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El Partido Restauración Nacional (PRN) presentó un proyecto de ley, para aplicar exoneraciones al impuesto al valor agregado (IVA) durante las emergencias, sin detallar el impacto que esa medida tendría en las finanzas públicas.
Así lo señaló la Contraloría General de la República (CGR) al referirse al contenido de la propuesta legislativa.
El expediente 21.963 propone que, ante una declaratoria de emergencia o de recesión económica, el Poder Ejecutivo aplique durante un año moratorias del IVA en los alquileres, la electricidad y la venta o entrega de agua que paguen las mipymes.
En el caso de la electricidad y el agua, la exoneración también favorecería al sector residencial.
Asimismo, el proyecto agrega exenciones permanentes cuando el consumo mensual de energía eléctrica residencial sea igual o menor a 560 kw/h, y cuando el consumo de agua para uso comercial, industrial, agrícola y de servicios sea igual o inferior a los 60 metros cúbicos.
Este tipo de exoneraciones, aseveró la CGR, “son parte de la problemática fiscal que enfrenta el país, por cuanto constituyen una carga para las finanzas estatales, en términos de costo fiscal, administrativo y de control, e inciden en la transparencia y la equidad del sistema tributario”.
El análisis, enviado el pasado martes a la Secretaría del Directorio Legislativo, agrega que, aunque las exenciones son temporales, el plan no incluye un análisis de costos y beneficios sociales, ni su impacto en las arcas estatales, golpeadas por un “déficit estructural insostenible”.
Dicha observación fue reiterada a los diputados este jueves por la contralora general Marta Acosta, quien advirtió sobre las consecuencias de exonerar impuestos sin definir una fuente para compensar ingresos.
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El texto, presentado por los diputados restauracionistas Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez, señala además que la moratoria “se podrá aplicar en todo el territorio nacional o en aquel afectado por la emergencia”.
Según la Contraloría, este fragmento no precisa cómo se definirá dicho alcance territorial, lo que provocaría exoneraciones en lugares donde no sea necesario.
El proyecto de ley tampoco delimita el tipo de emergencias que requerirían estas medidas, las cuales se aplicarían incluso cuando el evento ocurrido no afecte directamente los ingresos de la población.
“Es necesario tener presente la diversidad en el tipo de emergencias acaecidas en el país en los últimos años, las cuales abarcan desde situaciones sanitarias como el covid-19, la A-H1N1, el dengue, chikungunya, zika, e incidentes de contaminación puntual, hasta fenómenos climáticos y sísmicos, asuntos agropecuarios, incendios y defensa de la soberanía”, explicó la CGR.
La iniciativa también busca agregar una fase de recuperación económica a las tres etapas para la atención de emergencias, estipuladas en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Para la CGR, la tarea de la CNE es la reconstrucción de viviendas y la reposición de servicios públicos afectados por un desastre, no así la intervención en problemas económicos estructurales.
Incluso, la ejecución de una fase adicional se financiaría con recursos del Fondo Nacional de Emergencias.
Al respecto, el ente contralor señaló que “la reactivación económica es un tema que no solo excede el alcance de dichos instrumentos y recursos, sino también de las competencias de su operador que es la Comisión Nacional de Emergencias”.
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La Nación solicitó una declaración del diputado Carlos Avendaño, pero al cierre de edición no había respondido.
Este expediente es parte de un grupo de proyectos dispensados de todo trámite por el plenario para atender la crisis de la covid-19.
Siete diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) votaron en contra de esta y otra dispensa de un texto similar, que suprimiría el IVA por seis meses a los productos de la canasta básica, los alquileres de casas y comercios, y servicios de agua y electricidad.
Los legisladores del PAC, en su lugar, apoyan la propuesta del Gobierno para que el IVA no se cobre a la canasta básica, pero que esto se reponga con el cobro del impuesto de renta al salario escolar, actualmente exonerado.
