Un año después de que 40 diputados votaran para exigir una sanción a Luis Guillermo Solís, la Contraloría General de la República ordenó, a lo interno, abrir una investigación contra el exmandatario por “posibles actuaciones u omisiones” suyas que provocaron en 2018 un hueco de ¢600.000 millones en el pago de bonos de la deuda pública del país.

La subcontralora general de la República, Silvia Solís Mora, fue quien, el 6 de abril, instruyó a la División Jurídica de la Contraloría abrir el procedimiento.

De comprobarse que cometió alguna falta, Solís Rivera (2014-2018) se expone a una inhabilitación para ejercer puestos públicos.

El 20 de mayo del año pasado, por 40 votos contra 9, la Asamblea Legislativa aprobó pedir a la Contraloría que a Solís se le impida ocupar un cargo público por cuatro años.

La contralora general de la República, Marta Acosta, se inhibió de resolver en este caso pues en agosto del 2018 adelantó criterio.

Por esa razón, la subcontralora llevó las riendas del proceso. Así fue como en octubre pasado, vinieron las primeras sanciones de la Contraloría a quienes no previeron y no enviaron a los diputados un presupuesto extraordinario para pagar la deuda pública.

1. Al exministro de Hacienda y exvicepresidente de la República, Helio Fallas, lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos por cuatro años.

2. Al exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza, también cuatro años y se ordenó su despido sin responsabilidad patronal.

3. Al exsubdirector de Crédito Público, Melvin Quirós, se le inhabilitó dos años y se ordenó su despido sin responsabilidad patronal.

4. A la exviceministra y tesorera nacional, Martha Cubillo, se le inhabilitó por tres años y se ordenó su despido sin responsabilidad patronal.

Los castigos fueron apelados, pero la subcontralora declaró los reclamos sin lugar y ratificó las penas en la resolución del 6 de abril anterior.

¿Por qué no se sancionó a Luis Guillermo Solís, quien actuó en conjunto con el entonces ministro de Hacienda? ¿Por qué si la Asamblea Legislativa pidió en mayo inhabilitarlo, no se hizo?

Eso fue lo que preguntaron en diciembre a la Contraloría las diputadas Franggie Nicolás y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional.

Pero, este 6 de abril, se dio la orden de la subcontralora Silvia Solís a sus subalternos de la División Jurídica para que abran el proceso.

Ella les ordena “instaurar un procedimiento administrativo por el que analice las posibles actuaciones u omisiones del señor Luis Guillermo Solís Rivera, respecto a las condiciones en las cuales se emitió el Presupuesto Ordinario de la República 2018 en cuanto al servicio de la deuda, el pago de amortizaciones sin contenido presupuestario (...) así como la omisión de presentación de un presupuesto extraordinario para el ejercicio 2018”.

Una investigación de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa concluyó que Solís y su ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, no presupuestaron, para el año 2018, ¢600.000 millones para cancelar bonos de deuda pública.

¿Por qué no lo hicieron? Según los diputados, se hizo para ocultar el tamaño de la deuda pública en medio de la campaña electoral a inicios del 2018.

Al percatarse del faltante, ambos firmaron, en abril de 2018, días antes del cambio de Gobierno a Carlos Alvarado, el decreto ejecutivo 40.995-H para ajustar diferentes subpartidas presupuestarias y tapar el déficit.

Además, no informaron esos movimientos al Gobierno entrante, lo cual obligó a la próxima ministra de Hacienda (2018-2019), Rocío Aguilar, a tramitar un presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones para subsanar el problema.

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Según la Contraloría, la Administración Solís Rivera conocía el faltante, no tomó acciones para corregirlo y fue omiso en informarlo a las autoridades entrantes.

“Ante la omisión de un subalterno -Director de Crédito Público- para cumplir con un deber, le correspondía al señor Fallas Venegas en su condición de Ministro como jerarca y rector del Sistema de Administración Financiera, ordenar que se llevara a cabo el anteproyecto de presupuesto extraordinario”, señaló la Contraloría en la investigación del caso.

“Era obligación del señor ministro (Fallas) a la luz de la información que tenía a su disposición -ya citada-, ordenar a dicho funcionario y los restantes subalternos de esa Dirección la elaboración inmediata del anteproyecto de presupuesto extraordinario para solucionar de manera total el faltante de contenido presupuestario”, añadió el informe de la investigación.

La Nación envió un correo electrónico al expresidente sobre este tema, pero al cierre de esta información no había dado respuesta.

No obstante, en mayo de 2019 expresó, en sus redes sociales, que está seguro de su inocencia.

Además, celebró que el Ministerio Público también indague el asunto.

