La Contraloría General de la República le ordenó a la Asamblea Legislativa, desde inicios de julio pasado, rotular todos los vehículos propiedad de la institución, incluyendo los autos que utilizan los diputados para hacer giras por las regiones que representan.

Así consta en el oficio DFOE-DI-1289, de fecha 9 de julio del 2019, que se conoció en la sesión del Directorio del Congreso 061, del pasado 30 de julio.

En ese oficio, la gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), Grettel Calderón, establece la orden de rotular todos los vehículos del Congreso y, además, anular un acuerdo del Directorio legislativo, de abril del 2004, que justificaba la no rotulación de los automóviles por razones de seguridad.

La opinión de esa oficina contralora es que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres no justifica, en ninguna de sus normas, que esos vehículos estén sin rotulación alguna, salvo el del presidente del Congreso, que está bajo la categoría de uso discrecional, al igual que el asignado al presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente, en el artículo 236 de la ley de tránsito, se indica que los vehículos oficiales del Estado deberán rotularse con los “respectivos distintivos institucionales”.

Como no se trata de vehículos que estén bajo la categoría de discrecionales o semidiscrecionales (por ejemplo, los asignados a los viceministros), ni de vehículos policiales, la Contraloría establece que no pueden considerarse esos autos del Congreso como exentos de la rotulación.

Así mismo, se rechazó que haya un vacío legal que justifique el acuerdo del Directorio del 2004, y más bien se enfatizó que el único carro discrecional es el asignado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

Al conocer la orden de la Contraloría, de hecho, el Directorio debió tomar el acuerdo de rotular los vehículos y dicho acuerdo está en ejecución, según consta en el acta de la sesión del 30 de julio.

El avance de la rotulación se conoció, de nuevo, en la sesión del Directorio de este martes. Allí, los miembros de la cúpula legislativa estudiaron los criterios de tres unidades administrativas respecto a la orden de la Contraloría.

Según conoció La Nación, de los tres criterios estudiados, dos se allanan a la orden girada por la Contraloría General de la República.

Otro criterio, firmado por el director de la Unidad de Transportes del Congreso, Armando Botazzi, informa sobre el avance del proceso de rotulación, pero sí intenta advertir sobre supuestos riesgos a la seguridad de los diputados.

Incluso, narra un episodio en el que la diputada Marulin Azofeifa tuvo que retirarse de una actividad en Limón, y le ofreció movilizar a otros dos legisladoras, ante la posibilidad de que varias personas del lugar se molestaran con ellas.

La Asamblea Legislativa tiene 21 vehículos: 1 de uso discrecional (asignado a la presidencia legislativa, que por ley no se rotula), 11 para giras (que se le prestan a los diputados), 3 para uso administrativo, 2 pick ups, 2 microbuses y 2 autos fuera de uso.

Consultado sobre la decisión y si existe algún reparo o preocupación del Directorio sobre algún riesgo a la seguridad de los congresistas, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, manifestó que él no tienen ninguna duda sobre cumplir la orden de la Contraloría.

Alegó que algunos congresistas efectivamente no han comprendido las razones jurídicas, “no técnicas”, que ha dado la Contraloría para girar la orden de rotular esos vehículos.

Benavides comentó que la preocupación se ha dado en diputados de varios partidos y que, en el caso de Liberación Nacional, se “extrañaron mucho sobre la orden de la Contraloría”, pero comprendieron cuando él explicó que la ley de tránsito no preveía qué pasaría con el transporte administrativo para los miembros de los supremos poderes, sino solamente para el de uso discrecional.

Preocupación entre diputados

Consultados sobre la orden de la Contraloría, varios diputados afirmaron que están preocupados por tener que andar en vehículos rotulados, más en momentos cuando se discuten proyectos de ley polémicos y eso podría generar acciones violentas contra ellos.

El liberacionista Gustavo Viales reconoció que básicamente la preocupación es la seguridad de los legisladores, cuando hay discusiones que vuelcan el reclamo popular hacia ellos.

“Pero si es una disposición de la Contraloría, hay que acatarla”, admitió.

Marulin Azofeifa, del bloque independiente fabricista, dijo que en lo personal a ella le preocupa muchísimo, porque “somos personas que estamos expuestas políticamente”.

“Andamos en algunos lugares y, así como el presidente y los ministros tienen discreción, no sé cómo la Contraloría no sabe que nosotros también estamos expuestos”, dijo.

Añadió que se “debería salvaguardar la vida de los diputados” y mantener los carros sin rotulación.