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Dos proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa, para disminuir el pago del marchamo del 2021, agravarían la situación fiscal del país, expuso la Contraloría General de la República (CGR).
Ambos textos pretenden reducir el monto del impuesto sobre la propiedad de vehículos, uno de los componentes del marchamo.
Uno de los proyectos, el 22.000, busca reducir el tributo en un 20%. Este texto fue propuesto por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás.
Por su parte, el expediente 22.004, del también liberacionista David Gourzong, propone que el gravamen baje en un 25% para quienes demuestren estar desempleados o con jornada reducida, así como para microempresas con los ingresos reducidos en un 20% debido a la crisis de la covid-19.
El plan de Gourzong pretende, además, que se exonere del impuesto a quienes reciban o recibieron el bono Proteger, y que se reduzca en un 25% el canon que el Consejo de Transporte Público (CTP) cobra a los taxis.
En dos criterios enviados al Congreso el 13 de julio, la CGR señaló que estas iniciativas afectarían la recaudación de un tributo que ya genera menos de lo que debería, pues hay tarifas que no se actualizan desde hace 33 años.
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La Contraloría citó, como ejemplo, que el cobro del impuesto es de ¢8.000 para buses, taxis y camiones de carga desde 1987 y no ha sido actualizado, aunque el monto hoy represente un 4% de lo que valía en el año en que se emitió la ley original.
Asimismo, los dueños de motocicletas pagan entre ¢700 y ¢15.000, según la cilindrada y el año del vehículo.
“En tal caso, una reducción ulterior de esta contribución se agregaría a la constante desvalorización de la misma con el paso del tiempo”, explicó la CGR.
La CGR agregó que, para los demás tipos de vehículos, el cobro del impuesto cambia según la inflación, lo que este año provocaría una disminución, dado que hasta junio la inflación se encontraba en un -0,24%.
“Es de prever que dichos lineamientos ya incorporados en la ley permitan una reducción del impuesto, en orientación al fin buscado por el proyecto y en condiciones de una significativa reducción de la recaudación tributaria, por lo que es de prever un impacto considerable adicional de esta propuesta de ley, que contribuiría a agravar la situación fiscal”, mencionó la CGR en ambos documentos.
Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal del 2020 podría llegar a un alarmante 9,7% del producto interno bruto (PIB) debido a la pandemia. Esto representa un faltante de ¢3,5 billones en el Gobierno Central.
Este porcentaje no considera posibles exoneraciones aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Sobre la propuesta de Gourzong para exonerar parcialmente a los trabajadores afectados por la pandemia, la CGR consideró que verificar estos datos tendría altos costos de administración para el Estado.
El ente contralor cuestionó, además, que la exoneración total para quienes hayan recibido el bono Proteger sería excluyente para las personas que lo solicitaron, pero no lo obtuvieron por falta de presupuesto.
Por otro lado, la diputada Nicolás justificó un gravamen reducido con el argumento de que los conductores han dejado de utilizar las carreteras por las medidas sanitarias.
Sin embargo, la CGR expuso que “el impuesto se denomina como un ‘impuesto sobre la propiedad', de tal modo que no se configura en relación con el uso efectivo de las vías, sino con una manifestación de capacidad contributiva, conforme al principio así denominado”.
Ambos proyectos se encuentran desde el 9 de junio en la Comisión de Hacendarios.