“Me satisface que ahora sea la Fiscalía quien revise el caso y tengo confianza de que mis argumentos y evidencias aportadas serán escuchadas con justicia”, señaló.

Cuestionamientos a la Contraloría

Las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León y Franggi Nicolás, informaron de que meses atrás cuestionaron a Marta Acosta, contralora general de la República, por la no inclusión de Luis Guillermo Solís Rivera en la lista de personas investigadas por el hueco fiscal.

“Manifesté, por escrito, mi preocupación de que en su momento la Contraloría General de la República no había hecho señalamientos específicos sobre don Luis Guillermo (...) Obtuve una respuesta bastante escueta, bastante simple y que no decía nada de profundidad”, dijo Nicolás.

Añadió que le sorprende que la Contraloría no abriera el proceso contra el exmandatario en abril de 2019 y ahora cambien de criterio.

“A finales del año anterior, yo como diputada, y dada la rigurosa labor que hicimos desde la Comisión de Control Ingreso y Gasto, le pedí explicaciones de peso a la Contraloría a través de un oficio, cuando me enteré que habían excluido a Luis Guillermo Solís de las sanciones administrativas. Por eso hoy celebro que el ente contralor haya cambiado de opinión”, declaró León.

Pese a que se excusó en mayo de 2019 para referirse formalmente a este caso, en diciembre de ese año, Acosta respondió un oficio en el que explica por qué Solís Rivera no aparece entre los investigados.

“En este caso en particular, toda la documentación contenida en el expediente legislativo fue analizada en su momento, por lo que deploramos cualquier intento de achacar sesgo en el resultado de la investigación”, respondió la contralora en el oficio 19.557 del 11 de diciembre del 2019.

Carlos Ricardo Benavides, presidente del directorio legislativo, afirmó que no conoce el nuevo criterio de la CGR.

“Me parece que van en el mismo sentido de las investigaciones que arrojó la Asamblea Legislativa. Las actuaciones y omisiones en el caso del hueco fiscal fueron realmente irresponsabilidades de carácter administrativo y político de gran envergadura que deben ser analizadas por los órganos de control. Ese es el mejor lugar para que se dé una discusión técnica y profunda para establecer responsabilidades donde las haya”, expresó el legislador.

¿Qué dice la contralora?

Marta Acosta, contralora General de la República, explicó que se excusó de conocer este asunto porque expresó opiniones y criterios al respecto en diferentes instancias.

-¿Por qué usted se excusó de conocer las apelaciones presentadas por las personas investigadas?

-Se sustenta (la decisión) en el impacto que sobre el procedimiento pudieran tener mis declaraciones ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos y ante diversos medios de comunicación.

"Dichas declaraciones, si bien no son en sentido estricto un adelanto de criterio, ni atribuyen o exoneran a ninguna persona de responsabilidad, y en procura de evitar cuestionamientos de las partes que perjudicaran la buena marcha del procedimiento y más bien respaldar su imparcialidad, son la razón por la que estimé necesario y pertinente plantear la excusa”.

-¿Por qué no se instruyó el procedimiento contra el exmandatario en paralelo con el resto de personas investigadas y sancionadas?

-Una premisa básica es que todo procedimiento administrativo lo antecede una investigación que resume los hechos, su tipificación y las personas presuntamente responsables.

"En el caso concreto, la investigación estuvo a cargo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, concretamente, del Área del Sistema de Administración Financiera de la República y el trámite del expediente a cargo de un órgano director del procedimiento administrativo de la División Jurídica.

"La CGR investiga hechos sobre los cuales, de acuerdo al mérito que se encuentre y la respectiva prueba se vinculan, a través de la teoría del caso, con los presuntos responsables. Es decir, las partes del procedimiento son únicamente aquellas cuyas conductas se vinculan preliminar y directamente con los hechos y la prueba recabada en el proceso de investigación ya finalizado y documentado.

-¿Cuál fue el fundamento jurídico para no incluir a don Luis Guillermo entre las personas investigadas?

-La CGR investiga hechos, situaciones presuntamente anómalas, sin excluir -a priori- a ninguna persona. El procedimiento administrativo se dirigió contra los funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Hacienda contra quienes, a partir de los hechos investigados y prueba recabada, se encontró mérito para encausarlos administrativamente, tal y como se hizo ante la División Jurídica, como procede.

-¿Alguna de las partes investigadas solicitó directamente la separación de su persona de conocer las apelaciones?

Ninguna parte me recusó. Precisamente, la figura de la excusa está prevista para que un funcionario que estime encontrarse en alguna causal, o como fue mi caso, en aras de garantizar la mayor objetividad y evitar cuestionamientos se separe del conocimiento de un expediente. Esa excusa que fue aceptada por la señora subcontralora general”.