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La Contraloría General de la República (CGR) expresó preocupación por la cantidad “impresionante” de proyectos de ley que los diputados impulsan para aplicar nuevas exoneraciones de impuestos, mientras el déficit fiscal no para de crecer.
Existen en la corriente legislativa, por ejemplo, numerosos planes de exoneración del tributo al valor agregado (IVA) y al marchamo, en tiempos de crisis económica por la pandemia de la covid-19.
No obstante, la Contraloría ha reiterado, en sus criterios enviados al Congreso, que de aplicarse estas medidas, es necesario reponerle al Ministerio de Hacienda los ingresos perdidos con otra fuente de financiamiento.
De lo contrario, empeoraría el déficit fiscal que podría alcanzar un histórico 11,7% del producto interno bruto (PIB) al cierre del 2020.
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“No hemos cuantificado los efectos del marchamo o de las exoneraciones que se han estado discutiendo. A nosotros nos preocupa que cuando se exonera, se deja de percibir ingresos y, cuando se deja de percibir ingresos, algo está quedando al descubierto, es un financiamiento que se deja de hacer”, declaró la contralora Marta Acosta, a La Nación.
“Somos críticos de que haya mucha exoneración si no hay una fuente alternativa. De la Asamblea Legislativa hemos recibido una cantidad impresionante de proyectos de ley que también nos preocupan. Uno puede entender que se quiera llenar la necesidad de uno u otro sector, pero, ¿a dónde está la articulación de todo esto?”, agregó.
En el 2018, el Ministerio de Hacienda indicó que por exoneraciones, el país deja de percibir el equivalente a 5,38% del PIB. Esa cifra representa casi ¢1,9 billones por año. En total, existen 1.300 exoneraciones creadas por medio de 440 leyes.
Ante la cantidad de propuestas de ley en trámite en la Asamblea Legislativa, solo entre el 22 de setiembre y el 2 de octubre, la Contraloría se vio obligada a pronunciarse sobre cinco planes de exoneraciones.
En el reporte más reciente, sobre una iniciativa que busca reducir en un 30% el cobro del IVA durante un año, el órgano contralor expuso que “no podría minimizar la gravedad de la situación económica ni los eventuales efectos positivos de una reducción de tarifas impositivas para contribuir a su mejoramiento”.
“Sin embargo, las posibilidades financieras del erario están muy comprometidas y si ya para la aprobación de la ley 9.635 (fortalecimiento de las finanzas públicas) (los ajustes de impuestos) fueron de mucha importancia, con mayor razón en la presente crisis, sin perjuicio de que por diversos medios se propicie una reactivación o alivio económico eficientes y efectivos”, explicó el documento publicado el 2 de octubre.
En otras ocasiones, la CGR, incluso, ha señalado que varios proyectos presentados persiguen esencialmente el mismo objetivo.
Ese es el caso de tres expedientes (21.998, 21.939 y 21.850) que pretenden aplazar el cobro del IVA en la canasta básica, el cual está actualmente en un 1%, ya sea hasta el otro año o un año después de que acabe la pandemia.
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En los tres criterios sobre esos textos, la Contraloría escribió: “Sin perjuicio de la importancia de esta iniciativa en los presupuestos de los hogares, la aplicación del IVA a la canasta básica se ha estado dando a partir de julio pasado, y un rezago adicional requeriría de la sustitución de los ingresos fiscales que se dejarían de percibir, dado el contexto caracterizado por una situación fiscal agravada”.
Algunos de estos planes de exoneraciones ya lograron convertirse en ley. Por ejemplo, el 29 de julio, los diputados aprobaron el proyecto para que el sector turismo, fuertemente golpeado por la pandemia, no tenga que pagar IVA hasta el 1.° de julio del 2021.
Esa autorización fue unánime, a pesar de que el Ministerio de Hacienda y la CGR advirtieron de que era necesario definir una fuente alternativa de ingresos tributarios.
Asimismo, el Congreso aprobó el plan para exonerar del IVA por un año al sector construcción. No obstante, el presidente Carlos Alvarado lo vetó por considerarlo contraproducente y fue enviado de nuevo a la corriente legislativa.
Los legisladores corrigieron el texto y este fue avalado de nuevo.
Entre los proyectos actuales que avanzan su trámite, también se encuentra la iniciativa que reduciría el pago del impuesto a la propiedad de los vehículos para el año 2021, el cual es el principal componente del marchamo.
Esta reducción se haría de forma gradual, de forma que los vehículos con valor fiscal menor a los ¢20 millones se verían más beneficiados.
El partido de gobierno, el PAC, propone que el beneficio se aplique solo a los vehículos valorados en menos de ¢4,6 millones, con un 50% de rebajo en el impuesto a la propiedad de vehículos.
Argumenta que la rebaja aplicaría a 1,9 millones de automotores, equivalentes al 80% de la flotilla vehicular del país, pero pondría a pagar normalmente al 20% restante, que aporta el 70% de los ¢170.000 millones que espera Hacienda recaudar este año por concepto de derechos de circulación.
La CGR había explicado a los diputados, el 13 de julio, que el impuesto sobre la propiedad de vehículos ya recauda menos de lo que debería, pues algunas tarifas no se actualizan desde que se emitió la ley, en 1987.
