Escuchar
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió riesgos de duplicidad de funciones en el proyecto de ley para la creación del Programa Nacional de Alfabetización Digital, iniciativa que pretende reducir brechas digitales en la comunidad educativa.
En un criterio enviado al Congreso, la CGR expuso que la redacción de la propuesta asigna a dos instituciones la ejecución de proyectos sin contar con justificaciones precisas.
De acuerdo con el informe, la iniciativa no hace diferencias claras entre las funciones que deberán desarrollar la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).
“Se identifica que la propuesta de ley no plantea una justificación técnica o jurídica por la cual deben ser dos instancias distintas (SUTEL y MEP) las que formulen pliegos de condiciones y ejecuten proyectos que, en última instancia, pretenden cumplir metas, prioridades y proyectos contenidos en el PNDT", indica el texto
La Contraloría alertó de que se “podría conducir a que no exista en la práctica una distinción clara, produciendo el riesgo de duplicidad en procesos de adquisición de bienes o servicios a financiar con fondos públicos”.
En el proyecto de ley, agrega, se introduce la generación de programas en los no se “determina técnicamente” alguna diferencia con los que se encuentran vigentes.
Tal es el caso de los programas para crear infraestructura, proveer servicios de conectividad, equipo y material didáctico.
Según la Contraloría, el planteamiento implica un riesgo de duplicidad, pues para la ejecución de este tipo de proyectos ya existe ordenamiento jurídico.
“El Programa Nacional de Alfabetización Digital promovido plantea metas que ya el ordenamiento contempla, tal como la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la conectividad, el servicio de conectividad y equipamiento; de ahí que proyectos que fomenten dichos temas podrían ser difícilmente distinguidos en cuanto a la instancia para tramitar su formulación o ejecución, pudiendo traslaparse procedimientos”, alertan.
El objetivo del proyecto de ley es permitir el acceso y servicio universal de servicios de telecomunicaciones, especialmente para los estudiantes marginados.
Como fuente de financiamiento se plantea utilizar $350 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
La idea es dotar de Internet de banda ancha a los 4.600 centros educativos que hay en el país, en un plazo de cinco años, y conectarlos entre sí.
La propuesta también pretende que los ciudadanos en general se beneficien con equipo y conexión en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), para desarrollar las habilidades tecnológicas en quienes carecen de una plataforma similar.
Para velar por la correcta ejecución de los fondos, la Contraloría recomienda hacer una distinción entre el contenido didáctico que actualmente producen el MEP y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), y el material que se financiará con Fonatel para este proyecto.
Esto permitiría garantizar la continuidad de los fondos y así mantener la prestación universal de los servicios.
El órgano contralor también expone sus preocupaciones por el uso eficiente de recursos públicos, pues señala que, en las evaluaciones realizadas al MEP, se han detectado “algunas debilidades, en términos de planificación estratégica en la cobertura e iniciativas propuestas”.
Reducir brecha digital
Los beneficiarios del Programa Nacional de Alfabetización Digital serán la comunidad educativa del sistema de educación pública y los usuarios de los centros de prestación de servicios públicos del Micitt.
Este proyecto de ley es impulsado por el gobierno del presidente Carlos Alvarado, y la diputada liberacionista Yorleny León.
Según la propuesta, se espera que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades en el uso de dispositivos, programas, lenguajes de programación, la carga y descarga de archivos, entre otras habilidades necesarias para su desarrollo profesional.
Para los impulsores de la iniciativa, este proyecto es de vital importancia luego de que la pandemia de la covid-19 dejara en evidencia la brecha digital de la comunidad educativa de nuestro país.
“La existencia de diferencias en el acceso a los servicios de telecomunicaciones y a dispositivos son una limitante para poder potenciar el nivel de alfabetización digital de Costa Rica”, asegura el proyecto de ley.
Este programa forma parte de la Red Educativa del Bicentenario, un proyecto con el que se busca conectar a las escuelas y colegios por medio de Internet, así como brindarles a los jóvenes y niños la oportunidad de tener acceso al servicio.
Según un reportaje de La Nación, la educación a distancia impuesta por la covid-19 mostró la carencia del acceso a Internet por parte de que muchos alumnos y profesores, y la falta de destrezas tecnológicas del docente han generado retrocesos académicos.
LEA MÁS: Nuevo intento del MEP para llevar Internet rápida a escuelas y colegios costará $350 millones
