EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) presentó el lunes una acción judicial, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el objetivo de suspender la aplicación del decreto mediante el cual el presidente de la República, Rodrigo Chaves, flexibilizó el cumplimiento de la regla fiscal.
Según señaló la oficina de Prensa de la Contraloría, ante consultas de La Nación, fue necesario solicitar una medida cautelar al considerar que el decreto 43.589-H permitiría aumentar el gasto público y, en consecuencia, provocará efectos negativos, “inmediatos e irreversibles”, sobre el déficit fiscal, el endeudamiento del Gobierno y los objetivos del país por alcanzar la sostenibilidad financiera.
“Todo lo anterior impacta negativamente el interés general de procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y gestionar la crisis fiscal, lo que, en otras palabras, significa que incrementará gradualmente la afectación de los servicios a la población.
“Además, el decreto supone una aplicación de la regla fiscal desigual e inconsistente en relación con el Gobierno Central y el sector descentralizado, lo cual afectará la gestión de las instituciones”, advirtió la Contraloría, la cual sostiene que el decreto se contrapone a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La modificación a la norma permitiría al Gobierno aumentar el gasto público, especialmente el gasto corriente, que incluye salarios, intereses y servicios.
De acuerdo con una estimación elaborada por La Nación con base en datos presupuestarios, la norma permitiría al Gobierno de Chaves incrementar los gastos en ¢412.000 millones durante el año 2022.
Consultado sobre la acción de la Contraloría, el mandatario recordó, este miércoles en conferencia de prensa, que mantiene esa disputa con la contralora Marta Acosta desde que fue ministro de Hacienda, durante la administración de Carlos Alvarado.
Además, Chaves afirmó que la decisión de reglamentar la norma es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo y alegó que es necesario flexibilizar la regla fiscal para afrontar necesidades presupuestarias en algunas instituciones.
Por último, el mandatario concluyó: “Si ella (Marta Acosta, la contralora) quiere judicializarlo, nosotros somos respetuosos. Iremos al proceso de judicialización”.
Afectación para descentralizadas
La Contraloría también enfatizó en que el decreto derivará en la imposibilidad de aprobar presupuestos extraordinarios de 24 instituciones públicas, cuyos gastos deben ser revisados por la CGR.
Esta medida, advirtió el órgano contralor, podría afectar la prestación de servicios públicos. Agregó que también se podrían incrementar las transferencias del Gobierno a municipalidades y concejos municipales.
En este momento, la solicitud de medida cautelar “se encuentra en trámite de audiencia” otorgada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado.
En esto consiste el cambio en el reglamento
La regla fiscal es un mecanismo que le impone un techo al crecimiento del gasto público, según el nivel de endeudamiento y de crecimiento económico.
La diferencia por el decreto radica en lo siguiente. Antes, el artículo 3 del reglamento sobre regla fiscal establecía que el cumplimiento de este mecanismo se verificaba al comparar el gasto realmente ejecutado en cada año en comparación con el gasto real del periodo anterior.
La Contraloría sostiene que ese método se apega a lo establecido en la ley, la cual le encomienda a la CGR verificar el cumplimiento con base en la liquidación presupuestaria de cada año.
No obstante, la modificación firmada por Chaves establece que el cumplimiento de la regla fiscal ahora se verificará comparando “el presupuesto final o definitivo con respecto al presupuesto ordinario aprobado del periodo anterior”.
La diferencia radica en que la ejecución suele ser inferior al presupuesto.
En el 2020, cuando el Ministerio de Hacienda comandado por Chaves quiso verificar el cumplimiento de la regla fiscal a partir del monto presupuestado, la Contraloría se opuso e indicó que dicha interpretación haría que el tope al crecimiento del gasto se incrementara en ¢433.000 millones.
En esa ocasión, el órgano contralor también señaló que, en los últimos 12 años, se había registrado una subejecución presupuestaria promedio del 94%. Es decir, que se presupuestaba más dinero del que realmente se utilizaba.
El gobierno de Carlos Alvarado al principio no estuvo de acuerdo con la Contraloría, pero después accedió a aplicar una fórmula más estricta.
