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La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el informe de cumplimiento de metas de desarrollo que el Gobierno presentó a principios de marzo.
El Poder Ejecutivo aseguró que, para diciembre del 2016, había cumplido con el 75% de las metas prometidas en el Plan Nacional de Desarrollo para ese año (226 de 303). Sin embargo, la Contraloría cuestiona la “confiabilidad de las cifras” usadas para sacar esa conclusión.
Según la CGR, el Gobierno dio por cumplidas ciertas metas aunque carecía de expedientes que respaldaran los avances reales en la materia.
Por ejemplo, el Ministerio de Planificación (Mideplán) reportó que se sobrepasó la meta de cantidad de kilómetros pavimentados de la red vial nacional, así como la del mantenimiento de la red cantonal.
Sin embargo, la Contraloría afirmó: "No se contó con un procedimiento documentado de recolección de información y tampoco con un sistema informático para la captura de esta. Hubo ausencia de pruebas de verificación de la información".
Lo mismo consideró el ente contralor sobre la construcción de la carretera entre Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper, sobre la cual el Ejecutivo reportó haber alcanzado la mitad de lo previsto (un 40% de avance en vez de un 80%).
En otras áreas, la Contraloría argumenta que el Gobierno no utilizó los métodos de cálculo idóneos e, incluso, en un caso midió el cumplimiento de la meta con base en un antecedente equivocado.
Así ocurrió con la aspiración de atender el 23% de la demanda agroalimentaria de instituciones públicas con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Por un lado, el informe del Mideplán partió de que, en el 2013, la cobertura era de un 17%, pero la Contraloría sostiene que esta era de un 18,36%, por lo que la estimación del avance en este periodo estaría distorsionada.
La CGR verificó in situ 30 de las 34 metas bajo análisis y concluyó que, en ocho casos, la información consignada por el Poder Ejecutivo, sobre el resultado de la meta, no coincidía o solo coincidía parcialmente con lo que se halló en el campo.
En el sector vivienda, por citar un caso, la administración de Luis Guillermo Solís consignó que el año pasado se entregaron 1.828 casas de bien social en residenciales, 34 casas más de las previstas.
Sin embargo, la Contraloría adujo que tuvo dificultades para corroborar esas cifras porque no se entregó información sobre dónde se localizan esas viviendas ni sobre su costo.
Un caso similar se presentó con el número de familias en pobreza atendidas. El Gobierno dice que lleva 27.284 (50%) de las 54.600 familias prometidas.
No obstante, el órgano contralor tuvo reservas en cuanto al instrumento de cálculo utilizado, pues "no representa una guía clara y precisa para explicar el reporte del cumplimiento de la meta, así como la confiabilidad de la información".
La Contraloría también achaca que, entre el 2015 y el 2016, además, el Gobierno modificó de manera drástica algunas de las metas. Por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos se varió por "homicidios no atribuibles a grupos delincuenciales".
Además, amplió los plazos en que se debían entregar varios proyectos de infraestructura vial, como la ruta Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper; el tramo entre Palmar Norte-Paso Canoas, y la radial La Abundancia-Ciudad Quesada, en San Carlos.
El ente contralor también cuestionó el hecho de que el Poder Ejecutivo diera por cierta la información de cumplimiento enviada por las diferentes instituciones públicas. Alega que, en el 88% de los casos, no hubo tal corroboración.
En otros casos, concluyó la CGR, el Poder Ejecutivo reportó cumplimientos aunque faltaba información y, en un caso, la meta estaba muy por debajo de la capacidad de la institución. Este último fue el caso de los días de espera para cateterismos en la CCSS. Se prometió reducirlos en un 65% para el 2018, pero esa meta se cumplió desde el 2015 y se sobrepasó con creces.
34 metas bajo estudio. Luego de que el Ministerio de Planificación presentó su informe, la Contraloría procedió a verificar los datos usados en un grupo de metas que consumen el 62,6% de los recursos que esta Administración estimó gastar durante sus cuatro años. Se trata de 34 metas clave.
"Esta Contraloría General no avala el informe final sobre el cumplimiento de las metas (...). No contiene los elementos explicativos en referencia a la medición de eficiencia en el uso de los recursos y los costos de los servicios (...). No incluye los elementos explicativos de la medición de la efectividad de los programas del Plan Nacional de Desarrollo (...). Y la verificación de la información reportada es limitada", indica el informe DFOE-SAF-IF-04-2017, del 3 de mayo.
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En ese análisis, la Contraloría encontró que en 22 metas no está claro el indicador utilizado para medir su cumplimiento.
En 12 metas, tampoco hay claridad sobre la fuente de los datos y, en 16, hay incongruencias en la definición de lo que se quería alcanzar. Estos datos no son excluyentes, es decir, una meta puede tener uno o tres de estos problemas.
Datos distintos. El Mideplán, mediante un correo electrónico, argumentó que entre marzo y abril efectuó una verificación in situ de la información que envió cada ministerio y que los resultados obtenidos son distintos a los de la Contraloría.
Según el Ministerio, en el 97% de los casos "los datos son coincidentes con la información reportada por los ministros rectores". Ese fue el resultado de la corroboración de 35 metas.
Al mismo tiempo, Mideplán informó de que ve como una posibilidad de mejora los resultados de la Contraloría y hacen la salvedad de que la información es suministrada por cada ministerio y que "cada uno de los jerarcas da fe con su firma que los datos son fidedignos".
"Valoramos estas conclusiones como una oportunidad de mejora de la gestión pública y de la transparencia en la rendición de cuentas y como un insumo, tanto para mejorar la gestión institucional y el desempeño del sector, como complemento a la verificación realizada por Mideplan".
"Dichas conclusiones conllevarán a que las Secretarías Sectoriales mejoren o modifiquen sus instrumentos de trabajo, en términos, que las conclusiones están enfocadas a instrumentos específicos como la ficha del indicador y además, este tipo de fiscalización y sus resultados redundará en que la rendición de cuentas por parte de las rectorías sea 100% fidedigna, de calidad y apegada a la normativa y procedimientos establecidos, optimizando de esa forma la toma de decisiones", dice el correo electrónico enviado ante una consulta de La Nación.
Auditorías especiales. La Contraloría, además de remitir ese pronunciamiento general sobre el informe de Mideplán, también emitió otros 12 estudios por sectores en los cuales analiza en detalle 23 de las 34 metas.
En esas 23 metas, la CGR rechazó las cifras utilizadas por el Gobierno en 16, o bien, solo las avaló de manera parcial. En siete casos consideró que la información sí era correcta y, en tres, se abstuvo de emitir un criterio por falta de información o a la espera de más insumos.
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Las aspiraciones analizadas son de ambiente, salud, infraestructura, desarrollo humano e inclusión social, así como agro, turismo, trabajo, vivienda, educación, economía, comercio exterior y hacienda pública.
La Contraloría solo verificó la confiabilidad de las cifras reportadas al 2016 en el informe anual de seguimiento y cumplimiento de metas que realizó el Mideplán, no así la eficacia y eficiencia de las operaciones relacionadas.
La Contraloría se abstuvo de emitir un criterio en cuanto al avance en la construcción del Centro Nacional de Convenciones, las acciones implementadas para proteger el 7% en la zona costera y el 2% en el mar territorial, así como la cantidad de emisiones de carbono capturada.
Al mismo tiempo, avaló y emitió las cifras sobre generación de energía limpia, el número de personas egresadas de los programa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las obras nuevas de Cen-Cinai.
