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La Contraloría General de la República (CGR) mantiene bajo investigación la administración del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R. L.).
Dicha indagación la lleva a cabo el Área de Denuncias de la CGR, según confirmó la oficina de prensa del órgano contralor, pero sin dar detalles del trámite por ser confidencial.
La noticia sobre la pesquisa coincide con la presentación de una denuncia, el 30 de marzo, del diputado Mario Redondo (Partido Alianza Demócrata Cristiana), quien pidió determinar si la cooperativa es “idónea” para recibir recursos públicos y cargas parafiscales por el orden de los ¢1.500 millones al año.
El gerente general del Cenecoop, el exlegislador y exministro de Agricultura, Rodolfo Navas, aseguró a La Nación que el estado financiero de la entidad es sólido, así como el manejo de los recursos públicos.
Las dudas. En su denuncia, Redondo pide investigar giros del Estado entre el Cenecoop y la Unión Nacional de Cooperativas (Unacoop R. L.), el Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH), La Catalina R. L., la Unión Cooperativa de Servicios a Empresas de la Economía Social (Unicoop R. L.) y el Grupo Empresarial y Cooperativo de Servicios Educativos (Gecse).
El factor común entre esas empresas es que Navas las preside o las gerencia, algo que el ejecutivo cooperativista considera lógico y normal, por ser el Cenecoop el socio mayoritario en esas firmas.
Sin embargo, a Redondo esa relación le genera suspicacias.
“En apariencia, no existen mecanismos de control interno, ni informes de ejecución presupuestaria”, se lee en su queja.
El posible conflicto de intereses que Redondo ve en la administración del Cenecoop lo extiende a la presencia de Guillermo Hidalgo Blanco, miembro del Consejo de Administración de esa entidad, quien además es el representante de varias sociedades vinculadas a Navas, entre estas Libertad Diecinueve S. A. e Inversiones Joremi de Playa Azul S. A.
Redondo argumenta que Hidalgo es funcionario de Uniseguros R. L. y gerente general de La Catalina R. L., ambas firmas presididas por Navas.
Para esta última, Hidalgo pudo hacer un préstamo por ¢255 millones con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) gracias a que Navas cedió una finca de su propiedad como garantía real, pues el Cenecoop ya tenía comprometidas sus propiedades en otros créditos financiados con recursos públicos.
Navas dijo que responder con su patrimonio a favor de La Catalina R. L. fue un acto de “confianza en el cooperativismo”, al que pertenece desde hace 30 años.
Parte del crédito sirvió para que La Catalina construyera ocho cabinas de montaña en Ochomogo, en el campamento Oikoumene, donde se capacita a empresarios y gerentes de la economía social, tarea a la que se dedica el Cenecoop, para lo cual compra servicios de hospedaje y comidas a su firma afiliada.
Pese a los vínculos comerciales y empresariales, Navas afirmó a La Nación que no ve actuación irregular en su decisión de poner a responder un terreno suyo en favor de La Catalina.
Primero, Navas explicó que al constituirse el préstamo, él no estaba ligado con la administración del Cenecoop, pero luego aceptó que ya era gerente general para cuando se formalizó.
“Había oportunidad de obtener este crédito; no había otras garantías, porque todas estaban congeladas en el Infocoop; esta garantía podía ser transitoria”, apuntó el gerente.
Añadió que el Infocoop “no objetó en forma alguna” que su propiedad sirviera como garantía para respaldar el préstamo.
Pese a manejar recursos públicos, hasta este año el Cenecoop decidió crear una auditoría interna debido al crecimiento de sus operaciones.
En el 2015, el patrimonio del Cenecoop ascendía a ¢6.372 millones y, según la denuncia ante la CGR, el ente cooperativo tiene deudas por ¢1.772 millones.
