EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la transparencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el manejo de la información pública, luego de encontrar que el BCCR no publica en línea sus actas de Junta Directiva ni los hallazgos de las auditorías internas. Además, declara confidencial información sin sustento jurídico.
Un informe de auditoría de la CGR, sobre la transparencia de la entidad monetaria, recordó que el artículo 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a la información custodiada y producida por las dependencias de la Administración Pública, permitiendo a los ciudadanos tener conocimiento sobre asuntos de interés público, como lo son las actas del BCCR.
“El Banco debe publicar las actas de la Junta Directiva y los informes de auditoría, salvo aquellos que, por disposición constitucional o legal, estén considerados como confidenciales. Incluso, las entidades deben mantener actualizados en el sitio web los informes de la Auditoría Interna sobre la gestión institucional y las actas de los órganos colegiados”, agregó la auditoría.
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El informe también encontró que, en 33 de 53 actas analizadas, los directivos declararon información confidencial en al menos un artículo de la sesión. Sin embargo, no se presentó el fundamento jurídico para justificar el secretismo y, en otros casos, el fundamento para señalar la confidencialidad no corresponde con el asunto tratado.
Otro hallazgo de la auditoría es que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tardó hasta 15 meses en obtener la firma de los directivos en un grupo de actas.
Los documentos que no fueron firmados corresponden a las sesiones de octubre del 2022 y diciembre del 2023. En total, se trató de ocho actas que tardaron entre uno y 15 meses en ser firmadas.
Por razones que se desconocen, los directivos no firmaron físicamente las actas tras su emisión, por lo que, para recolectar las rúbricas, el Banco se vio obligado a enviar los documentos hasta las viviendas de algunos miembros. Para el órgano contralor, esta situación habría generado un riesgo asociado al proceso de recolección de firmas.
“El BCCR carece de la normativa que regule el proceso y la oportunidad en la recolección de firmas de miembros de la Junta Directiva, así como de regulación para definir cuando un tema es de índole confidencial y dejarlo anotado en las actas con su respectiva motivación. Tampoco ha realizado una valoración exhaustiva sobre la información que debería divulgar para generar valor público y aumentar la credibilidad ante sus partes interesadas”, aseveró la Contraloría.
Al respecto, el documento explica que es necesario que el Banco Central divulgue información de fácil acceso y de manera voluntaria para promover la transparencia y fortalecer la confianza en el sistema financiero nacional. Además, esto ayudaría a reducir la incertidumbre sobre las expectativas de la política monetaria y cambiaria.
Otra de las debilidades encontradas por la auditoría fue la carencia de una norma sobre los mecanismos para interponer denuncias relacionadas con actuaciones de los miembros de la Junta Directiva y funcionarios del BCCR.
Asimismo, detectó que existen debilidades en el llenado y la aplicación de las declaraciones de relaciones y eventuales conflictos de interés del personal vinculado con operaciones de mercado.
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Tampoco hay mecanismos de control para gestionar posibles conflictos de interés tras el vencimiento del período de nombramiento de un director de la Junta Directiva o la salida de personal gerencial que inicie labores en otra entidad en la que pueda utilizar información en beneficio propio o de un tercero.
“Este tipo de situaciones deben ser gestionadas, debido al conocimiento adquirido por estas personas sobre la política monetaria y cambiaria, la información del Sistema Financiero Nacional, la gestión interna del banco, incluido los riesgos y cualquier otra información que no tenga carácter público”, agregó el informe.
La Contraloría recordó a la Junta del Banco la necesidad de solicitar al Consejo de Gobierno de la República el nombramiento del sexto directivo, el cual está pendiente.
En el 2019, se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la cual estableció que el ministro de Hacienda tiene derecho a voz y voto en la Junta Directiva, además de que cuenta para efectos del cuórum hasta que se integre plenamente el sexto miembro.
El BCCR aseguró que el informe emitido por la Contraloría ofrece una oportunidad para fortalecer aún más su gestión.
“Tras una revisión detallada, hemos observado que las disposiciones de la CGR son oportunidades de mejora específicas, sobre la cuales trabajaremos para su implementación”, afirmó la entidad bancaria.
