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La Contraloría General de la República detectó incongruencias en la ejecución de varias consultorías de la Casa Presidencial pagadas con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El uso de recursos institucionales por parte de consultores particulares, los servicios de mensajería de una persona contratada como asesor y el uso de la cooperación para gastos ajenos al objetivo del proyecto, fueron algunos puntos señalados por la Contraloría en un informe del 10 de febrero, el cual fue dado a conocer ayer.
El documento analiza varios contratos cuestionados en julio del 2008, después de que La Nación publicó el manejo secreto de $2 millones dispuestos por el BCIE para que la Presidencia de la República contratara asesores al margen de los controles públicos.
Entre ellos figuraron abogados, comunicadores, un músico, un mensajero y algunas personas allegadas a funcionarios de la Casa Presidencial, como se conoció poco a poco tras la renuencia a entregar detalles de las consultorías.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, ha defendido la utilidad de esas consultorías y fue quien decidió ejecutar los $2 millones al margen del control público. También ha dicho que algunos de esos contratos no debieron haber sido firmados.
En total se ejecutaron 84 contratos con 53 personas o empresas diferentes desde noviembre del 2006 y hasta hace dos semanas, cuando se venció el servicio que daba la empresa Analistas Legislativos de Costa Rica (Aselex), dirigida por el exdiputado Álex Sibaja Granados.
Este reporte complementa el que la Contraloría emitió a finales de octubre sobre la generalidad de los proyectos llamados “Fortalecimiento del liderazgo y los procesos de toma de decisiones” y “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramientas para el desarrollo”.
En esa oportunidad (el informe DFOE-SOC-43/200) señaló que hubo “desorden”, “informalidad” y “ausencia de controles”, pero ahora evaluó contratos específicos.
Algunos de esos contratos se ejecutaron con apego a las reglas establecidas para la función pública, pero otros ameritan una investigación más profunda, según el análisis del ente contralor remitido a la Procuraduría de la Ética.
Tras ese análisis, la Contraloría ordenó a la Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia indagar en los 90 días siguientes si fue legal la aparente asignación de recursos institucionales a los consultores particulares. Se incluyen cupones de combustible, carros y teléfonos celulares.
También se debe evaluar el contrato de un mensajero dentro de los rubros “análisis de coyuntura” y “apoyo para toma de decisiones”. La Contraloría expresó que la información recabada es contradictoria con explicaciones públicas que ha dado Rodrigo Arias.
La Presidencia también tiene que registrar todos los bienes adquiridos con fondos donados por el BCIE, pues se detectó que algunos de ellos siguen sin pertenecer formalmente al Estado.
Si se incumplen las órdenes de la Contraloría, cabe la destitución de los encargados.
