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La Contraloría General de la República (CGR) confirmó este miércoles que abrió una investigación de oficio sobre los millonarios contratos que diversas instituciones han otorgado al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), varios de ellos sin concurso público, para el manejo de la publicidad estatal.
El ente contralor inició las indagaciones el pasado mes de julio e incorporó al expediente las denuncias que entraron posteriormente.
“En atención a la normativa vigente y por tratarse de una indagación en curso, no es posible adelantar criterio alguno ni dar acceso a información adicional. Cuando emitamos algún producto de dicho estudio, podremos informar al respecto”, concluyó la entidad.
Entre las denuncias recibidas por la Contraloría se encuentra la planteada por los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes pidieron investigar las contrataciones realizadas sin concurso por instituciones públicas a la agencia de publicidad de Sinart.
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“Nos llama la atención que la mayor parte de esas contrataciones se realizan de forma directa, es decir, sin mediar concurso alguno, en lugar de efectuar una licitación pública con agencias de publicidad, en busca de la mejor oferta para los intereses de la institucionalidad pública”, afirmó el socialcristiano Horacio Alvarado.
A su vez, el Sinart contrató a tres empresas para cumplir con los contratos de las instituciones. Una de las firmas selecciones es Nocaut, representada por Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó como asesor presidencial.
Bulgarelli, además, participó en el diseño de un contrato para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial y luego ganó la contratación, la cual se financia con $300.000 provistos por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.
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Fernando Sandí, presidente del Sinart, dijo a los diputados que, en la empresa de Bulgarelli, trabaja un hijo del otro asesor presidencial, Federico Cruz.
De acuerdo con Navarro, Bulgarelli prometió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, contratar a Cruz.
La petición de investigar las contrataciones del Sinart fue firmada por los nueve legisladores que integran la bancada del PUSC, quienes añadieron que fundamentan su solicitud en informaciones periodísticas, como las publicadas por La Nación, que dan cuenta de dichas contrataciones.
“Los reportajes periodísticos e información recabada dan a luz una posible estructura de concentración de dinero público, contra criterios técnicos e informes legales, que se habría hecho para evadir la entrada en vigencia de las nuevas reglas de la Ley de Contratación Pública”, dice la nota del PUSC.
La Contraloría especificó que la investigación es llevada a cabo por el área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, que a su vez pertenece a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.
Según informó un reportaje publicado por La Nación en el mes de junio, el Sinart obtuvo un conjunto de contratos de manejo de publicidad estatal, cuyo monto acumulado asciende a la suma de ¢7.925 millones, con un total de 14 instituciones gubernamentales.
Entre las entidades contratantes están el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
El AyA y el ICE contrataron al Sinart de forma directa, sin efectuar un concurso público, en esta administración.
Algunos de los servicios que ofrece la agencia de publicidad de Sinart a las citadas instituciones son la colocación y distribución de la pauta del Estado, manejo de redes sociales, realización de eventos y campañas publicitarias, producción de videos y grabación de cuñas radiales.
