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El tercer presupuesto extraordinario del 2020, planteado por el Gobierno a los diputados, aumentaría el déficit financiero del país a un 11,7% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a casi ¢4,2 billones.
Este déficit presupuestario, también conocido como déficit fiscal, es el exceso de gastos frente a los ingresos ordinarios del Gobierno, incluyendo el pago de intereses de la deuda pública. El desequilibrio obliga al país a endeudarse para pagar la diferencia.
Según la Contraloría General de la República (CGR), este nuevo presupuesto de ¢93.000 millones aumentaría ese desbalance en casi ¢31.200 millones, equivalentes a un 0,1% del PIB, lo que considera una “cifra alarmante en el contexto del estado de las finanzas públicas”.
Así lo advirtió en un informe publicado este jueves sobre el plan de gastos que se discute en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios.
El año pasado, el déficit financiero terminó en un 6,96% del PIB (unos ¢2,5 billones), según anunció hace ocho meses el entonces el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Por su parte, Hacienda sostiene que el déficit fiscal de este 2020 sería de un 9,3% de la producción, mucho menos del 11,7% estimado por la Contraloría.
La diferencia está en que la CGR calcula el déficit con base en el presupuesto, al comparar ingresos frente a gastos, mientras que el Gobierno lo hace bajo la previsión de que gastará menos dinero del autorizado y de que se cumplirá su previsión de ingresos por impuestos y otros rubros como las multas.
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A su vez, la Contraloría señaló que, con este presupuesto extraordinario, el gasto corriente del Gobierno crecería en un 5,3% en el 2020, por encima del límite de 4,67% establecido en la regla fiscal, aunque hay que tomar en cuenta las flexibilizaciones producto de la pandemia.
“Lo anterior evidencia que el gasto corriente se mueve en dirección contraria al comportamiento de la economía: el primero crece 5%, mientras que la segunda decrece 5%, exacerbando aún más el desequilibrio fiscal”, señala la CGR.
El gasto corriente incluye transferencias a instituciones, pago de salarios, servicios e intereses de la deuda pública.
Por su parte, el viceministro de Hacienda, Isaac Castro, afirmó que “no es posible ejecutar la totalidad de los recursos, por lo que históricamente existen niveles de subejecución”, de manera que, en su criterio, la estimación del Gobierno “es la mejor que tiene la autoridad fiscal, ya que considera las subejecuciones, respecto a la evolución de los ingresos y gastos”.
El III presupuesto extraordinario consiste en lo siguiente:
-Primero, se incorporan ¢31.186 millones del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para amortizar la deuda del Gobierno con la CCSS y ¢1.040 millones, provenientes del diferencial en el precio de los combustibles, para financiar bonos Proteger.
-Segundo, se incorporan ¢60.864 millones adicionales, de los cuales ¢51.173 millones provienen de un ahorro generado en un menor pago de intereses de la deuda pública, gracias a que Hacienda colocó bonos, entre el segundo semestre del 2019 y el primero del 2020, con tasas inferiores a las previstas. Los otros ¢9.691 millones salen de rebajas en partidas del Ministerio de Educación y de la Contraloría General.
Con estos ¢60.864 millones, se financian ¢43.443 millones en transferencias de diversas instituciones, así como ¢7.000 millones en remuneraciones del MEP y del Poder Judicial.
Además, se destinan ¢7.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ¢2.100 millones a Hacienda para pagar resoluciones administrativas, ¢1.304 millones al ICE para pagar el arrendamiento de un centro de almacenamiento de datos y ¢12 millones para software del MEIC.
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De estos ¢60.864 millones, el 88,5% se destinaría a gasto corriente, entre transferencias y remuneraciones, y solo un 11,5% a obras públicas.
En cuanto al incremento del déficit financiero, el informe dice:
"Sin contar el rubro de intereses, el gasto presenta un incremento neto de ¢83.400 millones (¢68.590 millones en transferencias corrientes, ¢7.797 millones en gastos de consumo por remuneraciones y adquisición de bienes y servicios y ¢7.012 millones en transferencias y otros gastos de capital).
"Al restar de esta suma los ingresos provenientes de la transferencia de Recope por ¢1.040 millones, se obtienen los ¢82.359 millones en que se incrementa el déficit primario.
“Y al rebajar, adicionalmente, el ahorro en el gasto por intereses, por ¢51.173 millones, resulta el monto de ¢31.186 millones (0,1% del PIB), en que aumentaría el déficit financiero del presupuesto, para alcanzar un 11,7% del PIB, cifra alarmante en el contexto del estado de las finanzas públicas”, advierte la CGR.
La Contraloría también señaló que, con el tercer presupuesto, “el gasto en protección social aumenta un 16,2% y el gasto en salud un 20,1%, en detrimento del resto de funciones”.
