EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) declaró que todos sus puestos de trabajo son exclusivos y excluyentes, incluidos los cargos comunes con otras instituciones en el Estado como conductores, secretarias, conserjes o personal de limpieza.
Con esta decisión, la Contraloría no implementará los salarios globales que fije el Ministerio de Planificación (Mideplán) para los puestos comunes, sino que lo hará por su cuenta.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, afirmó que la CGR está realizando una “interpretación abusiva” de los alcances de la Ley de Empleo Público, la cual ordenó introducir el esquema de salario global en todo el sector público.
“Pretende diferenciar puestos que son idénticos en todo el sector público, declarándolos ‘exclusivos y excluyentes’. En Planificación, no seremos complacientes ni observadores pasivos de cómo se desviste de su propósito a la ley, por lo que exploramos todas las rutas legales posibles para que se aplique adecuadamente”, advirtió la ministra.
Según la Procuraduría General, solo pueden eximirse de la regulación salarial del Mideplán las instituciones autónomas con rango constitucional. Sin embargo, esto no significa que no puedan someter una parte de sus empleos, los denominados puestos comunes, a las escalas salariales que defina Planificación, precisamente por no ser labores esenciales para el cumplimiento de la función.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por ejemplo, declaró 10.000 puestos comunes y 40.000 esenciales. Los cargos comunes son los de apoyo, como proveedores, informáticos, oficiales de seguridad o secretarios.
La ministra Fernández expresó su desacuerdo con la decisión tomada por la CGR. “Especialmente porque, por años, la Contraloría ha abogado porque se cumpla el mandato constitucional de un único régimen de empleo y porque se ordene la fragmentación y odiosas disparidades salariales en el Estado”, señaló la jerarca.
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El órgano contralor argumentó, en su notificación enviada al Mideplán el pasado 6 de julio, que tiene la facultad de determinar cuáles de sus puestos son esenciales para su labor. Se basa en su condición de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y en su independencia funcional y administrativa, establecidas en el artículo 183 de la Constitución Política.
El documento recoge un informe de la División de Gestión de Apoyo de la CGR y lo firman la contralora general Marta Acosta y el subcontralor general Bernal Aragón.
Según la Contraloría, habría una pérdida de independencia si asignan parte de su personal a la rectoría del Mideplán.
“Sería contrario al espíritu del constituyente originario, del legislador ordinario y de las mejores prácticas recogidas por instrumentos internacionales sobre la independencia de las entidades de fiscalización superior”, alegó la CGR.
Agregó que cubrir todos sus puestos bajo la categoría de exclusivos y excluyentes es coherente con la jurisprudencia de la Sala IV, porque extiende la independencia al personal de apoyo que la CGR considere indispensables para ejercer su labor constitucional.
Destaca que, incluso sin considerar la cuestión de la independencia, su personal está sujeto a normas más estrictas en cuanto a prohibiciones y nombramientos en su Ley Orgánica.
Esa regulaciones no fueron modificadas por la Ley de Empleo Público, que ordenó crear el salario global en todo el Estado y otorgó la rectoría de la materia al Mideplán. Por lo tanto, no sería compatible incluir a los puestos comunes en una de las familias reguladas por Planificación, dijo el ente contralor.
La Contraloría insistió en que distribuir a su personal en diferentes familias de puestos debilitaría su modelo de gobernanza y afectaría negativamente la prestación de los servicios.
“Todo lo anterior ocasiona una pérdida de independencia, así como una rigidez en el manejo del recurso humano superada institucionalmente desde principios de siglo”, dijo la CGR.
Del mismo modo, la institución alegó que declarar algunos puestos bajo rectoría del Mideplán elevaría los costos de operación, porque se tendría que generar un sistema alternativo para la gestión del recurso humano, así como nuevas herramientas de pago y un sistema de medición del desempeño diferenciado para un grupo parcial de empleados.
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Salario global desde 2007
La Contraloría argumenta también que, desde los años 2007 y 2008, empezó a aplicar el salario único para la dirección superior, puestos de confianza, gerenciales y funcionarios regulares de nuevo ingreso.
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Esta medida le ha generado al Estado un ahorro de cerca de ¢31.000 millones en 15 años de implementación.
Según comunicó la entidad, su política cumple con el principio de equidad salarial interna, el cual también fue introducido en la Ley de Empleo Público que entró a regir este año.
En la actualidad, aproximadamente el 70% de la planilla de la CGR está bajo el esquema de salario único, un sistema que, según la entidad, no debe ser fragmentado debido a las regulaciones específicas y los desafíos que enfrenta como Entidad de Fiscalización Superior.
Así como la CGR han declarado sus puestos esenciales los poderes Judicial y Legislativo, excepto el departamento de servicios médicos del segundo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y las universidades públicas. Lo mismo decidieron 81 municipalidades.
Se apartaron de esa línea la municipalidad de Matina, que decidió someter todos sus puestos a las regulaciones de Mideplán, y la CCSS en el caso de 10.000 empleos.
