EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) pidió cuentas a la Municipalidad de Alajuela por su intento de adjudicar cinco contrataciones menores a la constructora Meco, que en conjunto suman ¢3.500 millones, en vez de haber hecho una licitación mayor.
Según la CGR, el proceso licitatorio efectuado durante los últimos meses del 2023 incumplió con requisitos básicos para cualquier contratación, como criterios técnicos, estudios de mercado y análisis comparativos financieros.
Mediante el oficio DFOE-DEC-0018, del pasado 11 de enero, el órgano contralor señaló a la Proveeduría Municipal de Alajuela que el ayuntamiento pretendió utilizar el mecanismo de licitaciones menores para contratar obras viales bajo la modalidad de trabajos por demanda, cuando lo procedente era optar por un procedimiento de licitación mayor.
Según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la Municipalidad de Alajuela sacó a concurso seis licitaciones para el mantenimiento de la red vial cantonal durante 12 meses, cada una por ¢712 millones. En cinco de ellas, aparece MECO como ganadora, por lo que el monto total de las adjudicaciones otorgadas a esta firma ascendería a ¢3.500 millones.
El ayuntamiento alajuelense argumentó al órgano fiscalizador que, al separar la contratación en seis sectores, buscaba promover la competencia; sin embargo, la municipalidad carece de análisis comparativos, estudios de mercado e informes legales que acrediten que la fragmentación del mantenimiento vial realmente permitiera una mayor competencia.
Los carteles de las seis licitaciones especifican que se trata de contrataciones menores por demanda, pero detallan las vías y tramos a reparar, lo que significa que existe una necesidad previa definida.
“No toda fragmentación del objeto es ilícita, sino que la ilegalidad surge cuando, existiendo una necesidad definida y presupuesto aprobado, se promueven dos o más concursos menos rigurosos, sea con el fin de inobservar el procedimiento usual, o bien, la fase recursiva de ese acto de adjudicación”, explicó la CGR en el oficio en el que solicitó explicaciones para asegurar que no existe una fragmentación ilícita.
El 13 de junio del año pasado, José Luis Chacón, coordinador del subproceso Gestión Vial de Alajuela, envió un oficio al alcalde Humberto Soto, donde indicó que el anterior contrato para mantenimiento de vías por demanda estaba a un día de vencer, por lo que se recomendaba recurrir a un proceso similar debido a que las licitaciones ordinarias “generaban un gran desgaste”.
En el 2018, realizó una primera contratación por demanda, la cual fue adjudicada a MECO y venció en el 2023. Luego de analizar los datos de los gastos del periodo 2018-2022, la Contraloría señaló que el cabildo debió haber acudido a una licitación mayor para dos de las contrataciones otorgadas en ese momento.
Falta de documentación y contradicciones
Otra de las observaciones de la Contraloría sobre el nuevo proceso de contratación se centró en el análisis de gasto eventual, ya que en algunos casos se supera el monto anual especificado en Sicop. Por ejemplo, la licitación 2023LE-000015-0000500001 aparece en el sistema de compras con un precio de ¢712 millones, pero, en el oficio MA-SGV-979-2023 del 18 de diciembre del 2023, el municipio indicó que la estimación de gasto anual para ese sector sería de ¢917 millones, casi ¢200 millones de más.
Debido a que los contratos por demanda son para un periodo de cuatro años, esta línea de consumo requeriría de ¢3.600 millones para ese periodo. En total, la Contraloría encontró que cinco de los seis sectores presentan situaciones similares, con estimaciones más altas, por lo que no clasifican para un procedimiento de licitación menor.
“Para los cinco primeros sectores, debió acudirse a un licitación mayor, considerando solo el factor estimación de consumo”, detalló el ente contralor.
Otra de las observaciones es la falta de información en los carteles sobre el tiempo de cada contratación y prórrogas, ya que los pliegos de condiciones de las licitaciones indican que el municipio dispondría y comunicaría al finalizar cada año la decisión de prorrogar o no.
La CGR también recalcó que, en los documentos de la municipalidad, no consta la existencia de particularidades que justifiquen las diferencias en las cotizaciones ni la escogencia del procedimiento de licitación menor.
En un oficio enviado a la Contraloría por el gobierno local, el pasado mes de diciembre, Gestión Vial citó la existencia de criterios de similitud entre los sectores a los que se les daría mantenimiento. Señaló que las vías que serían atendidas comparten características como densidad de población, tipo de comercio, red vial, y topografía.
Sin embargo, cada uno de los carteles presenta requerimientos distintos, como materiales, capa asfáltica y uso de maquinaria especial entre otros. La Contraloría no encontró sustento que justifique la existencia de variaciones en los criterios de admisibilidad.
‘No es competencia del contratista’
Ante una consulta de La Nación, la constructora Meco dijo que desconocía la existencia de ese oficio de la Contraloría, pero insistió en que será respetuosa de las resoluciones que emita.
“No es competencia del contratista escoger el tipo de procedimiento de contratación a utilizar, sino de la administración, en este caso, la Municipalidad de Alajuela”, indicó la empresa por escrito.
En diciembre del 2023, regidores de la Municipalidad de Alajuela objetaron estas contrataciones, alegando que el alcalde Humberto Soto pretendía hacer pasar las licitaciones por un proceso menos complejo para ahorrar tiempo.
Según un acta del Concejo del pasado 14 de noviembre, Soto habría intentado que los regidores aprobaran un trámite de vía rápida para la propuesta de la licitación 2023 LE-00015-000050001, pero algunos se negaron.
Así lo acordaron los representantes Alonso Castillo Blandino, de Liberación Nacional (PLN); Guillermo Chanto Araya, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Selma Alarcón Fonseca, del Acción Ciudadana (PAC); y Randall Barquero Piedra, de Nueva República (NRP) y quien funge como presidente del Concejo.
Por otro lado, a los regidores les preocupó el antecedente del Caso Diamante, investigación judicial que salió a la luz pública en noviembre del 2021, por supuestas anomalías en obras viales municipales. La pesquisa involucra a seis alcaldes, funcionarios municipales y a las compañías Meco y Explotec.
El actual alcalde, Humberto Soto, fue uno de los detenidos en aquella ocasión. Incluso, por ese caso, el PLN se opuso a que buscara la reelección enarbolando la bandera verdiblanca. Ante esa situación, en las elecciones del próximo domingo se postula con el partido Nuestro Pueblo.
Este medio buscó conocer la reacción de Soto; sin embargo, no contestó a las consultas enviadas.
Nota del editor: Esta información fue actualizada con declaraciones de Meco a las 6:56 p. m..
