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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) gira recursos públicos a entidades privadas sin evaluar los resultados del uso del dinero.
Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría publicado el pasado martes.
La auditoría estudió las transferencias realizadas entre el 1.° de enero del 2018 y el 31 de mayo del 2020.
En ese periodo, el MAG giró ¢1.168 millones a 24 entidades del sector agropecuario.
El reporte dice que “existen debilidades significativas en los procesos de presupuestación, ejecución y seguimiento de esas transferencias que limitan la visión estratégica del Ministerio, así como el control sobre el uso y destino de los recursos transferidos y la evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas y efectos esperados”.
“Además, en la asignación de los recursos, algunas modalidades carecen de criterios contables y técnicos que le permitan al Ministerio determinar los fines, la cobertura territorial y el tipo de producto a financiar con los recursos que se destinan a entes privados”, asegura el ente contralor.
Asimismo, en la fase de ejecución, la CGR detectó debilidades para verificar si el dinero se gastó en el fin pretendido, mientras que, en la fase de seguimiento, se hallaron deficiencias para rendir cuentas y evaluar el éxito de la inversión.
Estos traslados de recursos públicos se realizan a través de seis modalidades de apoyo a los agricultores, creadas por medio de diferentes leyes.
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Estas son: Reconocimiento de Buenas Prácticas Agrícolas (RBA-BPAP), Reconocimiento de Beneficios Ambientales Orgánicos (RBAO); Proyectos Agropecuarios, Federaciones Regionales de Centros Agrícolas Cantonales, Ia Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (Fittacori), así como una cooperación internacional con Corea del Sur.
La modalidad con mayor asignación de recursos fue la de Proyectos Agropecuarios, con un 40,4%, seguida por RBAO, con un 27,4%.
De igual forma, la CGR resaltó una caída en la asignación de recursos a entes privados de un 90,4% entre el 2015 y 2019. Este año, solo siete organizaciones recibieron dinero.
Algunas de las carencias encontradas según modalidad, por ejemplo, es que no se evidenció de qué forma las transferencias a RBA-BPAP tenían vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022.
Asimismo, en la etapa de planificación, el MAG no identificó las necesidades de los beneficiarios de las modalidades Fittacori y RBA-BPAP.
Incluso, la Fittacori, una fundación privada sin fines de lucro, no recibió criterios técnicos del Ministerio para la utilización de los recursos, por lo que era la propia Fittacori la que definía las prioridades del proyecto.
En el caso de la ejecución de Proyectos Agropecuarios y Federaciones, algunas direcciones regionales del MAG tuvieron que modificar presupuestos y aumentar los costos de los proyectos, pues se realizaron con cotizaciones desajustadas a los costos actuales.
La CGR le ordenó al ministro de Agricultura, Renato Alvarado, elaborar una estrategia de transferencia a entes privados que sí considere objetivos, indicadores, zonas a impactar y efectos esperados. Esta estrategia deberá presentarla a la CGR a más tardar el 31 de marzo del 2021, y al 30 de agosto del 2021 deberá certificar su implementación.
Asimismo, Alvarado deberá demostrar que su cartera toma en cuenta criterios técnicos para definir los montos de las transferencias, así como verificar que el dinero se esté utilizando de manera correcta.
El jerarca indicó a La Nación que el asunto de las transferencias a organizaciones privadas “es un tema histórico en el MAG. Es un tema que encontramos en el Ministerio, y luego de su trabajo de auditoría, la Contraloría dejó ver las necesidades de la articulación, seguimiento y alineamiento del presupuesto con los objetivos”.
“Estamos comprometidos y haciendo la tarea, y vamos a atender las recomendaciones y disposiciones del ente contralor para resolver, de una vez por todas, estos temas”, aseguró Alvarado.
