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La Contraloría General de la República (CGR) abrió un procedimiento administrativo contra cinco funcionarios públicos por los pagos de deuda que se realizaron sin autorización del Congreso en el 2018.
Entre ellos, están el exministro y la actual ministra de Hacienda, Helio Fallas y Rocío Aguilar, respectivamente, así como la tesorera nacional, Marta Cubillo; el director de Crédito Público, Melvin Quirós; y Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público.
La apertura del proceso disciplinario fue confirmada este martes Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), quien desde agosto realizó gestiones para que la Contraloría investigara el hueco presupuestario dejado por la pasada administración de Luis Guillermo Solís.
De acuerdo con Hernández, la entidad contralora finalizó una investigación preliminar que fue trasladada a la División de Asuntos Jurídicos de ese órgano, la cual está a cargo de las investigaciones.
Entre los oficios mostrados por Hernández a los medios de comunicación figura uno, con fecha del pasado 14 de marzo, en el cual la Contraloría le confirma que la investigación preliminar se finalizó y que los resultados fueron enviados a Asuntos Jurídicos para evaluar la apertura de procedimientos disciplinarios.
Después, el 10 de abril, dicha división le confirmó a la liberacionista la apertura del proceso contra los cinco funcionarios.
La investigación está relacionada con un faltante de ¢600.000 millones que el anterior gobierno dejó sin presupuestar para el año 2018, pese a que existían indicios y datos de que el plan de gastos solicitado al Congreso, y aprobado por este, resultaría insuficiente para pagar el servicio de la deuda interna, a corto y largo plazo.
Lo anterior derivó en pagos sin contenido presupuestario que se ejecutaron desde febrero de ese año, durante la pasada y la presente administración, hecho que fue denunciado por la CGR y la propia jerarca del Ministerio de Hacienda, Rocío Aguilar.
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Pese a que la administración de Luis Guillermo Solís conocía de la insuficiencia presupuestaria, no advirtió a las nuevas autoridades ni presentó a tiempo un presupuesto extraordinario ante el Congreso.
Según confirmó Hacienda a La Nación semanas atrás, previo a que la Asamblea Legislativa tramitara un presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones, la Tesorería debió amortizar ¢216.387 millones en la deuda de corto plazo, del 25 de enero al 4 de abril del 2018.
Luego, giró ¢184.674 millones del 2 de julio al 10 de setiembre del 2018.
