EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) ordenó a siete instituciones públicas finiquitar sus “relaciones contractuales” con la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), al determinar que no cumplían con “requisitos generales y específicos exigidos” en la Ley General de Contratación Pública.
Se trata de contrataciones efectuadas entre el 1.° de diciembre del 2022 y el 24 de setiembre del 2023.
En algunos casos, la Contraloría detectó la ausencia de estudios de mercado que justificaran la contratación y, en otros, el objeto de la contratación era “indeterminado”, o bien, no se aportaron los planes de medios en donde se detallara cómo y dónde se iba a distribuir la pauta estatal.
El órgano contralor giró la orden a los jerarcas del Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS), Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular (BP), Ministerio de Cultura, Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
En el caso del BCR, INS y la operadora de pensiones del BP, la Contraloría concluyó que no contaban con los “estudios de mercado básicos”, un requisito esencial para efectuar esas contrataciones entre entes públicos mediante un mecanismo de excepción en el que no se hace concurso.
Además, en ninguno de esos tres casos se describió el “objeto a contratar, su alcance y requisitos con precisiones, por ejemplo, sobre el mensaje, campaña o comunicación que se pretende difundir”. Tampoco se precisó la finalidad que se busca con ello, el público objetivo ni las fechas o rangos temporales en los que se debía realizar la difusión.
En cuanto al Sistema de Banca para el Desarrollo, y Procomer, en ambos casos, la Contraloría detectó la ausencia de un objetivo contractual determinado, pues solo se detalló que “será la institución la que en la fase de ejecución indique los mensajes a comunicar”.
Además, el SBD solo alegó que contrató al Sinart en cumplimiento al artículo 19, inciso c, de la Ley Orgánica del Sinart, el cual obliga a las instituciones públicas a destinar el 10% de su presupuesto de publicidad a esa empresa estatal.
Procomer se limitó a indicar que era para “impulsar los mensajes institucionales a nivel nacional”.
En el caso del IFAM, en tanto, no se detalló el objeto contractual ni se incluyó el plan de medios. “Ambos aspectos constituyen requisitos indispensables”, concluyó el ente contralor en el oficio N.° DFOE-GOB-0499.
En cuanto a la contratación del Ministerio de Cultura, “no consta el plan que define las pautas generales a seguir para la selección de los medios (plan de medios)”.
Los oficios DFOE-GOB-0499 y DFOE-GOB-0498 indican que las instituciones deben cumplir las órdenes a más tardar el 20 de diciembre del 2023.
La contralora general Marta Acosta también informó de que se abrió una investigación de oficio por la ejecución de ¢517 millones en el Sinart sin autorización, al tiempo que se revisan otros 109 contratos. Así lo dijo la noche del lunes durante su comparecencia ante los diputados de la comisión especial que investiga las contrataciones de la agencia de publicidad del Sinart.
De 38 contrataciones realizadas entre el 1.° de diciembre del 2022 y el 24 de setiembre del 2023, 31 se realizaron sin concurso público, mecanismo de excepción, y siete con procedimiento ordinario.
Acosta insistió en que el Sinart, bajo el actual gobierno, optó por usar un mecanismo de excepción como una regla. En específico, se refirió al artículo de la Ley de General de Contratación Pública que permite las contrataciones entre entes públicos de manera directa y sin concurso.
Posteriormente, ante la pregunta de Dinorah Barquero, de Liberación Nacional, de si se podría considerar que el Sinart se encuentra bajo una mala administración, Acosta respondió: “Ha sido desafortunada la gestión en algunos aspectos, inobservancia de las normas técnicas”.
El 13 de setiembre, con 42 votos, los diputados acordaron crear la comisión investigadora sobre los contratos por al menos ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas concedieron al Sinart, varios de ellos de forma directa y sin concurso público.
La moción aprobada por los congresistas decía que “desde el inicio del Gobierno, se ha evidenciado en los medios y la población en general una preocupación por contrataciones con posible ‘tinte político’ de publicidad, donde figura la agencia del Sinart”.
Los parlamentarios buscan esclarecer tanto las contrataciones hechas por instituciones públicas al Sinart como las subcontrataciones efectuadas por dicha entidad a terceros.
