Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó fallas en la forma en que la Fuerza Pública registra los reportes sobre hechos delictivos y acciones policiales, lo cual dificulta la toma de decisiones para combatir la criminalidad.

Los yerros están presentes en las plataformas que utiliza el Ministerio de Seguridad Pública para documentar atenciones a la ciudadanía, aprehensiones y decomisos.

La Contraloría reveló estas deficiencias en su informe sobre la auditoría realizada para conocer la eficacia de la gestión del servicio policial preventivo de la Dirección General de Fuerza Pública (DGFP).

Según los hallazgos de la CGR, se trata de dos herramientas digitales que deben generar información útil para la toma de decisiones. Sin embargo, problemas de subregistro de las intervenciones policiales podrían causar que las autoridades lleguen a conclusiones erróneas.

“Las debilidades encontradas repercuten negativamente en el valor público generado para la satisfacción de las necesidades de la población referidas a prevenir cualquier manifestación de delincuencia”, alerta el órgano contralor en su reporte.

’Software’ con problemas

El documento indica que uno de los programas digitales que presenta fallas se llama Datapol.

“Se determinó que el Datapol presentó fallas que imposibilitaron a las diferentes instancias policiales de la DGFP (direcciones regionales y delegaciones cantonales y distritales) el registro de la información relativa a la incidencia delictiva y el accionar policial”, detalla el informe.

Asimismo, se encontró que entre el 17 de octubre del 2018 y el 15 de febrero del 2019, dicha plataforma dejó de funcionar.

La auditoria reveló que la DGFP tampoco tiene archivos de respaldo que permitan conocer todas las acciones operativas que se desarrollan en las delegaciones policiales durante los fallos de Datapol.

“Al respecto, la Administración señaló que a nivel de delegaciones policiales, cuando el Datapol no está en línea por algún mantenimiento o evento impredecible, las acciones se registran en una matriz de Excel”, indicó la Contraloría.

Sin embargo, el órgano encontró que no se anotaron la totalidad de acciones operativas ejecutadas por parte de las direcciones regionales ni de las delegaciones cantonales y distritales.

“Se observó que, en el 2019, un 21,43% (21 de 98) de las delegaciones policiales no registraron las acciones operativas ejecutadas en algunos meses. Además, un 12,24% (12 de 98) ingresaron solamente una acción policial”, detalla el documento.

Datapol es una plataforma tecnológica diseñada en el 2012 con la colaboración técnica de la Embajada de Estados Unidos para apoyar la labor de la Fuerza Pública, generar estadística delincuencial, registrar información de la atención brindada a la ciudadanía y detalles de operativos.

Inconsistencias similares se detectaron en el Sistema de Aprehensiones y Decomisos (SAD), en el cual se registra la información de las capturas e incautaciones realizados por la Fuerza Pública y otras instancias del Ministerio de Seguridad Pública.

“De acuerdo con el análisis realizado a la información contenida en Datapol y SAD, se identificaron debilidades e inconsistencias que limitan asegurar la cantidad total de acciones operativas que desarrolla la DGFP, así como generar información útil que coadyuve al seguimiento y toma de decisiones en cuanto al servicio policial preventivo que brinda”, dice el informe.

Según la CGR, las plataformas tampoco permiten “clasificar las acciones operativas y resultados de aprehensiones y decomisos, respectivamente, por el tipo de accionar, ya sea preventivo o represivo”.

La Contraloría advirtió en su informe de que las debilidades afectan de manera directa la “oportunidad, confiabilidad y utilidad” de la información, lo cual impacta los procesos de toma de decisiones.

Según el órgano contralor, esta situación podría ocasionar que las conclusiones a las que llegue la Fuerza Pública con base en la información de las plataformas sean erróneas, al no reflejar la realidad del servicio policial brindado.

La CGR estima que “tampoco sería información útil para los diferentes usuarios”, ya que se carece de un panorama certero y completo de los casos.

La Contraloría solicitó a Michael Soto, ministro de Seguridad, remitir a más tardar el 31 de agosto del 2021 una certificación que acredite que el SAD se corrigió con las observaciones realizadas.

A Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, se le instruyó corregir las falencias antes de que culmine este 2021.

Deficiencias en prevención y vigilancia

La CGR también encontró otras inconsistencias en los programas de prevención de delitos.

La auditoría detectó que los esfuerzos se centran en la Estrategia de Seguridad Comunitaria, a partir de la formación y capacitación a sectores de la sociedad civil en materia de seguridad ciudadana.

Según el informe, esto ha hecho que sean “muy pocas las acciones planificadas de patrullaje y vigilancia”, a pesar de que estas son funciones obligatorias de las delegaciones policiales cantonales y distritales.

Por ejemplo, en el Cuadro de Mando Integral 2018 se planificaron 39 actividades, de las cuales 13 eran para la Estrategia de Seguridad Comunitaria y solo dos estaban relacionadas con el servicio policial preventivo de patrullaje y vigilancia.

Las otras 24 actividades fueron para a la dotación de recursos, talento humano e innovación.

Una situación similar se presentó en el 2019 cuando, de 27 actividades en el eje de prevención, 16 correspondieron a la Estrategia de Seguridad Comunitaria.

Además, se determinó que la DGFP no especifica qué porcentaje del presupuesto asignado al programa Seguridad Ciudadana corresponde al servicio policial preventivo.

La auditoría también evidenció que las metas están subestimadas, “pues las propuestas iniciales se alejan mucho de los resultados alcanzados, o bien son objeto de reformulación”.

Al respecto, la Contraloría determinó que 21 de las 27 metas propuestas se cumplen en más del 100%; “inclusive, se observan metas cumplidas en más de un 200% y 300%”.

Otro de los hallazgos es que el 70% de las acciones de la Fuerza Pública tienden a ser reactivas; es decir, interviene cuando llega a materializarse una amenaza o peligro.

Para el órgano fiscalizador, esto es incongruente con la Ley General de Policía.