EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) celebró la aprobación de la ley que ordena a las instituciones trasladar sus fondos de los bancos comerciales públicos al Banco Central de Costa Rica (BCCR), con el objetivo de generar ahorros mediante un manejo eficiente de los recursos.
La reforma, propuesta por la CGR, busca acabar con la dispersión actual de los recursos públicos al concentrar el dinero en el BCCR. Esta entidad funcionará como cajero de las instituciones públicas, mientras que la Tesorería Nacional de Hacienda monitoreará los ingresos y egresos.
Con ese monitoreo la Tesorería podrá estimar técnicamente el nivel mínimo de liquidez necesario para cumplir con las transferencias de recursos, medida que reducirá la presión sobre las finanzas públicas. Las instituciones tendrán un plazo de cinco años para completar el traslado de recursos al Banco Central.
Julissa Sáenz, gerente de Fiscalización y Desarrollo de Finanzas Públicas de la CGR, señaló que la ley beneficiará tanto al Estado como a las entidades públicas y a la ciudadanía mediante una gestión financiera integrada, enfocada en los ingresos públicos.
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Los tres beneficios que el plan generará al país, según Sáenz, son los siguientes:
-Ahorro en el pago de intereses de la deuda pública, al evitar que el Estado se preste a sí mismo. El sistema disperso actual permite que las instituciones que reciben transferencias del gobierno, le presten dinero a este mediante la compra de bonos de deuda pública, obteniendo así intereses por esos préstamos.
-Reducción de costos en comisiones: Las plataformas de cobro y pago interoperables y centralizadas facilitarán las transacciones diarias de la ciudadanía con el Estado.
-Mejora en la transparencia y rendición de cuentas, con la creación del sistema de cuentas del sector público que generará trazabilidad sobre cada colón.
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Esto implicaría ahorros que, inicialmente, la CGR calculó en un 1% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a poco más de ¢425.000 millones para el año 2024. Estos rendimientos se distribuían en el pago de intereses (0,5%), costos operativos (0,4%) y comisiones bancarias (0,1%).
Sin embargo, los diputados, durante la discusión del proyecto, excluyeron a varias instituciones, lo que disminuiría sus rendimientos, según la Contraloría, pero aún no hay estimaciones.
“La implementación de la ley permitirá tener cifras actualizadas para contar con series sobre la magnitud de la liquidez pública. Los datos de soporte de la exposición de motivos (del proyecto, del 1% del PIB) debieron ser construidos a partir de estudios detallados de diversas fuentes de información, por lo que no es factible elaborar fácilmente una cifra actualizada”, indicó la jerarca de Fiscalización y Desarrollo de Finanzas Públicas de la CGR.
Se exceptúan de este proyecto los ingresos públicos originados en las actividades que se realicen bajo régimen de competencia y que tengan como propósito la generación de lucro, así como los fondos de pensiones, las cuotas obrero-patronales y cuota estatal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los ingresos públicos generados por los entes públicos no estatales (como los colegios profesionales) y las municipalidades.
También, se exceptúan los ingresos públicos del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y otros ingresos generados por las instituciones de educación superior universitaria estatal, al igual que los recursos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape).
La ley fue aprobada en segundo debate el martes 11 de junio en el plenario legislativo con el voto de 48 legisladores presentes. Ahora resta que sea firmada por el presidente Rodrigo Chaves y publicada en La Gaceta para su entrada en vigencia.
