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La contralora general de la República, Marta Acosta, les advirtió este miércoles a los diputados de que, ante la situación actual, la aprobación de la reforma fiscal "resulta impostergable".
Enfatizó que la realidad económica requiere de acciones inmediatas y aseguró que, luego de aprobada la iniciativa, le tocará al Estado, mediante los poderes Ejecutivo y Legislativo, por igual, afrontar reformas a problemas estructurales, entre ellos el de empleo público.
La jerarca de la Contraloría General comentó que se ha dado una desaceleración en la recaudación de impuestos indirectos, como el de ventas, por el cambio de la estructura productiva del país.
Los ingresos por impuestos han tenido un menor dinamismo, al pasar de una tasa de crecimiento del 10,4% en mayo del 2016 a una del 5% en marzo de este año.
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En el caso del tributo sobre ingresos y utilidades, también el rendimiento bajó, al pasar de un 14% al 7% en los mismos periodos. Ventas, por su parte, cayó de un 8% a un 3%.
Adicionalmente, Marta Acosta explicó que los gastos del Gobierno central mantienen un crecimiento superior a los ingresos, al pasar de una tasa del 4,9% a una del 8,2% entre abril del año pasado y abril de este año.
Así lo dijo en la comisión fiscal que discute la reforma tributaria, ante la cual enfatizó que aprobar el proyecto es prioridad, a pesar de que el impacto fiscal no sería suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del país.
Adicionalmente, la contralora Acosta hizo observaciones puntuales:
El riesgo de los destinos específicos
Acosta alertó de que las transferencias que el Gobierno debe hacer por obligaciones legales a una serie de instituciones, podrían comerse el aumento en los impuestos que plantea la reforma fiscal.
Acosta explicó que, en caso de no modificarse la obligatoriedad de los destinos específicos, el aumento en los ingresos sería automáticamente absorbido por esas transferencias, porque están definidas en porcentajes del producto interno bruto (PIB) o la recaudación de un impuesto particular.
La jerarca de la Contraloría destacó, entonces, la norma incluida en la reforma para autorizar al Ministerio de Hacienda a fijar un monto para cada institución, según el estado de las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal.
Por el momento, esa norma se mantiene en uno de los capítulos de la iniciativa tributaria, pese a que a finales de abril, los anteriores diputados del Partido Liberación Nacional, de Restauración Nacional y del Frente Amplio se habían aliado para dejarla fuera del texto.
Fueron los nuevos legisladores liberacionistas, junto con Acción Ciudadana, la Unidad Social Cristiana y Restauración quienes decidieron deshacer lo hecho por sus antecesores y rescatar esa posibilidad de que Hacienda no esté amarrada a un porcentaje fijo de un impuesto para darle dinero a programas gubernamentales.
Aval a cobro del IVA
En cuanto a la transformación del impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA), la contralora explicó que se alínea con las mejores prácticas tributarias y que avanza en gravar los bienes y servicios en general.
Se favorece la gestión y la recaudación, en el marco de un avance en conseguir principios tributarios como financiación, simplicidad, neutralidad, equidad y cumplimiento.
La contralora destacó que es necesario avanzar hacia un IVA que incluya servicios, para adecuar el sistema tributario a la realidad económica costarricense, aparte de que beneficia la fiscalización de la administración tributaria.
Consultada por Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) que preside la comisión fiscal, la contralora Acosta dijo que ella, técnicamente, no tendría una tasa cero en el IVA, tal como la pretenden fracciones como la del PRN.
Sobre las modificaciones al impuesto sobre la renta, Acosta enfatizó que las modificaciones alinearían el país con las mejores prácticas internacionales, aunque alegó que falta por incorporar un sistema de renta global, por encima de la renta cedular.
Avanzar hacia el salario único
La jerarca negó que se deba atrasar la actual reforma en el Congreso, metiendo una serie de normas sobre las remuneraciones.
En ese sentido, enfatizó que el empleo público es fundamental para el crecimiento económico y social del país, pero que no se enfoca solo en remuneraciones, sino también en cuanto a reclutamiento y selección de personal, los perfiles y competencias de las personas, la carrera y la evaluación del desempeño.
“El empleo público es fundamental para el crecimiento económico y social de nuestro país, por ello debe ser vigoroso, justo, equilibrado, equitativo y transparente”, declaró Acosta.
Ella indicó que los niveles de compensación se deben revisar periódicamente, para garantizar la validez del esquema de compensación, y que los niveles de pago de Gobierno deberían ser comparables con los del sector privado en áreas correspondientes.
La jerarca dijo que es importante avanzar hacia un sistema de salario único o uniforme. “Se propone iniciar la transición hacia un sistema en que los incentivos salariales se vayan ajustando, es importante como un paso hacia un régimen más uniforme”, relató Acosta.
También alegó que las propuestas administrativas anunciadas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, son “complementarias y necesarias”, pero que se requiere establecer indicadores y metas que permitan un seguimiento periódico y rendir cuentas sobre el alcance de esas medidas.
“Entre más se posterguen las decisiones que se requieren para ordenar las deterioradas finanzas públicas, más drásticas son las medidas y sus consecuencias. Todos tenemos un aporte que dar al país. No hay tiempo que perder”, destacó Marta Acosta.
La comparecencia de la contralora Acosta es la última de las tres que aprobaron hacer los diputados de la Comisión de Reforma Fiscal, mientras se hace la publicación y consultas del texto a varias instituciones.
El paso siguiente en la tramitación del plan es la presentación y conocimiento de mociones de parte de los congresistas.
