EscucharLas municipalidades y las instituciones dedicadas a obras públicas son las que menos acatan las órdenes emitidas por la Contraloría General de la República (CGR) para mejorar el uso de los fondos públicos y la prestación de servicios a los habitantes.
En contraposición, las entidades del sector social son las que más cumplen con las recomendaciones de la CGR. Entre ellas, destacan la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).
Estas tres entidades obtuvieron notas superiores a 95 en el Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) del 2021, el cual mide el acatamiento de las instituciones públicas a las instrucciones giradas la Contraloría en auditorías elaboradas durante el 2019 y el 2020. En cambio, existen notas sorprendentemente bajas en otros sectores.
Para este año, la nota promedio de las entidades fue de un 82. Sin embargo, en las municipalidades se registraron calificaciones tan bajas como el 27 que obtuvo el ayuntamiento de Dota.
El sector municipal es de los peores calificados con una nota promedio de 79. Además, es el grupo con la mayor cantidad de notas inferiores a 60. Por debajo de ese rango, se ubicaron por segundo año consecutivo las municipalidades de Dota, Matina, Liberia, Oreamuno, El Guarco y Alajuelita.
Uno de los principales problemas de los gobiernos locales es la falta de aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Ese es el caso específico de 21 municipalidades.
Al igual que las municipalidades, también obtuvo una nota promedio de 79 el sector de desarrollo de ciudades, el cual incluye a las entidades dedicadas al desarrollo de obras públicas como carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones o planificación de viviendas.
De esos servicios se encargan, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Vivienda.
En cambio, el sector denominado desarrollo de bienestar social consiguió una nota promedio de 94 puntos.
En el sector de finanzas públicas, donde están el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda, la calificación media fue de 91.
Le siguen las áreas de desarrollo de capacidades y gobernanza. En la primera de estas, están bancos y aseguradoras públicas, así como el Ministerio de Educación (MEP) y las demás entidades dedicadas a educación y formación técnica.
En la segunda, en gobernanza, están los poderes Legislativo y Judicial, así como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior, entre otras entidades.
En desarrollo sostenible, que incluye al Ministerio de Ambiente, la nota fue de un 83.
La Contraloría también destacó a las instituciones que registraron mayores de avances de cumplimiento entre el índice del año pasado y el actual. Sobresalen las municipalidades de Atenas y Belén, así como Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Agricultura y el PANI.
Según la Contraloría, el objetivo de este instrumento es promover la mejora en la rendición de cuentas y la transparencia de la administración pública.
A nivel de todo el sector público, los resultados muestran que el 88% de las instituciones medidas logró obtener calificaciones mayores o iguales a 70 puntos en “eficacia”, el cual es uno de los rubros que se evalúa para obtener la nota final. Sin embargo, para el sector local, el promedio fue de 67 puntos.
La calificación promedio fue de un 82 para las 120 instituciones, lo que representa una mejora en comparación con el 76 registrado del 2020 y el 70 del 2019.
LEA MÁS: Las 10 instituciones que menos acatan las llamadas de atención de la Contraloría
