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El proyecto para crear un fondo de avales, que busca ayudar a las empresas afectadas por la pandemia de la covid-19, tiene omisiones sobre los efectos financieros que provocaría en el Presupuesto Nacional, señaló la Contraloría General de la República (CGR) en un criterio publicado el martes.
El plan, presentado por el gobierno el 12 de agosto a la Asamblea Legislativa, consiste en poner a disposición de las empresas $300 millones (¢180.000 millones) como patrimonio inicial para ayudarles con sus créditos y permitir la reactivación económica.
Los avales, generados por un tercero que responde ante una entidad financiera cuando un deudor no puede pagar, se emitirían en un espacio de 12 meses.
El expediente 22.144 detalla que los recursos provendrían de un empréstito futuro, donaciones, rendimientos de inversiones financieras, entre otras fuentes.
El pasado 16 de setiembre, el gobierno firmó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) un contrato de crédito por los $300 millones necesarios para iniciar con los avales. Este será otro proyecto que deberán aprobar los diputados para que funcione el fondo.
No obstante, la CGR indicó que el texto, en la exposición de motivos, no detalla “sobre la fuente de financiamiento que utilizará el Ministerio de Hacienda para financiar el monto de ¢180.000 millones que se destinarán a constituir el patrimonio inicial del fideicomiso, así como para pagar los intereses por las inversiones que se realicen con esos recursos”.
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Frente a esta situación, el órgano contralor recomendó a los diputados recolectar la información necesaria para conocer la fuente de los recursos, los efectos que el plan tendrá en el Presupuesto Nacional, así como claridad sobre los beneficios esperados.
Asimismo, el expediente otorgará al Instituto Nacional de Seguros (INS) el papel de fiduciario. Es decir, el responsable de administrar los recursos que se pondrán a disposición de las empresas necesitadas.
Al respecto, la Contraloría recordó que la Ley del INS faculta a esta entidad a realizar actividades propias de una aseguradora, por lo que su labor de fiduciaria no estaría comprendida en la legislación.
“Se recomienda disponer de información que le permita valorar los eventuales impactos de la asignación de este tipo de funciones a ese Instituto. Así como, considerar el criterio por parte de la Superintendencia General de Seguros”, dice el criterio.
La Contraloría también sugirió al Congreso considerar los riesgos para los fondos públicos que representa una operación de avales por parte del gobierno.
Entre las principales observaciones, el proyecto delega la determinación de condiciones para el otorgamiento de créditos en cada fideicomisario (entidades financieras beneficiadas), por lo que la CGR recomendó definir parámetros “objetivos, imparciales y comprobables” que justifiquen la transferencia del dinero, según la afectación a los negocios por la pandemia.
Asimismo, la revisión no halló posibles sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones no dinerarias señaladas en el texto.
De igual forma, la CGR instó a los diputados a revisar programas ya existentes, “con el fin de conocer la posibilidad de su uso, aprovechar su experiencia sobre el tema; así como establecer mecanismos de coordinación”.
FInalmente, la CGR llamó a considerar otras iniciativas similares que se están tramitando en el Congreso y que podrían provocar duplicidades de funciones en el Estado.
Algunos de estos proyectos son: Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situaciones de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción (expediente 21.935); Ley de Apoyo a las Pequeñas Empresas y al Sector Agrícola durante la Emergencia Nacional Provocada por la Covid-19 (expediente 21.944); así como el proyecto de Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo ante Emergencia por Covid-19 (expediente 21.965).
