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En dos ocasiones, la Defensoría de los Habitantes procuró involucrar a la Contraloría General de la República en la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Ambas gestiones se toparon con un muro en el órgano contralor, el cual declinó participar por considerar que se trataba de “materia sensible” sometida a investigación judicial.
La primera gestión la realizó la defensora Catalina Crespo el 4 de marzo, cinco días después de anunciar los resultados de la investigación que realizó a partir de las entrevistas y los documentos que recabó en Casa Presidencial, el 24 de febrero.
Crespo remitió el informe de la pesquisa a la contralora Marta Acosta, quien se negó a recibir el documento.
El 11 de marzo, Acosta le respondió a la defensora de los Habitantes: “Sobre el particular, tal y como es de conocimiento de la ciudadanía en general, el Ministerio Público se encuentra tramitando denuncias relacionadas con la UPAD, para lo cual han llevado adelante algunas actuaciones concretas relacionadas con la investigación, a lo cual se suma este informe de la Defensoría”.
“En este orden de cosas, considerando que se trata de materia sensible actualmente en investigación en sede penal, procedemos a devolver a esa Defensoría la copia del citado informe”.
Crespo reconoció la negativa de la CGR a recibir el informe durante su comparecencia, el 15 de junio, ante la comisión legislativa que investiga la UPAD, cuando la diputada Carolina Hidalgo le preguntó si había enviado el documento al órgano contralor.
“Sí, sí lo mandé a la Contraloría, a la Procuraduría, aquí a la comisión y, nuevamente, primero a la Fiscalía. La Contraloría, su respuesta fue que eso no era de competencia a la Contraloría, y que nos iban a devolver el informe, por no ser competencia de ellos”, respondió Crespo.
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Segunda gestión
Tres meses después de la primera gestión, el 5 de junio, Catalina Crespo volvió a pedirle a la Contraloría referirse a la investigación de la UPAD.
En esa ocasión, le solicitó al Área de Denuncias e Investigaciones emitir un criterio sobre la confidencialidad del informe elaborado por la Auditoría Interna de la Defensoría, el cual concluyó que un segmento de la entrevista realizada al presidente Carlos Alvarado el 24 de marzo se había extraviado.
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La solicitud la respondió Rafael López Picado, gerente del área consultada.
“En razón de tratarse de una situación interna y concreta, de su pleno conocimiento que corresponde resolver en esa sede y sobre la cual incluso se brindan algunos detalles en el oficio de mérito, este órgano contralor se ve impedido de rendir criterio”, indicó López.
El funcionario del órgano contralor se limitó a recordarle a Crespo que, según la Ley General de Control Interno, las investigaciones de las auditorías internas son confidenciales, excepto para las partes involucradas y para los diputados de la Asamblea Legislativa, en función de su potestad para investigar.
La investigación sobre la UPAD procura determinar si Casa Presidencial accedió a datos confidenciales de los habitantes en manos de las instituciones públicas.
El 15 de junio, en la Asamblea Legislativa, la diputada Carolina Hidalgo también le cuestionó a la defensora de los Habitantes por qué continuó con su investigación de oficio sobre la UPAD, pese a la limitación que impone el reglamento de la Defensoría, cuyo artículo 34 establece que: “El Defensor de los Habitantes no podrá conocer de los asuntos sobre los cuales esté pendiente una resolución judicial”.
Crespo contestó que su pesquisa no tiene impedimento legal.
“Las investigaciones de la Defensoría de los Habitantes no son vinculantes, son recomendaciones y, basado en eso, la vinculación de la investigación de nosotros pues no va a afectar ese artículo que usted menciona”, dijo la defensora.
