EscucharLa Contraloría General de la República (CGR), por tercera ocasión en el año, le improbó un presupuesto extraordinario al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Ese plan de gasto tenía como objetivo incorporar recursos por la venta de servicios de manejo de publicidad estatal a otras instituciones públicas.
En esta oportunidad, el ente contralor no avaló un plan de gastos de ¢4.150 millones, tras encontrar “inconsistencias en elementos básicos” en 7 de 13 contrataciones que el Sinart tiene con otras entidades públicas, que equivalen a ¢3.181 millones y que representan el 77% del monto total presupuestado.
Además, concluyó que la institución incumplió con los principios de plurianualidad, universalidad e integridad, y vinculación del presupuesto con la planificación. Así consta en el oficio N.° DFOE-BIS-0906, con fecha de este jueves 19 de octubre.
En los últimos cuatro meses, la Contraloría le improbó otros dos presupuestos extraordinarios al Sinart, por un total de ¢5.038,2 millones, por la misma razón: incumplir con el principio constitucional de plurianualidad, mediante el cual se debe garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
La plurianualidad está fijada en el artículo 176 de la Constitución Política y consiste en que, cuando las instituciones presupuesten gastos para un año, porque en ese momento tienen el dinero para atenderlos, deben evaluar si tendrán fondos para cubrirlos en los años siguientes, con el fin de garantizar la continuidad.
Las ‘inconsistencias’ en los contratos
Si bien en esta ocasión la Contraloría reiteró la falla en cuanto al principio de plurianualidad, también identificó “múltiples incumplimientos” en siete acuerdos contractuales que en total ascienden a ¢3.181 millones.
Detectó que cuatro de las contrataciones para manejar publicidad estatal —y que en conjunto suman ¢2.600 millones— carecían de un contrato.
En otras tres contrataciones (por ¢581 millones) encontró que se incumplían “requisitos indispensables para su debida formalización”. Por ejemplo, no contaban con la firma del Sinart.
“Se infringe el principio de universalidad e integridad, debido a que no es posible tener certeza razonable acerca de la obtención de los ingresos presupuestados”, consignó en el oficio suscrito por el Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la CGR.
Al mismo tiempo, la Contraloría señaló que el Sinart ya había ejecutado ¢517,7 millones, de los ¢4.150 solicitados, sin su aprobación previa.
El análisis también detectó que el presupuesto no estaba vinculado con la planificación de la institución y no explicaba cómo iba a ayudar a cumplir con las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo que propuso el gobierno de Rodrigo Chaves.
“El Sinart tiene responsabilidad directa en la meta 10 relacionada con el aumento de horas de transmisión de contenido cultural en medios de emisión, entre los que se destaca “13 Costa Rica Televisión”, la cual es del 15% para el 2023 y plantea un crecimiento continuo hasta alcanzar un 25% para el 2026.
“En ese sentido, no se aportan explicaciones de cómo dicha meta podrá ser alcanzada por el Sinart, dentro del contexto de lo señalado en su plan anual operativo reformulado, y vinculado con este particular”, señaló el pronunciamiento contralor.
Las dos improbaciones previas
Las dos improbaciones previas ocurrieron en el segundo semestre del año. La primera fue el 11 de julio anterior por ¢888 millones. En esa ocasión, el órgano contralor también cuestionó la forma en que el Sinart iba a gestionar las contrataciones que tiene con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
La segunda improbación sucedió el 8 de setiembre y fue por ¢4.150,2 millones, por incumplir el mencionado principio constitucional de plurianualidad.
En esa ocasión, la CGR advirtió de que ese plan de gastos equivalía al 71% del total del presupuesto inicial de la empresa estatal, que es de ¢5.819 millones, por lo cual resultaba de “vital importancia” que un análisis determinara si se cumplía con el principio de presupuesto plurianual.
Los contratos de la agencia del Sinart
El Sinart tiene al menos 14 contratos, por casi ¢8.000 millones, con instituciones públicas para colocar o distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñar radiales.
Varios de los contratos fueron adjudicados al Sinart sin un concurso público, por lo que la Asamblea Legislativa creó una comisión investigadora.
A principios de setiembre la ahora exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández Sequeira, reveló Allan Trigueres, quien fuera presidente de esta empresa estatal entre mayo de 2022 y febrero de 2023, le ordenó que contratara como proveedora a la empresa de Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación Anna Katharina Müller identificó en una nota oficial como asesor en comunicación del presidente Rodrigo Chaves.
A la empresa de Bulgarelli, de nombre Nocaut, le fue adjudicada también una licitación de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar servicios de comunicación a la Presidencia.
El productor audiovisual reconoció a La Nación que él hizo las bases de esa licitación que le fue adjudicada, pero alegó que creía que eran para una contratación privada.
Nocaut provee servicios de producción audiovisual a la agencia de publicidad del Sinart. La agencia, a su vez, debe cumplir con los contratos de servicios publicitarios firmados con instituciones públicas.
Bajo esa dinámica, la firma de Bulgarelli ofrece servicios de preproducción, producción y posproducción al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), desde mediados de abril. En total, esa contratación es por ¢21,5 millones.
