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La Contraloría General de la República (CGR) ve con buenos ojos y considera viable el proyecto de ley para eliminar las anualidades en el sector público, como medida de ahorro para la atención de la pandemia del covid-19.
En un oficio entregado a la Asamblea Legislativa, el jueves, la entidad aseguró que la situación social, económica y fiscal del país amerita este tipo de acciones, tanto en la vía de ingresos como de contención del gasto.
“Resulta válido el aprovechamiento de aquellos recursos derivados de incentivos que no han sido reconocidos ni pagados”, detalla el criterio DFOE-SAF-0184 (5467) de la entidad.
El análisis del proyecto lo firman Rodrigo Carballo Solano, fiscalizador de la CRG, y Julissa Sáenz Leiva, gerente de área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría.
Específicamente, la Contraloría alega que, si bien es cierto la emergencia sanitaria exige medidas ágiles, oportunas y eficientes para contribuir con la sostenibilidad fiscal y financiera del país, en el planteamiento original del plan no se aclaraba el monto por recaudar con la medida.
Además, recomienda no hacer ninguna excepción en el pago de las anualidades, como proponía la iniciativa originalmente, que establecía una excepción para que los funcionarios del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y los cuerpos de policía sí lo recibieran.
En opinión de la entidad, es comprensible que el Poder Ejecutivo quiera incentivar los esfuerzos de los servidores que están en la primera línea de combate al covid-19.
“En muchas otras áreas de la administración pública hay funcionarios de instituciones diferentes a las enumeradas en el proyecto también abocados a la atención de la emergencia, desde sus competencias”, destacó la institución.
Los diputados, en todo caso, tienen la potestad de decidir cuáles aspectos de la relación laboral se deben incentivar por el pago de anualidades, pero el órgano contralor señaló que “a menos que haya criterios técnicos o jurídicos suficientes, no debería haber excepciones” a la suspensión del pago de la anualidad.
El punto es que este no es un plus con el que se cubra el riesgo laboral.
Este criterio de la Contraloría se basa en la primera versión del proyecto para suspender el pago de las anualidades, que cambiará si los legisladores acogen la versión de texto sustitutivo, presentada por las ministras de Trabajo, Geannina Dinarte, y Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido.
La primera versión propone suspender el pago de la anualidad que se pagaría este año, por la evaluación del periodo 2019-2020.
No obstante, esa propuesta se habría tenido que aprobar antes de que empiece junio, pues este mes se gira ese pago a los servidores públicos.
La nueva versión del Gobierno propone que se suspenda el pago de anualidades para los siguientes dos periodos, 2021 y 2022.
Además, elimina la excepción propuesta en el texto base, que proponía pagar la anualidad a los trabajadores sanitarios y policiales. En consecuencia, la nueva versión ya no haría excepciones y propone suspender el pago generalmente.
¿Cuál es el ahorro?
Sobre el ahorro pretendido con el proyecto, la Contraloría critica que en la exposición de motivos del expediente original no se presente ninguna cuantificación del monto por recaudar, ni del plan de corto y mediano plazo para el uso de los recursos, “lo cual es de gran importancia para las deliberaciones”.
“Revisar los gastos del Estado, en especial el gasto corriente, luce como una tarea oportuna y necesaria, no solo por la situación que enfrenta el país, sino porque su tasa de crecimiento genera gran presión en el nivel de endeudamiento”, dice el órgano contralor.
Por esa situación, la Contraloría considera que iniciativas como la de suspender el pago de las anualidades debe enmarcarse en una cuantificación del impacto en las finanzas públicas, para determinar las propuestas más eficientes.
La liberacionista Silvia Hernández consideró que los criterios de la entidad son todos positivos y que es una “respuesta positiva para el camino del texto”.
Por su parte, el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, también califica como positivo el análisis de la entidad contralora y enfatiza que las preocupaciones señaladas se subsanan en la nueva versión propuesta por el Gobierno, aún pendiente de ser acogida.
“Con este informe de la Contraloría y el texto sustitutivo, podemos esperar que el proyecto salga lo más rápido de la Comisión de Económicos”, informó Sánchez.
Adujo que, si bien ya no es necesario votar el plan antes de junio, es importante que se apruebe pronto para que al presentar el Presupuesto 2021 ya se sepa, con claridad, “si se cuenta o no con esos recursos para la atención de la emergencia”.
En cuanto al ahorro previsto para los dos años, Sánchez recordó que Mideplán y Trabajo lo calcularon en ¢67.000 millones.
Pese al criterio de la CGR, el socialcristiano Pablo Abarca alegó que es necesario hacer una “revisión exhaustiva” del gasto corriente del Estado.
“Hay partidas solo en Gobierno Central que podrían recortarse y que el ahorro sería mucho mayor que el contemplado por las anualidades”, dijo.
Calificó el proyecto de un buen ejercicio y reconoció que “todos tienen que colaborar” y analizar todas las opciones en tiempos de crisis, pero adujo que "se podría hacer en muchos otros gastos “sin afectar salarios”.
