EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) pidió información adicional al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) sobre los contratos de publicidad estatal que suscribió su agencia comercial con diferentes instituciones públicas.
El órgano contralor solicitó detallar las bases legales y técnicas de las decisiones tomadas por la agencia y el Consejo Directivo del Sinart para suscribir acuerdos contractuales que, en conjunto, suman ¢8.000 millones.
Por ejemplo, pidió detallar las razones por las cuales el director general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) suscribió con el Sinart un contrato de ¢2.313 millones, aunque el monto superaba el límite autorizado en el poder aportado.
Además, solicitó copia de los contratos suscritos con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Municipalidad de Montes de Oca, con la respectiva certificación de referencia del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La documentación fue requerida como parte del estudio que realiza la CGR para determinar si le aprueba o no al Sinart un presupuesto extraordinario de ¢4.150 millones.
En lo que va del año, esta es la tercera vez que el Sinart intenta incorporar recursos por la venta de servicios de manejo de publicidad estatal a instituciones públicas.
En dos ocasiones anteriores, la Contraloría improbó los presupuestos extraordinarios, por un total de ¢5.038,2 millones, por incumplir el principio constitucional de plurianualidad, mediante el cual se debe garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
Ahora, el Sinart dispone de ocho días hábiles para remitir la información solicitada. “Si todo llega como fue requerido para resolver por el fondo, el nuevo plazo para resolver ese presupuesto para la CGR sería el 26 de octubre”, precisó la oficina de prensa del ente contralor en un correo electrónico.
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Otras peticiones de información
El presidente Ejecutivo de esa institución, Fernando Sandí, también deberá exponer el sustento técnico que se utilizó para determinar que a las instituciones contratantes se les devolverá el porcentaje de comisión que se cobra por la colación de pauta de medios de comunicación.
Al respecto, la Contraloría solicitó detallar la “estructura utilizada para el cálculo de las utilidades”, el “sustento técnico que justifique los montos”, la base legal que sustenta la estrategia comercial utilizada y el monto estimado que se dejará de percibir por la devolución de esas comisiones.
Así consta en el oficio N.º 14245 (DFOE-BIS-0868), con fecha del 10 de octubre del 2023, suscrito por Manuel Corrales Umaña, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la CGR.
Adicionalmente, la Contraloría pidió a Sandí una copia del plan estratégico del Sinart, con el respectivo acuerdo de aprobación por parte del Consejo Directivo de la institución.
Deberá aportar también, para cada contratación, la base legal, según la Ley Orgánica del Sinart, que sustenta el ingreso por “venta de otros servicios”, al tiempo que deberá detallar la estimación de ingresos por los conceptos de servicios de agencia y planes de medios.
En cuanto a la subcontratación de proveedores, el ente contralor solicitó adjuntar la base legal que usó para definir recurrir a ellos. Además, pidió aportar la metodología del análisis entre costo y beneficio, e indicar la normativa que regula las contrataciones bajo la modalidad de “según demanda”.
Contratos millonarios
El Sinart empezó a sumar acuerdos con instituciones públicas hasta acumular al menos 14 contratos por casi ¢8.000 millones, para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales.
Varios de estos contratos fueron adjudicados sin que esa empresa estatal participara en un concurso público en el que se escogiera la mejor opción, lo cual motivó a crear una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa.
A principios de setiembre, la exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández Sequeira, reveló que el expresidente de esta empresa estatal, Allan Trigueros, le dio la “orden directa” de contratar como proveedora a la empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó como asesor en comunicación del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Bulgarelli niega ser asesor presidencial.
Su empresa, de nombre Nocaut, provee servicios de producción audiovisual a la agencia de publicidad del Sinart. La agencia, a su vez, debe cumplir con los contratos de servicios publicitarios firmados con instituciones públicas.
El lunes pasado, en la comisión investigadora, el director general del Sinart, Federico Amador, reveló que esa contratación se hizo sin que se elaborara el estudio de mercado que exige la normativa y fue enfático en que no es usual que eso ocurra.
Amador insistió en que todas las contrataciones deben cumplir con ese requisito, aunque se trate de un procedimiento especial de contratación, como se argumentó en este caso.
Mariana Fernández renunció a su cargo el jueves 7 de setiembre, un día después de trascender la noticia de la orden de Trigueros.
