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Los diputados lograron reducir el déficit financiero del Gobierno Central, para el año 2021, en un monto equivalente a un 0,4% del producto interno bruto (PIB), mediante la aprobación de recortes al Presupuesto Nacional.
Así lo expuso la Contraloría General de la República (CGR) en un análisis sobre el Presupuesto que finalmente salió aprobado por la Asamblea Legislativa.
El Poder Ejecutivo presentó un plan de gastos de ¢11.448.570 millones, pero los legisladores lo redujeron en casi ¢161.500 millones mediante mociones de recorte.
El plan de gastos quedó en ¢11.287.084 millones, un monto equivalente a más del 31% del PIB.
“Así las cosas, la ley 2021 presenta un déficit primario igual a 3,5% del PIB y un déficit financiero del 9,4%”, expuso la Contraloría.
El déficit primario es la diferencia negativa entre los ingresos del Gobierno y sus gastos corrientes, lo que incluye el pago de remuneraciones, compra de bienes y servicios, así como transferencias a instituciones.
Eso significa que, para el 2021, al Poder Ejecutivo le faltan ¢1.270.500 millones para cubrir su gasto primario. La cifra habría sido mayor, de ¢1.432.000 millones, de no ser por el recorte.
El Gobierno tiene la meta de alcanzar un superávit primario del 1% del PIB para el 2023. Es decir, de obtener un saldo positivo en ese cálculo.
El déficit financiero, el que la CGR estima en un 9,4% del PIB, es la diferencia entre ingresos y gastos, contemplada en el Presupuesto, pero incluyendo el pago de intereses de la deuda pública.
“Entre los factores que incidieron en la disminución del déficit financiero y primario, se encuentra la reducción de 1,7% en el gasto corriente respecto al proyecto de ley 2021, para quedar en un total de ¢8.037.349 millones. Dicha reducción se explica principalmente por disminuciones en el gasto de consumo y transferencias corrientes”, apuntó la Contraloría.
La Contraloría destacó que la partida de remuneraciones fue la que más se recortó en el trámite del Presupuesto en a Asamblea, con una disminución de ¢72.255 millones.
Le sigue la partida de bienes duraderos, con casi ¢32.500 millones.
No obstante, existen dos destinos en los que se presentaron incrementos.
“Se rebajó el presupuesto de todos los títulos, excepto dos: el del Servicio de la Deuda Pública, que quedó en el mismo monto que en el proyecto (¢4.842.220 millones)- y el del Mivah (Ministerio de Vivienda), que fue incrementado en un 253,6%, principalmente por la incorporación de una transferencia de capital a favor del Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda), por ¢28.000 millones, sin que se indique detalle alguno acerca de su propósito”, anotó la CGR.
Además, señala la Contraloría, la disminución en el gasto corriente coadyuva al cumplimento de la regla fiscal, beneficio que se verá reflejado al finalizar el ejercicio económico 2021.
Según el informe, el mayor de los recortes en la Asamblea se produjo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), por ¢71.000 millones en las partidas de remuneraciones y bienes duraderos.
La segunda mayor rebaja se registró en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cuyo presupuesto final es ¢32.000 millones menor al del proyecto original.
Hay contención, pero la deuda pesa mucho
En comparación con el 2020, la partida que más aumentó es la de amortización de la deuda pública.
“Para 2021, este gasto (amortización) creció un 32,9% en comparación con una aproximación del presupuesto inicial del Gobierno de la República en 2020, mientras que para el periodo 2016-2020 dicha variación fue en promedio del 9,1%”, explica el informe.
Este incremento es achacado por la Contraloría a las “inflexibilidades propias del presupuesto en relación con el pago de la deuda”, lo que dificulta las reducciones en partidas como la de amortización.
“En síntesis, el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el año 2021 refleja las acciones de contención del gasto, principalmente en la partida de remuneraciones. Se observa también que las necesidades de gasto referentes al pago de deuda pública seguirán siendo relevantes en el contenido del presupuesto”.
“Finalmente, el presupuesto asignado a sectores como la educación, salud y protección social disminuye, mientras que se observa una priorización en gastos relacionados con transacciones de deuda pública y gasto en vivienda”, reseña la Contraloría.
Solo los intereses de la deuda demandan ¢2.151.000 millones en el plan de gastos.
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Otro factor importante que permitiría un mayor control sobre el gasto aprobado consiste en las normas de ejecución incorporadas por los legisladores.
Estas normas se dividen en tres grupos según su finalidad: gestión presupuestaria, contención del gasto y transparencia en el uso de los recursos.
Como ejemplo, la Contraloría menciona la incorporación de regulaciones salariales de plazas disponibles, así como la prohibición de creación y el rebajo de vacantes hasta el 31 de junio de 2021.
También, hace énfasis en que las normas para las renegociaciones de contratos de alquiler, el uso de Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la colocación de títulos valores y canjes de deuda sumarán esfuerzos.
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Para el 2021 el Presupuesto Nacional aumentó en ¢777.000 millones en comparación con el presupuesto inicial del Gobierno Central para 2020; no obstante, esto se debe a la incorporación de los órganos desconcentrados.
