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Despidos, inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de daños por ¢96 millones son algunas de las sanciones que pide la Contraloría General de la República (CGR) para 12 exfuncionarios y dos funcionarios del INVU por las irregularidades en la compra de una finca en el cantón de Alajuelita, San José.
Así consta en la resolución del procedimiento administrativo DJ-63-2011, emitida por la División Jurídica en noviembre del 2015, y por la cual está pendientes de resolver un recurso de revocatoria y apelación.
El objeto del conflicto fue la adquisición de la llamada finca Boschini, en el 2011, para construir casas de interés social.
Los cuestionamientos surgieron por el pago de ¢512 millones por esta propiedad pese a las condiciones riesgosas que posee, en especial, por las características de los taludes.
Además, se criticó la existencia de un sobreprecio cercano a los ¢96 millones.
Por estas razones, el ente contralor pide sentar responsabilidades al grupo de exempleados y empleados del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), encabezado por la expresidenta ejecutiva, Eugenia Vargas Gurdián.
Para ella, la CGR recomendó la inhabilitación por ocho años para ocupar cargos públicos. Vargas se desempeñó en el puesto durante los primeros dos años de la administración Chinchilla Miranda; renunció en julio del 2012.
A la exjerarca se le atribuye, entre otras actos, la aprobación de la compra sin contar con el avalúo por parte de la Dirección General de Tributación, cuyo requisito era obligatorio.
Se intentó localizar a Vargas por medio del INVU y a teléfonos a su nombre, pero no fue posible.
Sobre la propiedad, también la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) advirtió, desde el 2008, de que no era apta para construir debido a que no hay suficiente espacio, por la cercanía del talud al río. Según la Comisión, por las condiciones topográficas y de alta vulnerabilidad, solo se podría utilizar un 41% de la superficie para planes habitacionales.
La compra de la finca Boschini también fue tema de discusión en la Asamblea Legislativa y fue motivo de una denuncia ante el Ministerio Público.
El proyecto de vivienda, sin embargo, recibió el apoyo de este gobierno.
Más sanciones. El ente contralor también ordenó una amonestación escrita para el actual miembro de la Junta Directiva del INVU, Ernesto Bertolini, quien, presuntamente, “es responsable de no haber adoptado un sistema de control en materia de refrendo que garantizara el cumplimiento a lo externo y a lo interno de este requerimiento constitucional”.
En la oficina de prensa de la institución, indicaron que Bertolini no se iba a referir.
Asimismo, también se señaló la suspensión por 30 días para Olman Vargas, actual director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), quien era miembro de la Junta Directiva del INVU al momento de la compra del terreno.
A Vargas se le achaca haber dado su apoyo al acuerdo para la compra de la finca. Él apeló la resolución.
“Los miembros de la Junta Directiva, con una excepción, no tuvimos una responsabilidad. Resolvimos una licitación con base en informes técnicos y legales que nos presentó la Administración y lo hicimos de buena fe, en atención a lo que los técnicos resolvieron”, manifestó.
Otros implicados. La Contraloría solicitó despido sin responsabilidad patronal e inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años para la exgerenta administrativa del INVU, de apellido González; una notaria, de apellido Solís; el ex jefe de Ingeniería, de apellido Lobo, y una exasesora de apellido Hidalgo.
Se pidió, además, la inhabilitación para ocupar cargos públicos a un exasistente administrativo, de apellido Díaz, y a un exjefe de Proveeduría, de apellido Calvo.
También se solicitó la suspensión de hasta 30 días a cuatro exmiembros de la Junta Directiva, de apellidos Jiménez, Herrera, Protti y Gamboa.
“A todos los sancionados, excepto Bertolini, los declara civilmente responsables y ordena al INVU cobrarles daños por ¢96 millones (pagados de sobreprecio)”, dice la resolución.
