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La Contraloría General de la República (CGR) alertó, en audiencia en el Congreso, que las instituciones del Estado están utilizando, más de lo necesario, los mecanismos para la compra directa de bienes y servicios, entre otras vías de excepción.
Aunque ese abuso de los mecanismos directos sea legal, no es la forma más transparente de realizar contrataciones entre el Estado y sus oferentes, advirtió, en diciembre, el gerente de la División Administrativa de la Contraloría, Allan Ugalde.
De hecho, en los últimos cinco años se ha dado un incremento del 90% en las contrataciones directas, resaltó Ugalde.
La diferencia entre estos mecanismos directos y las contrataciones por licitación pública es que no tienen que pasar por el control previo de la Contraloría, según se explica en los manuales de contratación administrativa disponibles en la página del Ministerio de Hacienda.
De hecho, el método de contratación directa está totalmente en manos de los funcionarios de la institución respectiva, quienes hacen el pedido del bien o servicio, hacen el cartel y lo publican en el sistema de CompraRED, reciben las ofertas y eligen, en el seno de una comisión, al mejor oferente. Finalmente, pasan su recomendación a las autoridades de la entidad, quienes dan o no el visto bueno.
En cambio, para el proceso de licitación pública se debe publicar un cartel en el diario oficial La Gaceta, y en periódicos de circulación nacional, previa autorización de la Contraloría. Después pasa por procesos de impugnación también a cargo de la CGR.
En suma, es un proceso más engorroso, pero obligatorio en ciertos casos, según el monto de la contratación que se requiera.
Vía directa. Según datos en manos de la Contraloría sobre contrataciones, en 2015 casi la mitad de esos procesos (46,5% de los contratos adjudicados) fueron por vía directa, o sea, no pasaron el control previo de la entidad.
Este control evitaría que se busque beneficiar a familiares o conocidos, por ejemplo, al adquirir bienes o servicios para una institución estatal.
“Los organismos internacionales advierten de que eso va en contra de la transparencia. Informes sobre transparencia y lucha contra la corrupción emitidos por la Organización de Estados Americano (OEA) y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertan sobre esa tendencia a evitar las licitaciones públicas”, comentó Ugalde.
Para la CGR, la licitación pública es el mecanismo más transparente para la contratación de bienes o servicios.
Estas alertas fueron señaladas, el pasado 15 de diciembre, por la contralora Marta Acosta, ante la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos.
En la memoria anual de la Contraloría correspondiente al 2015 se explica que, si bien el 80% de las compras se hace por vía de licitación (pública o abreviada), lo adjudicado correspondió a un 53,5% del dinero (¢470.501 millones), mientras que el 20% de compras fueron por vía directa, para un 46,5% de los dineros adjudicados (¢409.125 millones).
La ley prevé el uso de mecanismos específicos según los presupuestos de cada institución. Generalmente, cuanto mayor es el monto de la contratación, resulta obligatorio el uso de la licitación pública, excepto en una serie de casos previstos por ley.
