta normativa técnica que existe en empleo público, faltó precisión en algunos aspectos y además el tema de fondo nuestro es que continuamos con la dispersión de normativa y la complejidad del empleo público; no resuelve la situación, desde nuestro punto de vista creo que hay que reformularlo y hacerle mejoras importantes”, dijo Acosta a La Nación, tras su comparecencia.

Omisiones

Además de la incongruencia entre el objetivo del proyecto y lo propuesto, Acosta señaló la necesidad de corregir algunas omisiones.

Para la Contraloría, la definición de salario global es muy básica y amplia y se presta para la interpretación administrativa; tampoco incluye un régimen sancionatorio.

La funcionaria señaló, por otra parte, que el proyecto no reforma el artículo 20 del Código Municipal. el cual establece la fórmula para definir los salarios de los alcaldes.

Otra de sus observaciones tiene que ver con el impacto de las compensaciones no económicas.

Al respecto indicó que no se analiza el impacto de las licencias de paternidad y de otros permisos, o de las vacaciones de un mes que permite esta propuesta. Sobre esto último señaló que una de las omisiones es que no dice si es un mes en días naturales o hábiles.

El proyecto señala que las compensaciones económicas por excelencia se limitan al 30% de los empleados públicos, pero no se regula cuál es el escenario si más empleados alcanzan la excelencia.

“Esas omisiones nos hacen creer que vamos a seguir bastante parecido”, advirtió la jerarca.

Al respecto, el diputado liberacionista Fernando Chacón criticó el proyecto de Gobierno al considerarlo “inmaduro” y “crudo”. Aseguró que el Ejecutivo debe procurar enviar un proyecto lo más terminado posible.

"No se vale mandar productos con tantas incongruencias", dijo Chacón.

Por otro lado, la diputada Aracelly Salas, cuestionó si este tipo de proyectos, de alcances limitados, se legisla solo para unos empleados públicos, mientras otros mantienen sus mismos privilegios. Mencionó como ejemplos los alcaldes y los funcionarios del Poder Judicial.

En la sesión participaron los diputados Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong de Liberación,; así como Nielsen Pérez (Partido Acción Ciudadana); Aracelly Salas (Partido Unidad Social Cristiana), y Jonathan Prendas (bloque fabricista).