La Contraloría General de la República (CGR) les improbó a 46 municipalidades previsiones presupuestarias para otorgar, este año, aumentos salariales superiores a la inflación. El rechazo consta en un informe publicado el 28 de febrero sobre la revisión de los presupuestos municipales del 2022.
Según el informe, “se improbó a 46 entidades de dicho sector previsiones anuales de gastos para los aumentos salariales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” que, a julio del 2021, registró una variación interanual del 1,44%.
De acuerdo con la CGR, se usó ese dato por ser el último publicado oficialmente por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), antes de la presentación de los presupuestos iniciales al 30 de setiembre del mismo año.
El ente contralor resolvió de esa forma amparado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público que exige a las instituciones presupuestar los recursos según el contexto macroeconómico, disponibilidad de recursos, objetivos estratégicos y planes de desarrollo.
El informe no detalla lo resuelto para cada municipalidad. Sin embargo, en la lista suministrada por la CGR, ante consultas de La Nación, aparecen la municipalidad de San José, Cartago, Heredia, Desamparados, Tibás y Liberia, por mencionar algunas.
El mismo informe da cuenta de que a 11 gobiernos locales la CGR les improbó contenido presupuestario para 26 plazas por cargos fijos y nueve por servicios especiales; dos por reasignación, 14 por transformación y tres por recalificación.
“Una de las principales razones de esta situación surge por el incumplimiento en seis municipalidades del artículo 129 del Código Municipal”, dice la Contraloría.
Ese numeral del Código establece la obligación de que las municipalidades mantengan actualizado el Manual Descriptivo de Puestos General. Otras razones para no avalar recursos para plazas es la ausencia de estudios de viabilidad financiera.
Del mismo modo, la CGR les improbó a 13 gobiernos locales contenido presupuestario para el incremento de anualidades de este año. Esto en razón de que los diputados aprobaron un transitorio a la Ley de Salarios de la Administración Pública que obliga a las instituciones del Gobierno Central y descentralizado congelar el aumento por anualidades en los periodos 2020-2021 y 2021-2022.
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Gasto por encima de regla fiscal
Por otra parte, la Contraloría detectó que 61 municipalidades incrementaron sus presupuestos por encima del tope del 1,96% definido por regla fiscal para el 2022. Sin embargo, son datos comparativos, dado que los gobiernos locales no están sujetos a esa norma de control presupuestario que limita el crecimiento del gasto público, en situaciones de crisis fiscal como ahora.
“Lo cierto es que 61 gobiernos locales mostraron un incremento en la presupuestación del gasto total para un promedio del 13,7%, en relación con el presupuesto inicial anterior, superior al 1,96% permitido al resto del Sector Público no financiero”, señaló el ente contralor.
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De las municipalidades que más registran crecimiento del gasto en su presupuesto figuran Santa Cruz, con un 64,9% con relación a lo presupuestado en 2021; La Unión con 34,6% y Pérez Zeledón con 32,8%.
La municipalidad de Sarchí tiene un crecimiento del gasto de 24,8% y Cotos Brus de 21,7%.
La CGR señaló que las transferencias del Gobierno Central a las municipalidades incumplen con la regla fiscal para el 2022. Pese a que el ente contralor se lo advirtió a los diputados, el incumplimiento se mantuvo al aprobar el Presupuesto Nacional de este año.
En promedio, el 29% del presupuesto total de los gobiernos locales se compone de transferencias corrientes y de capital y, cerca del 71% restante, proviene de otras fuentes.
“Pese a ello, hay 24 gobiernos locales que sus presupuestos iniciales tienen una dependencia del 50% o más de estas transferencias”, reza el informe.